Similitud programática y análisis clúster de los partidos políticos (Costa Rica, elecciones 2026-2030) usando la distancia Jaccard y UPGMA

OBJETIVOS

Objetivo general

Analizar de manera exhaustiva y comparativa los programas de gobierno de los partidos políticos costarricenses para el periodo 2026-2030, mediante la revisión sistemática de sus propuestas y la aplicación de técnicas de análisis de clúster, con el fin de identificar patrones de similitud programática, diferencias temáticas y configuraciones internas del sistema de partidos.

Objetivos específicos

1. Revisar los 20 programas políticos para identificar la presencia o ausencia de los 58 temas observados a lo largo de todos los programas con el fin de construir una matriz temática binaria comparativa.
2. Realizar un análisis de clúster utilizando distancia Jaccard y el método de enlace promedio, para identificar grupos programáticos, caracterizar los clústeres y describir las características de las propuestas en cada uno de ellos.

IMPORTANCIA DEL TEMA

El análisis de cada uno de los programas de gobierno es necesario en la situación actual, debido a un contexto político de niveles de incertidumbre política y social no visto en Costa Rica desde la época de finales de la década de los 40's del siglo pasado. El pueblo costarricense ante tanta variedad de propuestas políticas requiere de información clara, accesible y comparativa que les permita ejercer un voto informado.

Por otro lado, Costa Rica tiene una crisis en seguridad (producto del narcotráfico), educación (apagón educativo), salud (problemas reales de la CCSS por ejemplo la lista de espera), infraestructura y gobernanza (choque directo del Poder ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, incluyendo como actor directo al Tribunal Supremo de Elecciones).

El comprender el programa de cada partido político, sus diferencias y similitudes es necesario para que los costarricenses evalúen la profundidad de los contenidos de los 20 programas.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Este estudio se desarrolló mediante un enfoque mixto que integra análisis documental, técnicas de inteligencia artificial y métodos estadísticos para comprender las similitudes programáticas entre los veinte partidos políticos costarricenses que participan en las elecciones presidenciales y legislativas del período 2026-2030. Los partidos políticos son los que se muestran en la imagen 1.

Imagen 1 Costa Rica: Partidos políticos elecciones 2026-2030

La base documental estuvo conformada exclusivamente por los 20 programas de gobierno oficiales inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, seleccionados bajo el criterio de inclusión de abarcar todas las agrupaciones partidarias habilitadas para competir por la Presidencia. Se excluyeron deliberadamente otras fuentes como discursos, entrevistas, redes sociales, propuestas en medios o declaraciones públicas con el fin de garantizar homogeneidad, comparabilidad y rigor documental, utilizando únicamente textos formales, verificables y validados institucionalmente.

En la primera fase, los documentos fueron incorporados en NotebookLM, herramienta de inteligencia artificial que permitió realizar procesos de lectura asistida y estructuración temática. A partir del análisis automatizado y revisión humana, se elaboró un mapa mental que derivó en siete ejes programáticos generales: Seguridad-Justicia-Convivencia; Educación-Cultura-Deporte; Salud-Seguridad Social; Economía-Empleo-Innovación; Infraestructura-Movilidad-Vivienda; Sector Agropecuario-Pesca-Ambiente; Reforma del Estado-Gobernanza. Posteriormente, se llevó a cabo un proceso de validación interna, consistente en una verificación manual independiente de los contenidos asignados a cada eje, confirmando la consistencia temática y corrigiendo eventuales ambigüedades.

En la segunda fase, se generó una tabla de 58 temas específicos, a partir de la cual se construyó una matriz binaria partido y tema, donde 1 indica presencia explícita del tema en el programa y 0 su ausencia. Esta matriz fue la base del análisis cuantitativo. Para identificar patrones de similitud programática, se aplicó un análisis de clúster utilizando distancia Jaccard y el método de enlace promedio (UPGMA). El procesamiento estadístico se realizó en R (paquetes cluster, stats, vegan, dendextend) y SPSS, especificando parámetros reproducibles: cálculo de distancia binaria tipo Jaccard, enlace promedio y generación del dendrograma mediante el algoritmo estándar de agrupamiento jerárquico.

Distancia Jaccard: fundamentos y pertinencia para este estudio

La distancia Jaccard (1901, 1912), es una medida diseñada específicamente para comparar datos binarios asimétricos, es decir, datos donde la presencia de un rasgo (valor 1) tiene mucha más información que su ausencia (valor 0). En el caso de este estudio, cada partido tiene una matriz binaria que indica si menciona (1) o no menciona (0) un tema en su programa de gobierno.

Por esta razón, Jaccard es la métrica ideal, porque se basa únicamente en las coincidencias de presencia (1-1), esto permite identificar similitud programática real entre partidos, ya que lo importante es qué temas proponen, no cuáles omiten apoyados en lenguaje genérico o ausencia de recursos discursivos; también ignora coincidencias de ausencia (0-0) de tal manera que dos partidos podrían no mencionar un tema por razones distintas, por ejemplo, falta de espacio, enfoque diferente, prioridad política, error editorial, en este caso, Jaccard evita interpretar esas ausencias como similitud artificial.

La fórmula (explicada en lenguaje técnico)

La distancia Jaccard se calcula como: d_Jaccard=:1-(∣A∩B∣)/(∣A∪B∣)=1-intersección/unión, la intersección es la cantidad de temas mencionados por ambos partidos y la unión es la cantidad total de temas mencionados por al menos uno de los dos partidos. Cuanto más parecidos son los programas en los temas que sí mencionan, más baja es la distancia y más alta es la similitud.

Relevancia en contextos electorales

Cuando se comparan propuestas políticas, lo crucial es la coincidencia temática real, no la ausencia. Por eso Jaccard es ampliamente recomendado en estudios de ciencia política, análisis de discursos, investigación programática y clustering de agendas públicas.

En la tercera fase, se elaboró una tabla detallada de los diez temas más relevantes, redactada con lenguaje conciso y orientado a mecanismos de acción, destacando concretamente cómo cada partido propone resolver los problemas prioritarios. Para garantizar reproducibilidad, se conservaron los datos brutos, la matriz binaria original y las instrucciones utilizadas en R, permitiendo replicar el procedimiento en su totalidad.

Finalmente, se empleó ChatGPT para mejorar la claridad del texto, la coherencia argumentativa y la corrección ortográfica, sin intervenir en la interpretación sustantiva de los hallazgos. La integración de inteligencia artificial se realizó bajo principios éticos: toda interpretación final fue humana, el análisis automatizado se usó exclusivamente como apoyo técnico, y se resguardó la fidelidad a los contenidos originales sin generar información no presente en las fuentes.

Enlace promedio (UPGMA): metodología y ventajas

Una vez calculada la matriz de distancias entre todos los partidos, se utiliza el algoritmo de agrupamiento jerárquico UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean), traducido como método de enlace promedio. Este método define la distancia entre dos clústeres como el promedio de las distancias entre todos los elementos de cada grupo.

Primeramente, se calculan todas las distancias Jaccard entre partidos, los dos partidos más similares (menor distancia) se fusionan, para unir un tercer partido o grupo, UPGMA calcula el promedio de distancias entre ese nuevo elemento y todos los del clúster existente. El proceso continúa hasta que todos los partidos forman un dendrograma común.

UPGMA es especialmente adecuado porque produce clústeres equilibrados y estables, a diferencia de otros métodos como Single linkage puede juntar partidos solo por una similitud mínima y crear “efectos cadena”, el método Complete linkage es demasiado estricto y separa grupos por la máxima diferencia posible. En cambio, UPGMA representa un balance estadístico que refleja la similitud global promedio entre partidos, no valores extremos. También ofrece una estructura jerárquica interpretable, de tal manera, que el dendrograma UPGMA permite visualizar similitudes, identificar bloques ideológicos, detectar partidos periféricos y establecer niveles de agrupamiento coherentes con análisis temático.

Dado que el objetivo es comparar programas de gobierno a partir de temas mencionados, UPGMA permite ver claramente qué tanto comparten los partidos entre sí, dónde se forman bloques programáticos y quiénes están más alejados programáticamente.

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS PROGRAMAS DE PARTIDOS POLÍTICOS 2026-2030

El próximo primero de febrero del año 2026 se celebra en Costa Rica un proceso electoral democrático para definir las autoridades que ejercerán sus cargos durante el periodo constitucional comprendido entre el año 2026 y el 2030. En estas elecciones se eligen los miembros del Poder Ejecutivo (presidente y dos vicepresidentes) y 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Para el caso que ningún candidato presidencial obtenga al menos un 40% de los votos en la primera ronda, se realizaría una segunda ronda el 5 de abril del 2026.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) es la entidad encargada de organizar las elecciones, fiscalizarlas y declarar el futuro ganador. Ante el TSE se inscriben los partidos políticos y presentan un programa de gobierno, el cual es un documento oficial y detallado que cada partido presenta ante el electorado como proyecto de gestión que implementarán si resultan electos. En ese panorama y a partir de los 20 planes de gobierno, se establecen siete ejes temáticos que abordan todos los partidos políticos que se postulan para las próximas elecciones, se observa en la imagen 2.

Imagen 2: Ejes temáticos que se desprenden de los programas de gobierno 2026-2030

Estos siete ejes temáticos se describen a continuación en forma general, de tal manera que permite identificar globalmente los aportes que ofrecen los partidos políticos en sus programas a la población costarricense. Posteriormente, en el apéndice N.1 se detalla la presencia o ausencia de 58 temas que son considerados para el análisis de agrupamiento (clúster) de partidos políticos.

EJE TEMATICO 1: Seguridad, justicia y convivencia

La seguridad, la justicia y la convivencia emergen como el eje más crítico y transversal de los programas de gobierno para el periodo 2026-2030. Existe un consenso amplio: Costa Rica enfrenta la crisis de seguridad más profunda de su historia reciente, caracterizada por el avance del crimen organizado, el aumento significativo de los homicidios, la expansión del narcotráfico y la debilitada capacidad del Estado para ejercer control territorial. Esta situación no solo amenaza la estabilidad institucional, sino que compromete la cohesión social, las oportunidades económicas y la calidad de vida en comunidades urbanas y rurales por igual. Los programas de gobierno coinciden en que esta es una crisis multidimensional, con componentes delictivos, institucionales, sociales y tecnológicos que requieren una respuesta integral y sostenida.

Diagnóstico de la crisis

Los diferentes análisis programáticos reconocen que las tasas de homicidio alcanzaron niveles sin precedentes, impulsadas principalmente por disputas entre estructuras narcocriminales cada vez más violentas. El fenómeno deja de ser circunscrito a zonas portuarias o fronterizas y se expande hacia el Valle Central, afectando áreas residenciales, comerciales y escolares. Los documentos destacan que la criminalidad opera sobre la base de redes logísticas sofisticadas que aprovechan debilidades en la inspección portuaria, controles aduaneros y vigilancia costera.

Además del impacto directo en violencia, los programas atribuyen la situación a factores estructurales como la exclusión social, la desigualdad económica, el desempleo juvenil y el deterioro del tejido comunitario. Se reconoce que la falta de oportunidades constituye un caldo de cultivo para el reclutamiento criminal, así como la erosión de la confianza en las instituciones públicas. Se señala que el aparato estatal presenta limitaciones serias: la policía carece de personal, equipo y tecnología suficiente; el sistema judicial está saturado y las cárceles funcionan como nodos desde los cuales operan redes criminales, agravadas por corrupción, comunicación ilícita y control territorial interno.

Control territorial y acción policial

En respuesta a este contexto, los programas de gobierno plantean estrategias orientadas a recuperar la capacidad operativa del Estado. Entre las medidas propuestas se incluye aumentar el número de oficiales, mejorar sus condiciones salariales y laborales, ampliar la formación especializada y fortalecer las unidades operativas en zonas de alto conflicto. Se propone implementar operativos permanentes, retenes estratégicos, intervenciones focalizadas en comunidades vulnerables y patrullajes intensivos, así como la activación de órganos de coordinación como el Consejo de Seguridad Nacional.

Algunos programas insisten en la creación de comandos de intervención fronteriza, cuerpos policiales élite o unidades integradas de inteligencia criminal. La idea común es restablecer la presencia del Estado en zonas donde actualmente prevalece la intimidación criminal o la ausencia de controles institucionales efectivos.

Modernización tecnológica

Otro componente central es la apuesta por un salto tecnológico en seguridad pública. La mayoría de programas propone sistemas integrados de vigilancia, que articulen cámaras, drones, sensores, escáneres portuarios, radares costeros y sistemas de análisis de datos en tiempo real. La vigilancia inteligente incluye reconocimiento facial, analítica predictiva basada en inteligencia artificial y monitoreo satelital de embarcaciones.

El fortalecimiento de la ciberseguridad también adquiere protagonismo ante el crecimiento del delito digital. Las propuestas incluyen centros especializados en protección de infraestructura crítica, protocolos nacionales de ciberdefensa, legislación actualizada y coordinación entre bancos, telecomunicaciones, gobierno digital y autoridades investigativas.

Justicia, impunidad y combate financiero al crimen

Los programas abordan de forma amplia la crisis del sistema judicial. Coinciden en que la lentitud de los procesos, la falta de personal especializado y la saturación de los tribunales generan altos niveles de impunidad. Para revertir esta situación se plantean reformas como la creación de tribunales especializados en crimen organizado, corrupción y delitos complejos, con jueces bajo esquemas de seguridad reforzada y procedimientos expeditos.

El combate al financiamiento criminal aparece como prioridad. Se propone fortalecer las unidades de análisis financiero, agilizar la extinción de dominio, mejorar los sistemas de trazabilidad patrimonial y bloquear redes económicas ilícitas. También se discute dónde debe ubicarse institucionalmente la UIF para optimizar su independencia técnica y su efectividad operativa.

Sistema penitenciario

Los programas presentan dos visiones predominantes sobre las cárceles. La primera enfatiza medidas de contención estricta, como módulos de máxima seguridad, aislamiento total de líderes narco, bloqueo de señales celulares y estructuras físicas tipo mega-cárceles. La segunda postura subraya la necesidad de reinserción, proponiendo educación, trabajo, formación laboral y acompañamiento psicosocial. Aunque estas visiones no son incompatibles, su implementación genera un intenso debate nacional, especialmente ante propuestas inspiradas en modelos represivos internacionales.

Prevención, convivencia y tejido social

Los programas reconocen que la seguridad no puede sostenerse sin prevención social. Se proponen intervenciones integrales en barrios vulnerables, abordando educación, empleo juvenil, cultura, deporte y fortalecimiento comunitario. Las ciudades se conciben como espacios estratégicos de convivencia, por lo que se plantea la recuperación de parques, iluminación, centros cívicos y espacios públicos como herramientas esenciales para disminuir factores de riesgo.

La participación comunitaria también adquiere valor: redes vecinales, comités locales de seguridad y estrategias de coproducción entre ciudadanía e instituciones son propuestas recurrentes. La violencia contra las mujeres recibe especial atención, planteándose medidas como sistemas de alerta, tobilleras electrónicas, reforzamiento de refugios e intervención temprana.

Seguridad como base del desarrollo

Finalmente, los programas coinciden en que la seguridad es el cimiento de todo proyecto de desarrollo nacional. Se destaca que un país sin control territorial no puede garantizar un sistema educativo estable, una economía próspera ni una convivencia pacífica. La seguridad se concibe como una condición habilitadora: fortalece la inversión, mejora el clima de negocios, promueve la movilidad social y restaura la confianza en la institucionalidad.

EJE TEMATICO 2: Educación, cultura y deporte

La educación, la cultura y el deporte conforman un pilar estratégico para la transformación de Costa Rica en el periodo 2026-2030. Estos tres ámbitos, además de representar derechos humanos esenciales, actúan como motores que impulsan la movilidad social, consolidan la cohesión comunitaria, favorecen la salud pública y fortalecen la competitividad económica. Su importancia se vuelve aún más crítica en un contexto marcado por una prolongada crisis educativa, con impactos visibles en la calidad del aprendizaje, la equidad territorial y las oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.

Diagnóstico del “apagón educativo” y las brechas territoriales

Existe un consenso sólido de que el país atraviesa la crisis educativa más profunda de las últimas décadas, denominada “apagón educativo”. Los resultados de pruebas estandarizadas internacionales evidencian déficits severos en lectura, matemáticas y ciencias. El nivel promedio de desempeño se asemeja al que deberían tener estudiantes de grados mucho menores, lo que revela una desconexión entre el currículo oficial, la práctica pedagógica y los aprendizajes reales.

El problema se amplía cuando se observa que más del 60% de los jóvenes no alcanza los aprendizajes mínimos esperados al finalizar la secundaria. Además, la deserción escolar se ha incrementado, particularmente entre los quintiles de ingresos más bajos, donde las tasas alcanzan proporciones alarmantes. Las brechas territoriales siguen siendo un factor determinante de desigualdad: zonas rurales, costeras e indígenas enfrentan limitaciones persistentes relacionadas con infraestructura deteriorada, insuficiente acceso a conectividad y la imposibilidad de implementar el currículo completo. Esto ha provocado que una parte significativa de la población económicamente activa nunca haya culminado la secundaria, generando un círculo intergeneracional de rezago educativo y oportunidades limitadas.

El diagnóstico de la crisis no se limita únicamente a los contenidos académicos. Se subrayan problemas estructurales de gestión: burocracia excesiva, deficiente supervisión, mala administración de recursos y ausencia de sistemas de evaluación consistentes. Muchos análisis coinciden en que la administración educativa ha desplazado el enfoque pedagógico y que se requiere una renovación profunda del modelo de gobernanza escolar.

Financiamiento educativo y eficiencia del gasto

El financiamiento educativo es uno de los temas más controversiales. Aunque la Constitución establece un piso del 8% del PIB para la educación, el gasto real ha sido notablemente inferior. Para algunos sectores, esta reducción crónica en la inversión ha afectado directamente la infraestructura, la calidad docente, los programas de equidad y la capacidad de innovación del sistema.

Otros grupos sostienen que el problema no se resuelve únicamente aumentando el presupuesto, sino mejorando la eficiencia en el uso de los recursos existentes. Se señala la necesidad de eliminar duplicidades, fortalecer los procesos de auditoría pedagógica, establecer indicadores de resultados y promover una gestión más transparente. En este sentido, la discusión sobre el financiamiento se ha polarizado entre quienes exigen aumentos sustantivos y quienes plantean una reorganización integral del gasto.

En medio de este debate surge una propuesta ampliamente compartida: la construcción de un “acuerdo nacional por la educación”. Este pacto, de carácter estratégico y con visión de largo plazo, buscaría establecer una ruta país de entre 15 y 25 años, protegida de los ciclos políticos. Este acuerdo incluiría metas claras, una visión compartida, mecanismos de evaluación y la profesionalización de la gestión educativa en todos los niveles.

Reforma curricular y enfoque por habilidades

Uno de los elementos centrales de la transformación educativa es la reforma curricular. Los programas analizados proponen un cambio profundo en la filosofía de enseñanza, orientado a desplazar la memorización como método predominante y sustituirla por un enfoque basado en pensamiento crítico, resolución de problemas y competencias para la vida.

El impulso a áreas STEAM se posiciona como un eje transversal, junto con la integración de educación financiera, ética, civismo e historia nacional. Asimismo, se plantea un fortalecimiento intensivo de los idiomas, la matemática, las ciencias y las habilidades digitales. A ello se suma la incorporación de competencias socioemocionales que permitan a los estudiantes desenvolverse en contextos complejos y cambiantes.

Tecnología e inteligencia artificial

El cierre de la brecha digital aparece como prioridad absoluta. Se propone garantizar conectividad universal en todos los centros educativos e incluso en los hogares, especialmente en zonas vulnerables. La incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial permitirá personalizar el aprendizaje, monitorear el avance de estudiantes y docentes, y automatizar trámites para liberar tiempo pedagógico.

Los sistemas de seguimiento apoyados en datos se proyectan como instrumentos clave para identificar dificultades tempranas, evaluar el desempeño y orientar intervenciones oportunas. Este enfoque responde a la necesidad de construir un sistema educativo más flexible, moderno y centrado en el estudiante.

Formación y dignificación docente

El fortalecimiento del cuerpo docente es un componente transversal. Se plantea reducir cargas administrativas para permitir que el profesorado se concentre en la mediación pedagógica. También se propone impulsar la formación continua especializada, establecer pruebas de idoneidad profesional y crear incentivos vinculados al desempeño. La gestión educativa requiere igualmente profesionalización y una alfabetización digital profunda que prepare a los docentes para integrar tecnologías emergentes en su práctica.

Cultura, deporte y cohesión social

La cultura y el deporte se consideran herramientas estratégicas para el desarrollo humano, la prevención del delito y la promoción de la salud. El país enfrenta desafíos como el sedentarismo, la infraestructura deteriorada y la desigualdad territorial en el acceso a la actividad física y a la oferta cultural. Se plantea fortalecer las instituciones responsables del deporte, asegurar la ejecución plena de políticas nacionales vigentes y crear un fondo estable que permita financiar iniciativas deportivas y culturales.

Entre las propuestas destacan la masificación del deporte, la creación de centros de tecnificación regional, la modernización de infraestructura y la articulación del deporte de alto rendimiento con programas de becas y detección temprana de talento. Todo esto se complementa con la posibilidad de impulsar el turismo deportivo como motor económico emergente.

EJE TEMATICO 3: Salud y seguridad social

El sistema de salud y la sostenibilidad de la seguridad social se han convertido en uno de los ejes más sensibles y estratégicos del ciclo electoral 2026-2030. La mayoría de los programas políticos coincide en que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrenta una crisis compleja, multidimensional y acumulada durante décadas. Los problemas más señalados incluyen la subinversión sostenida en infraestructura y tecnología, fallas históricas en la planificación estratégica, una estructura administrativa rígida y una dificultad persistente para modernizar procesos esenciales. Aunque el modelo operativo de la CCSS es robusto en comparación con sistemas de la región, hoy está tensionado por el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas, la precarización laboral y la creciente demanda de servicios.

Diagnóstico general y crisis estructurales

Los análisis coinciden en que la CCSS enfrenta simultáneamente tres grandes crisis. La primera es una crisis de gestión, marcada por procesos lentos, duplicidades, debilidad en la supervisión interna, baja interoperabilidad entre sistemas de información y estructuras organizacionales desactualizadas. Estas condiciones dificultan la toma de decisiones ágil y la capacidad de respuesta ante emergencias epidemiológicas o variaciones en la demanda de servicios.

La segunda crisis es de carácter financiero. El incremento del gasto sanitario, particularmente asociado a enfermedades crónicas y atención de alta complejidad ha presionado severamente el presupuesto institucional. A esto se suma la creciente informalidad laboral, que afecta la base contributiva del seguro de salud y limita los ingresos necesarios para sostener el modelo solidario. Esta combinación ha generado tensiones que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal si no se introducen ajustes estructurales.

La tercera crisis corresponde al acceso. Las listas de espera han alcanzado cifras históricas en consulta especializada, cirugías y pruebas diagnósticas. Este rezago provoca dolor, deterioro en la calidad de vida de los pacientes y un desgaste permanente en la confianza ciudadana. El problema se agrava por la desigualdad territorial: hospitales saturados en el Valle Central contrastan con regiones donde el acceso es limitado por falta de especialistas, infraestructura o equipamiento.

En este diagnóstico, diversos programas subrayan la necesidad de combatir la corrupción y las prácticas ineficientes dentro de la institución. Se plantea fortalecer los mecanismos de supervisión mediante auditorías independientes, revisión de contratos y compras, y mayor transparencia en los procesos de inversión. También se cuestiona que la CCSS opera bajo un esquema de gobernanza diseñado para realidades del siglo pasado y que no responde adecuadamente a los requerimientos digitales, epidemiológicos y demográficos actuales.

Listas de espera, atención primaria y transformación del modelo de atención

La congestión hospitalaria es el síntoma más visible de la crisis. Ante ello, la mayoría de los programas plantea un viraje estratégico hacia el fortalecimiento de la atención primaria. Esto implica ampliar la capacidad de los equipos básicos de salud, mejorar la territorialización del servicio, incorporar atención domiciliaria y desarrollar modelos preventivos que reduzcan la presión sobre hospitales. La detección temprana de enfermedades no transmisibles, los programas de salud comunitaria y la integración de esfuerzos interinstitucionales son parte de esta visión renovada.

La transformación digital del sistema de salud se posiciona como uno de los cambios más urgentes y transversales. Los programas coinciden en la necesidad de un expediente único digital interoperable entre la CCSS, el Ministerio de Salud y otros actores del sistema. Este instrumento permitiría reducir tiempos de espera, evitar duplicidades, mejorar la trazabilidad clínica y facilitar la continuidad del cuidado.

Además, se proponen sistemas automáticos de citas, uso de inteligencia artificial para priorizar casos según gravedad, plataformas de referencia y contrarreferencia integradas, y telemedicina masiva para ampliar el alcance de la atención. No obstante, se señala que la digitalización debe estar acompañada de auditorías tecnológicas, metas verificables, rendición de cuentas y canales de participación ciudadana para evaluar la calidad del servicio en tiempo real.

Reforma de gobernanza y modernización institucional

Uno de los consensos más firmes es la necesidad de una reforma de gobernanza en la CCSS. Las propuestas incluyen profesionalizar los nombramientos en juntas directivas, establecer métricas de desempeño obligatorias para las gerencias, publicar indicadores en tiempo real, fortalecer la supervisión interna y revisar procesos clave como compras, inversiones y contrataciones.

En particular, se propone revisar los portafolios de inversión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para garantizar sostenibilidad intergeneracional. También se plantea reducir trámites internos, simplificar procesos administrativos y promover una estrategia más audaz basada en datos para orientar decisiones clínicas, financieras y operativas. Algunos programas abogan por desconcentrar operaciones en áreas críticas para agilizar la toma de decisiones y disminuir cuellos de botella administrativos.

Sistema de pensiones, sostenibilidad del IVM y protección social

El tema de pensiones cruza de forma transversal todos los documentos analizados. Se reconoce que el régimen IVM enfrenta presiones por el envejecimiento acelerado de la población, la informalidad y la evasión. Las propuestas sugieren mejorar los mecanismos de recaudación, combatir el subregistro, revisar ciertos parámetros como edad de retiro o fórmula de cálculo y fortalecer las reservas mediante inversiones más seguras y estratégicas.

Otro punto relevante es la necesidad de corregir distorsiones de los regímenes de pensiones de lujo, que generan inequidades y afectan la confianza ciudadana. Se destaca que cualquier ajuste debe proteger a las personas de menores ingresos y garantizar que el sistema se mantenga solidario y sostenible. La integración de bases de datos y el uso de inteligencia artificial para focalizar subsidios se plantean como herramientas clave para mejorar la eficiencia y reducir duplicidades en programas sociales administrados por distintas instituciones.

Asimismo, se propone mejorar la articulación entre entidades como IMAS, INAMU, PANI y municipalidades, con el fin de optimizar recursos, reducir trámites y fortalecer la red de protección social. La modernización tecnológica, la transparencia y la eficiencia administrativa aparecen como principios orientadores para una reforma integral del sistema de pensiones y de la seguridad social.

EJE TEMATICO 4: Economía, empleo e innovación

El debate sobre economía, empleo e innovación define la orientación estratégica del desarrollo nacional para el periodo 2026-2030. Aunque Costa Rica mantiene estabilidad macroeconómica y cuenta con una estructura productiva sólida, existe un diagnóstico compartido de que el modelo actual ha llegado a un punto de agotamiento. Este modelo ya no logra generar bienestar distribuido, competitividad sostenida ni oportunidades equitativas para todas las regiones del país. A ello se suman desafíos estructurales como la desigualdad territorial, la informalidad persistente, la baja productividad fuera del régimen de zonas francas y la limitada capacidad del aparato estatal para facilitar la actividad económica.

Diagnóstico estructural: dualidad productiva y desigualdad persistente

El país funciona bajo una estructura económica dual. Por un lado, la “nueva economía” ( zonas francas, manufactura avanzada, servicios especializados y empresas tecnológicas) muestra altos niveles de competitividad, innovación y vinculación con mercados globales. Por otro lado, la “vieja economía”, compuesta por la agricultura tradicional, la pequeña industria y el comercio local, presenta estancamiento, baja productividad y dificultades para generar empleos formales de calidad.

Esta segmentación productiva amplía brechas sociales y territoriales. La actividad económica más dinámica se concentra en la Gran Área Metropolitana, mientras las zonas rurales enfrentan falta de inversión, acceso limitado a infraestructura tecnológica y pocas oportunidades de encadenamiento productivo. La informalidad, que ronda entre el 35% y el 40%, limita el acceso a derechos laborales, reduce la base contributiva y debilita la capacidad del Estado para financiar políticas sociales. Reducir estas tasas hacia niveles cercanos al 30% y llevar el desempleo a un 6% para el 2030 son metas comunes entre los programas analizados.

A estos retos se suman la baja competitividad institucional y la complejidad regulatoria. Los trámites duplicados, la rigidez burocrática y la falta de interoperabilidad de sistemas afectan especialmente a las PYMES, emprendimientos locales y pequeños productores. Desde posiciones más orientadas a la justicia económica se argumenta que el sistema regulatorio y fiscal tiende a favorecer la acumulación en grupos con mayor capacidad de influencia, profundizando desigualdades históricas.

Empleo: formalización, cargas y protección sociales activa

Las propuestas para impulsar el empleo giran en torno a dos enfoques predominantes. El primero busca reducir o eliminar cargas sociales que no financian directamente la seguridad social, trasladando esas obligaciones al presupuesto nacional para disminuir el costo de contratación, especialmente en PYMES. Este planteamiento pretende incentivar el empleo formal y mejorar la competitividad de los sectores más vulnerables.

El segundo enfoque plantea que la generación de empleo debe impulsarse mediante mayor inversión pública en infraestructura social y productiva, programas territoriales de empleo y fortalecimiento de los servicios comunitarios. Esta visión subraya la necesidad de impulsar la economía desde lo local, apoyando a poblaciones vulnerables y fortaleciendo redes de producción comunitaria.

En términos de simplificación administrativa, convergen tres propuestas: una ventanilla única digital interoperable disponible 24/7 para todos los trámites; el uso del silencio positivo para acelerar permisos; y la reforma del régimen de quiebra para facilitar segundas oportunidades. Las visiones más sociales advierten que la digitalización debe diseñarse de forma inclusiva, evitando excluir a personas sin conectividad o habilidades digitales.

Talento humano y economía del conocimiento

La empleabilidad futura depende de competencias vinculadas a la cuarta revolución industrial. De ahí que varios programas impulsen la reconversión masiva en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencia de datos, análisis de información, robótica y automatización. Existe un consenso sobre modernizar el INA y los colegios técnicos profesionales para que respondan de forma ágil a las necesidades reales del mercado laboral.

También se destaca la necesidad de fortalecer la educación dual, con una participación más activa del sector empleador y una articulación estrecha entre formación y demanda. Entre las políticas de inclusión se mencionan programas de primer empleo juvenil, impulso a la formalización y empleabilidad de mujeres, y mecanismos de contratación para personas con discapacidad mediante cuotas, incentivos y programas estatales. La inclusión digital aparece como requisito fundamental para evitar nuevas brechas generacionales y territoriales.

Innovación, investigación y transformación digital

La innovación es reconocida como el motor del desarrollo futuro, pero la inversión nacional en investigación y desarrollo sigue siendo baja. La mayoría de los programas plantean metas concretas para incrementarla, desde duplicar el monto actual hasta alcanzar niveles cercanos al promedio de países desarrollados. La infraestructura tecnológica también es prioritaria: acelerar la adopción de 5G, preparar el salto a 6G y consolidar un gobierno digital robusto y accesible.

Otro componente estratégico es la creación de redes de innovación fuera de la GAM, mediante hubs regionales que impulsen manufactura avanzada, biotecnología, agro-tecnología y servicios digitales. En el sector financiero, se propone un marco regulatorio flexible para la innovación fintech, incluyendo sandbox regulatorios, reglas claras sobre criptoactivos y acceso ampliado al sistema de pagos.

Algunas propuestas, desde una perspectiva más social, enfatizan que la transformación digital debe respetar la soberanía tecnológica, reducir la dependencia de proveedores privados y garantizar transparencia, accesibilidad y seguridad ciudadana.

Estrategia productiva: Inversión extranjera directa IED, PYMES, agro y turismo

La inversión extranjera directa continúa siendo un pilar, pero se propone una estrategia más articulada para conectar multinacionales con PYMES locales a través de encadenamientos. El país busca atraer empresas mediante estabilidad institucional, energía limpia y seguridad jurídica. La diversificación territorial se impulsa con zonas francas satélites y clústeres tecnológicos en regiones fuera de la GAM.

En relación con el agro, hay consenso en que el sector ha sido debilitado y requiere una transformación profunda. Se plantean inversiones en agro-tecnología, agricultura de precisión, biotecnología y bioeconomía. También se incorpora la necesidad de proteger pequeños productores, garantizar soberanía alimentaria y modernizar procesos como el registro de agroquímicos.

El turismo rural y comunitario se posiciona como una oportunidad estratégica para distribuir beneficios económicos a territorios rezagados. Se propone fortalecer infraestructura turística, transformar el ICT bajo un modelo público-privado y desarrollar proyectos como marinas y terminales de cruceros, con énfasis en regiones como Limón.

Descentralización, financiamiento estratégico y banca para el desarrollo

Uno de los desafíos centrales es desconcentrar la actividad económica de la GAM. Se proponen polos regionales de desarrollo con participación comunitaria y criterios de sostenibilidad ambiental. En financiamiento, se plantean fondos soberanos para infraestructura y educación, así como mecanismos que permitan a los fondos de pensiones invertir en proyectos estratégicos nacionales.

Por otra parte, se propone flexibilizar criterios de otorgamiento de crédito, fortalecer fondos de avales y ampliar capital semilla para emprendimientos innovadores. La banca para el desarrollo debe priorizar territorios excluidos, pequeños productores y proyectos productivos comunitarios, con el fin de reducir desigualdades estructurales.

EJE TEMATICO 5: Infraestructura, movilidad y vivienda

El eje de infraestructura, movilidad y vivienda se consolida como uno de los pilares estratégicos para definir el desarrollo de Costa Rica entre 2026 y 2030. Existe un consenso generalizado de que el rezago histórico en estas áreas ha deteriorado la competitividad del país, profundizado la desigualdad territorial y disminuido la calidad de vida. Independientemente de su orientación ideológica, los programas políticos coinciden en que modernizar la infraestructura es un requisito indispensable para alcanzar un crecimiento económico sostenible y equitativo.

Diagnóstico estructural: rezago, desigualdad y deterioro acumulado

Los análisis convergen en cuatro grandes problemáticas. En primer lugar, la baja inversión pública, que se mantiene entre el 2% y el 2.5% del PIB, muy por debajo de los estándares internacionales. A esto se suma la limitada capacidad del Estado para ejecutar obra pública de forma eficiente, producto de trámites excesivos, fragmentación institucional y restricciones fiscales derivadas del alto endeudamiento.

En segundo lugar, se destaca el deterioro de la red vial. Una proporción significativa de las rutas nacionales presenta daños estructurales, y una cantidad considerable de puentes se encuentra en condiciones de riesgo. Estas deficiencias afectan directamente la competitividad, elevan los costos logísticos y reducen la conectividad entre regiones.

En tercer lugar, se señala la excesiva concentración del desarrollo en la Gran Área Metropolitana. La mayoría de la inversión extranjera directa y de los proyectos estratégicos se concentran en este territorio, lo que profundiza el rezago histórico de regiones costeras y fronterizas. Esta concentración limita las oportunidades de desarrollo integral del país.

Cuarto, el déficit habitacional representa uno de los desafíos más urgentes. Más de 145.000 viviendas faltan para cubrir las necesidades básicas, y cientos de miles de hogares presentan problemas cualitativos como hacinamiento o deterioro. La clase media joven enfrenta serias dificultades para acceder a créditos tradicionales, lo que agrava la inequidad y frena la movilidad social.

Financiamiento y gobernanza de la obra pública

Los programas políticos coinciden en que la capacidad del Estado para ejecutar obra pública por sí solo es insuficiente. Por ello, las alianzas público-privadas y los modelos de concesión se consideran mecanismos indispensables para acelerar proyectos estratégicos y modernizar la infraestructura nacional.

Se propone utilizar los fondos de pensiones para financiar obras clave, bajo una regulación técnica estricta y esquemas de bajo riesgo. También se destacan instrumentos como la titularización de activos, los bonos verdes para proyectos sostenibles, los fideicomisos de impacto y los canjes de deuda por conservación, que permitirían atraer capital privado nacional e internacional.

Desde esta perspectiva, el financiamiento territorial adquiere relevancia. Varios programas plantean asociaciones público-comunitarias en regiones específicas para articular proyectos que dinamicen economías locales y atiendan rezagos históricos. En conjunto, estas estrategias buscan ampliar la base de inversión y acelerar la ejecución de infraestructura estratégica.

Reforma institucional: hacia una gobernanza eficiente

Una preocupación transversal es la fragmentación institucional entre MOPT, CONAVI, CTP y las municipalidades, lo que genera duplicidades, cuellos de botella y demoras prolongadas. Por ello, diversas propuestas plantean crear una Agencia Nacional de Infraestructura, un ente técnico profesionalizado encargado de planificar, ejecutar y supervisar los proyectos estratégicos del país.

También se propone una autoridad metropolitana única para gestionar el transporte público de la GAM, con enfoque en eficiencia, planificación integral y control técnico. A esto se suman propuestas orientadas a fortalecer la fiscalización y a prevenir la corrupción mediante mayor transparencia, auditorías obligatorias y mecanismos de rendición de cuentas.

Movilidad: trenes, transporte público e innovación tecnológica

La movilidad es uno de los ejes más transformadores del debate. El proyecto de tren eléctrico metropolitano se posiciona como prioridad nacional para descongestionar la GAM, reducir emisiones y modernizar el transporte público. Complementariamente, se plantean trenes regionales, como el de carga en Limón y la rehabilitación de la vía al Pacífico, además de propuestas de gran escala como un canal verde interoceánico o sistemas de teleféricos urbanos.

En autobuses, se promueve una reestructuración profunda mediante sectorización, carriles exclusivos y terminales intermodales para mejorar tiempos y calidad del servicio. La movilidad inteligente también aparece como prioridad: semáforos automatizados, sensores urbanos, centros de control de tráfico y sistemas digitales de monitoreo para mejorar la gestión vial.

A nivel energético, la electrificación del transporte se impulsa mediante incentivos fiscales, expansión de la infraestructura de carga y modernización de la flota pública.

Vivienda y ordenamiento territorial

La mayoría de los programas prioriza reducir el déficit habitacional tanto cuantitativo como cualitativo. Se propone un bono específico para clase media, con esquemas flexibles que permitan acceso a vivienda a jóvenes y familias con ingresos moderados. También se destaca el fortalecimiento del programa de reparación y ampliación de viviendas para abordar el deterioro de hogares existentes.

Los modelos de innovación residencial incluyen leasing habitacional, alquiler asequible con subsidios, incentivos para proyectos mixtos y el uso de terrenos públicos subutilizados para desarrollo de vivienda social. Estos enfoques buscan ampliar la oferta habitacional sin sacrificar criterios de equidad ni sostenibilidad.

El desarrollo urbano orientado al transporte se presenta como estrategia clave para una densificación inteligente, con vivienda cerca de estaciones de tren, terminales de autobuses y corredores de alta movilidad. Ello contribuye a reducir desplazamientos, dinamizar centros urbanos y promover un crecimiento más ordenado y sostenible.

El eje de infraestructura, movilidad y vivienda revela uno de los consensos más fuertes entre los programas políticos: Costa Rica enfrenta una crisis estructural que requiere modernización institucional, una visión integral del territorio, financiamiento innovador y uso estratégico del capital público y privado. La infraestructura se presenta no solo como un componente técnico, sino como la base para la competitividad económica, la reducción de desigualdades y la sostenibilidad del país hacia 2030.

EJE TEMATICO 6: Sector agropecuario, pesca y ambiente

El sector agropecuario, la pesca y el ambiente conforman uno de los ejes estratégicos más decisivos para el desarrollo de Costa Rica en el periodo 2026-2030. Los partidos coinciden en que el país enfrenta una combinación crítica de rezago productivo, abandono institucional, vulnerabilidad climática y deterioro de su liderazgo ambiental. Esta situación revela una necesidad urgente de reactivar el campo, fortalecer la resiliencia climática y transitar hacia modelos económicos sostenibles basados en innovación, regeneración y competitividad.

El eje articula cinco áreas clave: soberanía alimentaria, transformación productiva, pesca y economía azul, gobernanza ambiental y agua, y reforma institucional del sector agropecuario.

Soberanía alimentaria y crisis del campo

El diagnóstico del sector agropecuario es contundente: altos costos, falta de apoyo estatal, competencia desleal y una creciente exposición a fenómenos climáticos han generado una crisis estructural. Costa Rica depende fuertemente de importaciones de granos básicos y otros productos esenciales, lo cual compromete la soberanía alimentaria y expone al país a fluctuaciones de precios internacionales.

Diversos sectores plantean que garantizar la soberanía alimentaria debe convertirse en un objetivo estratégico e incluso constitucional. Se propone reducir significativamente la dependencia de importaciones mediante políticas de fomento a la producción nacional, incentivos a pequeños y medianos productores, recuperación de áreas agrícolas y mayor articulación entre compra estatal e innovación productiva.

Protección vs. competitividad: dos visiones para el agro

El debate se divide en dos grandes enfoques, por un lado, se encuentra la visión que prioriza la protección de la producción nacional. Esta corriente impulsa estrategias como precios de garantía, aranceles selectivos, fortalecimiento del abastecimiento institucional y subsidios focalizados para agricultura familiar. También se plantea revisar tratados comerciales que han afectado a productores vulnerables y crear mecanismos que permitan equilibrar la competencia internacional con la realidad del campo costarricense.

Por otro lado, existe una visión enfocada en competitividad y desregulación. Esta posición sostiene que el principal problema del agro no es la apertura comercial, sino el rezago tecnológico y regulatorio. Se propone agilizar la homologación de agroquímicos permitidos en mercados desarrollados, mejorar la transferencia tecnológica y promover la innovación para aumentar la productividad. Desde esta perspectiva, la protección excesiva genera dependencia y frena la modernización de cultivos críticos.

Transformación productiva: regeneración, tecnología y clima

Existe un acuerdo amplio en la necesidad de transformar el modelo productivo mediante innovación, digitalización y prácticas regenerativas. La agricultura de precisión (drones, sensores, telemetría, análisis de suelos, monitoreo geoespacial) se considera esencial para aumentar la productividad sin expandir la frontera agrícola. Se plantea que la banca para el desarrollo financie de manera prioritaria tecnologías avanzadas con créditos blandos, avales y fondos no reembolsables.

La agricultura regenerativa emerge como una propuesta transversal que busca recuperar suelos, aumentar la biodiversidad, reducir el uso de químicos y capturar carbono. Esta visión combina sostenibilidad ambiental con competitividad y se apoya en incentivos, certificaciones verdes y cadenas agroindustriales orientadas a la exportación sostenible.

En la ganadería se plantean modelos sostenibles como sistemas silvopastoriles, captura de metano, estabulación voluntaria y uso de biodigestores. La meta es transitar hacia una producción baja en emisiones con certificaciones que permitan abrir mercados internacionales.

El financiamiento climático adquiere relevancia como herramienta para enfrentar eventos extremos cada vez más frecuentes. Entre las propuestas destacan seguros agrícolas indexados al clima, fondos de garantía agropecuaria y créditos preferenciales con tasas por debajo del 5%.

Pesca y economía azul

La pesca y la economía azul representan un eje estratégico para el desarrollo costero. Los programas coinciden en que es necesario modernizar la gobernanza marina, mejorar el ordenamiento espacial marino-costero y fortalecer la capacidad de control y vigilancia en aguas nacionales.

Se propone transformar o fortalecer institucionalmente a INCOPESCA, otorgándole autonomía técnica y herramientas tecnológicas como sistemas de monitoreo satelital, identificación automática de embarcaciones, vigilancia con drones y patrullajes coordinados. El objetivo es equilibrar conservación y productividad.

Las propuestas incluyen apoyar a pescadores artesanales mediante reconversión productiva durante las vedas, combinando pesca responsable con turismo marino y aseguramiento diferenciado. La acuicultura sostenible se visualiza como un motor de empleo para zonas costeras, con centros de maricultura, cadenas de valor agregado y cooperativas atuneras que fortalezcan la industria nacional.

Gobernanza ambiental, agua y cambio climático

Los partidos coinciden en que el país vive una crisis hídrica derivada de una institucionalidad fragmentada y una ley desactualizada. Se impulsa una reforma integral del sistema de aguas que promueva la gestión por cuencas, modernice ASADAS, redefina el rol de AyA y SENARA, y abra la puerta a tecnologías de desalinización y reúso.

En materia de residuos, existe apoyo general a la economía circular, el reciclaje avanzado y la reducción de desechos. Algunos sectores rechazan la incineración como mecanismo de tratamiento, mientras otros impulsan modelos de parques eco-industriales basados en simbiosis productiva.

El liderazgo climático vuelve a posicionarse como un tema central. Se propone fortalecer áreas de conservación, avanzar en metas internacionales como 30x30 y aprobar nuevas herramientas financieras para la protección ambiental, como bonos verdes y titularización de activos ambientales.

Reforma institucional del sector agropecuario

El aparato agropecuario actual se considera fragmentado y desactualizado. Existen propuestas para fusionar instituciones, transformar ministerios y fortalecer el rol rector del MAG. También se plantea reconvertir al CNP/PIMA en plataformas logísticas especializadas que apoyen al productor.

Uno de los consensos más fuertes es la urgencia de digitalizar el sector mediante una ventanilla agro digital que unifique trámites de instituciones como MAG, SENASA, SFE y Hacienda, reduciendo tiempos y costos.

Los partidos coinciden en que el agro, la pesca y el ambiente no son sectores aislados, sino pilares de un nuevo modelo de desarrollo basado en sostenibilidad, tecnología y regeneración ecológica. La transformación implica pasar de subsistir en crisis recurrentes a construir un modelo robusto centrado en innovación, financiamiento verde, gobernanza participativa y manejo sostenible del territorio y los ecosistemas.

EJE TEMATICO 7: Reforma del Estado y gobernanza

La reforma del Estado y la gobernanza se consolidan como el eje más crítico para el desarrollo nacional en el periodo 2026-2030. Existe un consenso generalizado de que el modelo institucional costarricense se encuentra agotado, con un aparato público que perdió eficiencia, capacidad de respuesta y legitimidad social. La ciudadanía muestra niveles de confianza históricamente bajos hacia sus instituciones, lo que ha erosionado el contrato social y debilitado la gobernabilidad democrática. En este contexto, los partidos políticos coinciden en que el país requiere una transformación profunda, orientada hacia un Estado moderno, transparente, estratégico y territorialmente equilibrado.

Diagnóstico: crisis de confianza, burocracia excesiva y corrupción estructural

Los programas políticos coinciden en que la confianza ciudadana se ha deteriorado severamente, reflejo de un aparato estatal que ya no resuelve con eficacia los problemas cotidianos. La multiplicidad de instituciones (más de trescientas entidades operando con funciones superpuestas) ha generado un sistema desarticulado, lento y costoso. Esta fragmentación provoca duplicidad de tareas, trámites interminables, poca coordinación y una gestión pública incapaz de adaptarse a los desafíos actuales.

La corrupción se reconoce como un fenómeno estructural que no solo implica pérdidas económicas significativas, sino que también socava la legitimidad institucional. Las debilidades en fiscalización, contratación administrativa y control interno han permitido la proliferación de prácticas discrecionales y opacas dentro del Estado. La combinación de ineficiencia, opacidad y fragmentación ha creado un entorno donde las instituciones pierden credibilidad, la inversión pública se ralentiza y la ciudadanía percibe un Estado distante y disfuncional.

Reforma estructural y modernización institucional

Frente a este escenario, los partidos plantean reformas de diversa magnitud. Algunas posiciones impulsan una transformación total del marco constitucional mediante una asamblea nacional constituyente. Otras prefieren un enfoque gradual pero profundo, centrado en reorganizar instituciones, reducir duplicidades, simplificar estructuras y crear mecanismos ágiles de gestión pública.

Surge con fuerza la idea de ordenar las instituciones sectoriales, consolidar funciones dispersas y promover proyectos estratégicos que reduzcan costos operativos y modernicen los servicios públicos. Propuestas como la creación de “ciudad gobierno” buscan mejorar la coordinación estatal, facilitar la atención ciudadana y concentrar servicios en un mismo espacio. También se plantea reorganizar entidades que hoy operan de forma aislada y dispersa, promoviendo estructuras más flexibles, eficientes y orientadas a resultados.

Los programas coinciden en que el Estado debe transitar hacia modelos de gestión inteligentes, con estructuras modernizadas, equipos profesionales y toma de decisiones basadas en evidencia. Esto implica revisar, fusionar o transformar instituciones para adecuarlas a los retos actuales en materia de digitalización, seguridad, economía, infraestructura y bienestar social.

Descentralización y cohesión territorial

La descentralización es un componente central para corregir el histórico centralismo costarricense. Las propuestas convergen en fortalecer a los gobiernos locales mediante transferencia de competencias reales, recursos suficientes y autonomía para ejecutar infraestructura menor, gestionar servicios y promover desarrollo local. Se plantea avanzar hacia un modelo de gobernanza multinivel que articule municipios, regiones y gobierno central en planificación, inversión y ejecución de políticas públicas.

Las estrategias incluyen crear mesas provinciales, plataformas regionales sectoriales y mecanismos de articulación que otorguen pertinencia territorial a las políticas nacionales. La descentralización se concibe no solo como un mecanismo administrativo, sino como un instrumento de justicia territorial para reducir brechas y promover el desarrollo equilibrado del país.

Transparencia, anticorrupción y control público

La lucha contra la corrupción aparece como uno de los pilares transversales del eje. Se propone una estrategia de transparencia radical basada en plataformas de datos abiertos que permitan visualizar, en tiempo real, compras públicas, ejecución presupuestaria, obras, contrataciones y desempeño institucional.

La tecnología es un vehículo clave para asegurar integridad pública. Se plantean sistemas avanzados de trazabilidad mediante blockchain, plataformas centralizadas de interoperabilidad y modelos de supervisión basados en inteligencia digital. También se propone crear oficinas nacionales anticorrupción, fortalecer fiscalías especializadas y endurecer las sanciones para los delitos de corrupción. Otras propuestas buscan transformar el modelo de control de la Contraloría General de la República hacia un esquema de control posterior eficiente, limitando los controles previos para evitar frenar la inversión pública y la ejecución de proyectos.

Transformación digital, innovación y soberanía tecnológica

La transformación digital constituye un eje central de las reformas. El ideal compartido es avanzar hacia un Estado completamente digital, con trámites automatizados, ventanillas únicas interoperables y el principio de “una sola vez”, donde las instituciones no vuelvan a solicitar datos que el Estado ya posee.

Se plantea la digitalización completa de compras públicas, expedientes administrativos, gestión presupuestaria y recursos humanos, así como el fortalecimiento de la ciberseguridad estatal. Propuestas como plataformas nacionales de interoperabilidad avanzadas buscan integrar información, reducir tiempos, mejorar la trazabilidad y evitar la discrecionalidad.

La soberanía tecnológica aparece como una preocupación creciente, con propuestas que promueven estándares de seguridad digital, herramientas de trazabilidad infalsificables y la creación de agencias estatales especializadas en inteligencia artificial y tecnología avanzada. La meta es dejar atrás la dependencia de sistemas fragmentados y consolidar un ecosistema digital integral para la gestión pública.

Liderazgo, coordinación entre poderes y gestión basada en evidencia

Los programas coinciden en que la reforma del Estado requiere un liderazgo presidencial fuerte, capaz de articular esfuerzos entre el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y actores institucionales clave. La parálisis política de los últimos años ha demostrado que sin coordinación efectiva no hay posibilidad de transformación real.

Se promueve la creación de mesas tripartitas de alto nivel, una gobernanza interinstitucional más robusta y modelos de gestión basados en evidencia. Se propone utilizar tableros (dashboard) públicos de desempeño para evaluar resultados en tiempo real, fortalecer la planificación estratégica y adoptar una cultura institucional orientada a datos, métricas y evaluación continua.

El eje de Reforma del Estado y Gobernanza constituye el corazón de la agenda nacional 2026-2030. A pesar de sus diferencias, los partidos comparten un diagnóstico y una visión común: Costa Rica necesita un Estado más transparente, eficiente, digital, descentralizado, ético y orientado al logro de resultados. La modernización institucional es vista como la piedra angular para recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la democracia y construir un modelo de desarrollo sostenible y competitivo para la próxima década.

ANÁLISIS DE AGRUPAMIENTO (CLÚSTER) DE PARTIDOS POLÍTICOS

El análisis de clúster es una herramienta exploratoria que permite identificar patrones de similitud entre unidades analíticas. En este artículo se utiliza para comparar los programas de gobierno de los partidos políticos costarricenses, con el propósito de a) Identificar grupos de partidos con agendas temáticas similares, b) Reconocer partidos cuyo enfoque programático es más amplio o reducido, c) Describir la estructura general del sistema de partidos en términos de contenido programático.

Este tipo de análisis de los partidos políticos costarricenses basado en la presencia o ausencia de temas en sus programas de gobierno utiliza la matriz que contiene un conjunto amplio de temas nacionales, codificados de manera binaria para cada partido. El análisis se realizó mediante distancia Jaccard, adecuada para datos de presencia/ausencia, y el método de agrupamiento UPGMA (enlace promedio). Los resultados muestran una estructura temática clara del sistema de partidos, conformada por: a) Un clúster generalista que agrupa a la mayoría de los partidos tradicionales y emergentes con programas amplios, b) Dos clústeres de agenda reducida, que incluyen partidos con propuestas temáticas más focalizadas o de nicho y c) Un clúster de partidos periféricos, cuya cobertura temática es limitada y se aleja significativamente del resto.

Esta estructura revela cuáles partidos comparten una agenda programática similar y cuáles se apartan de ella, destacando variaciones en la amplitud, la orientación y la profundidad con que cada agrupación desarrolla sus propuestas.

En esta metodología los datos provienen de una matriz binaria de temas por partidos, tal como se muestra en el apéndice 1, donde: 1 indica que el partido menciona el tema en su programa y 0 indica ausencia de dicho tema. La distancia Jaccard fue seleccionada por ser la medida correcta para datos binarios asimétricos, donde la presencia (1) tiene mayor valor informativo que la ausencia (0). Esta distancia se calcula como:1-(∣A∩B∣)/(∣A∪B∣) . Por otro lado, se utilizó el método de enlace: Average (UPGMA), el cual calcula la distancia entre dos clústeres como el promedio de las distancias entre todos los elementos de ambos. Este método produce clústeres equilibrados, no es tan estricto como complete linkage, ni tan permisivo como single linkage y es particularmente útil en estudios de similitud temática o ecológica.

Antes de asignar nombres a los clústeres, es fundamental precisar que estas categorías no describen ideologías en sentido estricto, sino patrones programáticos derivados de coincidencias temáticas (Apéndice 1). Los agrupamientos emergen de la matriz binaria y del análisis Jaccard-UPGMA, por lo que su lógica responde a la estructura del contenido, no a etiquetas doctrinarias tradicionales (izquierda/derecha, conservador/progresista, etc.).

Por ello, los nombres que se asignen a los clústeres deben entenderse como metáforas analíticas o resúmenes interpretativos, útiles para comunicar tendencias comunes dentro de cada grupo, pero no como categorías normativas, ideológicas o categóricas de la ciencia política clásica.

Además, cada clúster refleja modos distintos de priorizar problemas públicos, niveles de amplitud programática, enfoques de política pública y estilos de formulación, lo que permite distinguir entre partidos con agendas amplias, agendas focalizadas, agendas minimalistas o agendas orientadas a determinados valores o sectores sociales.

En este sentido, las etiquetas describir el patrón programático, no la ideología doctrinaria, además se evita las ubicaciones político-ideológicas explícitas, salvo cuando el contenido lo demuestre con claridad empírica y también se es consistentes con lo observado en los documentos, no con percepciones externas sobre los partidos.

Imagen 3: Dendrograma de partidos según temas programáticos (Distancia Jaccard)

Imagen 4 Clústeres de partidos políticos

Cluster 1 Partidos Agenda mínima / baja cobertura programática

El Clúster 1 denominado “Partidos Agenda mínima / baja cobertura programática”, corresponde a los partidos PUCD y UP, sus características, se encuentran altamente alejados del resto del sistema de propuestas, su similitud temática con los demás partidos es muy baja, por otro lado, mencionan muy pocos temas de los 58 temas analizados, PUCD tiene un programa corto, sectorial o muy específico.

Por otro lado, el programa de Unidos Podemos (UP) destaca por su notable extensión (147 páginas), pero esta amplitud no necesariamente se traduce en profundidad programática. El documento presenta un estilo discursivo altamente redundante, con secciones extensas centradas en diagnósticos generales, reflexiones filosóficas y afirmaciones de principios, lo que dificulta la identificación de propuestas concretas, medibles o articuladas en un plan estratégico.

A diferencia de los partidos del clúster 3, cuyos programas suelen estructurarse alrededor de políticas públicas específicas, el programa de UP privilegia narrativas amplias sobre participación ciudadana, regeneración social y crítica al sistema político, lo que lo ubica coherentemente dentro del Clúster 1 de partidos de agenda mínima / baja cobertura programática, caracterizado por agendas extensas en texto, pero difusas en contenido. Aunque aborda múltiples áreas temáticas, la mayoría de las propuestas carece de detalles operativos, metas cuantificables o instrumentos institucionales claros, lo cual limita su valor como plan de gobierno y refuerza la impresión de que el documento funciona más como un manifiesto político que como un programa ejecutable.

Este clúster representa partidos con una oferta programática débilmente diversificada, lo cual sugiere una orientación más táctica, testimonial o centrada en preocupaciones muy particulares.

Los rasgos programáticos principales son los más alejados del resto del mapa, es decir, tienen la menor coincidencia temática con los demás partidos. Estos partidos contienen muy pocos temas lo que indica una cobertura temática muy reducida, tocan pocos ejes del listado total de 58 temas (por ejemplo, pueden mencionar algo de economía o seguridad, pero dejan fuera muchos otros).

Desde el punto de vista político son partidos programáticamente periféricos, no dialogan temáticamente con el “centro de gravedad” del conjunto de partidos (el bloque generalista). El aporte de estos partidos puede ser más simbólico o testimonial que de propuesta integral de gobierno. Desde el punto de vista de políticas públicas, ofrecen un menú mucho más limitado, y, por tanto, tienen menos capacidad para mostrar un “plan de país” completo. Estos partidos PUCD y UP son las agrupaciones que, en términos de contenido programático, se ubican en la orilla externa del sistema de partidos políticos, con agendas mínimas y baja similitud con el resto de los partidos.

Cluster 2 Partidos de agenda reducida / énfasis temático limitado

El Clúster 2 llamado “Partidos de agenda reducida / énfasis temático limitado”, corresponde a los partidos CR1 y PIN, se caracterizan por mencionar más temas que los del clúster 1, pero siguen en el extremo de baja amplitud, su agenda tiende a ser selectiva. Estos partidos comparten ciertos ejes con los partidos grandes (seguridad, empleo, quizá corrupción, crisis económica) pero omiten o abordan superficialmente otros (por ejemplo, algunos temas de derechos, diversidad, ambiente entre otros). Sus programas son selectivos, se concentran en mensajes fuertes alrededor de orden, identidad nacional, crítica a la clase política, seguridad, o ciertos valores y no desarrollan tanto la política sectorial detallada (educación superior, ciencia, cultura).

Estos partidos funcionan como partidos de “agenda reducida”, interpelan a electorados específicos (por ejemplo, quienes priorizan orden, mano dura, patriotismo). Aunque están cerca del bloque generalista, su perfil programático es más estrecho, los hace atractivos para votantes que buscan un mensaje simple y contundente, pero los limita como plataformas de gobierno integral.

Los partidos CR1 y PIN ocupan una franja intermedia: no son tan de baja cobertura programática como PUCD y UP, pero sí presentan una agenda recortada en comparación con los partidos generalistas. Se posicionan como opciones de protesta o de orden, con menor desarrollo técnico de políticas públicas.

Cluster 3 Gran bloque de partidos generalistas (agenda amplia y diversificada)

El Clúster 3 se le llama el “Gran bloque de partidos generalistas (agenda amplia y diversificada)”, según el dendograma estos partidos son ACRM Aquí Costa Rica Manda, AC Agenda Común, CDS Centro Democrático y Social, FA Frente Amplio, PJSC Partido Justicia Social Costarricense, PLP Partido Liberal Progresista, PLN Partido Liberación Nacional, PNR Partido Nueva República, PUSC Partido Unidad Social Cristiana, PEL Partido Esperanza y Libertad, PPSO Partido Pueblo Soberano, PA Partido Avanza, PNG Partido Nueva Generación, PSD Partido Progreso Social Democrático.

Las características programáticas de sus agendas políticas cubren prácticamente todos los grandes ejes: educación, salud / CCSS, seguridad y crimen organizado, empleo y economía, transformación digital, ambiente, desarrollo territorial, transparencia y corrupción entre otros. Sus programas son más largos, más sistemáticos, con propuestas sectoriales (no solo declaraciones generales). Desde la perspectiva de política pública, son las agrupaciones que sí presentan proyectos de gobierno articulados.

Estos partidos constituyen el “centro de gravedad programático” disputan la presidencia y las fracciones legislativas más grandes, marcan la agenda del debate nacional. Dentro de este bloque hay diferencias ideológicas importantes, pero todos cumplen con la función de ofrecer una visión global de país, negociar coaliciones y producir política pública concreta. Dentro de este bloque generalista, la estructura Jaccard permite distinguir tres subclusteres temáticos internos.

Subcluster 3A Estado social / enfoque progresivo

El primer subgrupo 3A “Estado social / enfoque progresivo” los partidos agrupados aquí son: FA Frente Amplio, AC Agenda Común, CDS Centro Democrático y Social y PJSC Partido Justicia Social Costarricense. En la matriz de datos observados Apéndice 1 estos partidos comparten una alta coincidencia en temas ligados a: derechos humanos, desigualdad y pobreza, justicia social, protección del Estado social de derecho, ambiente y sostenibilidad, participación ciudadana. Al mismo tiempo, no descuidan ejes clásicos como educación, salud, empleo y seguridad (pero incorporando muchas veces un enfoque de derechos).

Este subcluster reúne partidos cuyo enfoque programático enfatiza la protección de lo público, la cohesión social y la intervención estatal como herramienta para corregir desigualdades. Más que una categorización ideológica estricta, se trata de un agrupamiento derivado de coincidencias temáticas detectadas en la matriz binaria de presencia/ausencia de temas: defensa de servicios públicos, fortalecimiento de la institucionalidad social, políticas redistributivas, garantías de derechos y prioridad a territorios excluidos.

El Frente Amplio (FA) presenta el programa más robusto en este bloque, con un desarrollo extenso en justicia social, ambiente, empleo digno, fortalecimiento de la CCSS y transición ecológica. Se caracteriza por propuestas detalladas, con alto contenido de derechos humanos y un énfasis estructural en redistribución. El partido Agenda común (AC) comparte este énfasis, particularmente en políticas sociales universales, democratización de oportunidades y fortalecimiento comunitario. Sus coincidencias temáticas la ubican muy próxima al FA dentro del análisis clúster.

El Centro Democrático y Social (CDS) adopta una postura intermedia, con un enfoque en institucionalidad democrática, cohesión social y modernización moderada del Estado. Sus propuestas no son tan redistributivas como las del FA, pero sí mantienen una orientación hacia el fortalecimiento del Estado social. El Partido Justicia Social Costarricense (PJSC) destaca por su discurso centrado en la justicia distributiva, la equidad territorial y la igualdad de acceso a servicios esenciales. Su programa articula críticas al modelo económico y propone intervenciones públicas más fuertes para reducir brechas sociales.

En conjunto, este subcluster puede describirse como el bloque programático que combina:

1. una lectura estructural de las desigualdades,
2. defensa del Estado social de derecho,
3. provisión pública robusta y
4. políticas basadas en derechos.

No se trata de “izquierda” o “centro-izquierda” en sentido doctrinal, sino de una agrupación empírica basada en la coincidencia temática observada en los datos.

Subcluster 3B Reforma del Estado / modernización institucional

El subgrupo 3B “Reforma del Estado / modernización institucional”, compuesto por los partidos PLP Partido Liberal Progresista, PEL Partido Esperanza y Libertad y ACRM Aquí Costa Rica Manda, con algunos matices y vínculos, también se acercan el PLN y PA.

Este subcluster agrupa partidos cuyos programas presentan una cobertura temática amplia, pero con un énfasis especialmente marcado en modernización del Estado, competitividad económica, clima de inversión, empleo, emprendimiento, simplificación regulatoria y transformación digital. Su punto en común no es una ideología estricta, sino una coincidencia programática orientada a mejorar la eficiencia estatal y dinamizar la economía mediante innovación, tecnología y articulación público-privada.

En estos partidos, los temas sociales no desaparecen, pero suelen abordarse desde una lógica de productividad, incentivos y fortalecimiento de capacidades individuales y empresariales. Se observa una preferencia clara por políticas que reduzcan obstáculos regulatorios, promuevan la competencia, impulsen el crecimiento económico y vinculen la acción estatal con metas de desempeño, eficiencia y uso inteligente de la tecnología.

El Partido Liberal Progresista (PLP) presenta el programa más consistente dentro de esta tendencia: enfatiza la competencia, la reducción de trabas burocráticas, la eficiencia del gasto público, la transformación digital y la promoción de libertades económicas y personales. El Partido Esperanza y Libertad (PEL) converge en una narrativa centrada en oportunidad, innovación y desarrollo económico, con un enfoque de orientación liberal moderada que combina modernización administrativa con políticas proinversión y fortalecimiento del emprendimiento.

Aquí Costa Rica Manda (ACRM), aunque incorpora un discurso de reforma institucional más amplio, comparte con este subgrupo el énfasis en eficiencia estatal, orden administrativo, reorganización funcional y digitalización de procesos, lo que lo ubica cercano al bloque modernizador en el análisis clúster.

En conjunto, este subcluster puede caracterizarse como el bloque que articula una agenda programática basada en:

1. eficiencia del Estado,
2. competitividad económica,
3. clima de negocios,
4. innovación y digitalización, y
5. simplificación regulatoria.

Esta configuración no define una ideología cerrada, sino un patrón programático consistente que emerge de la matriz de temas y que refleja una visión del Estado orientado al desempeño, la modernización y la conexión entre política pública y productividad económica.

Subcluster 3C Orden-desarrollo / enfoque pragmático-productivo

El sub-cluster 3C “Orden-desarrollo / enfoque pragmático-productivo”, constituido por los partidos PUSC Partido Unidad Social Cristiana, PNR Partido Nueva República, PNG Partido Nueva Generación, PSD Partido Progreso Social Democrático, PPSO Partido Pueblo Soberano, PLN Partido Liberación Nacional y PA Partido Avanza (PLN y PA tienen rasgos mixtos y funcionan como bisagras entre subgrupos.)

Los partidos incluidos en este subcluster presentan programas amplios y abarcadores (similares en cobertura al resto del bloque generalista), pero con una narrativa programática centrada en seguridad ciudadana y crimen organizado, estabilidad económica, empleo, orden institucional, defensa de valores sociales tradicionales y gobernabilidad. Sus propuestas suelen organizarse alrededor de la idea de “recuperar el orden” y garantizar funcionamiento estatal, seguridad y estabilidad macroeconómica.

Aunque mantienen un Estado activo, lo plantean con un rol menos intervencionista que el observado en el subcluster 3A. La acción pública se orienta hacia el control territorial, el fortalecimiento de la seguridad interna, la disciplina fiscal, la confianza institucional y la reactivación económica, combinando políticas económicas convencionales con énfasis en valores, cohesión social y estabilidad.

Este subcluster reúne partidos cuyos programas presentan un patrón programático orientado a fortalecer el orden institucional y la estabilidad del país. Se caracteriza por integrar propuestas que buscan equilibrar:

1. orden y seguridad ciudadana, con énfasis en control del crimen organizado y fortalecimiento operativo del Estado;
2. estabilidad macroeconómica, mediante políticas de reactivación, disciplina fiscal y confianza para la inversión;
3. sostenibilidad fiscal, priorizando eficiencia del gasto, racionalización institucional y mejora de la gestión pública;
4. institucionalidad democrática y gobernanza, con propuestas de modernización del aparato estatal, transparencia y mejoras en la coordinación interinstitucional; y<
5. valores sociales y cohesión comunitaria, especialmente en algunos partidos que incorporan temas relacionados con familia, convivencia y tejido social.

Sus programas están dirigidos a públicos amplios (clases medias urbanas, sectores productivos, y zonas rurales) con mensajes que combinan modernización institucional con apelaciones a confianza, identidad y gobernabilidad.

A nivel de partidos:

• PUSC presenta un enfoque socialcristiano clásico, combinando mercado con políticas sociales y énfasis en orden institucional.
• PLN mantiene rasgos de su tradición desarrollista, aunque con un enfoque más centrista y pragmático. Su programa es amplio y estructurado, con propuestas integrales en seguridad, educación, infraestructura, empleo y gobernanza. Destaca la apuesta por formación docente, modernización curricular, STEAM y reducción de brechas territoriales, junto con medidas de reactivación económica, alianzas público-privadas y desarrollo regional. En materia institucional, impulsa interoperabilidad, digitalización y transparencia. En conjunto, se posiciona como un partido con alta cobertura temática, orientado a la estabilidad, la modernización y la gestión pública eficiente.
• PNR incorpora un marcado énfasis en familia, valores y orden, junto con propuestas de seguridad y combate al crimen organizado.
• PSD canaliza un discurso de ruptura con la política tradicional articulado con propuestas amplias de seguridad, productividad y gobernanza.
• PPSO desarrolla una propuesta que combina una narrativa de empoderamiento ciudadano (“pueblo soberano”) con un enfoque de seguridad, orden institucional y eficiencia administrativa. Su programa incorpora una visión de ruptura con las estructuras político-administrativas tradicionales (lo que el partido denomina “castas políticas”) y plantea mecanismos de control, supervisión y transparencia basados en tecnologías de gestión avanzada. Entre estos destaca la plataforma C7i, concebida como un sistema integral de comando, interoperabilidad, inteligencia financiera, seguimiento presupuestario y trazabilidad de compras públicas. Además, el PPSO articula líneas de acción orientadas al desarrollo económico local, la simplificación de trámites, el uso intensivo de herramientas digitales y la seguridad ciudadana, proyectando un modelo de Estado más ágil y con un mayor énfasis en la supervisión tecnológica de la función pública. En conjunto, su perfil programático combina orden, control, digitalización y participación ciudadana como ejes articuladores.
• PNG y PA se posicionan como partidos de “renovación”, con discursos de nueva política centrados en eficiencia, orden, empleo y desarrollo territorial.

En conjunto, el subcluster 3C agrupa partidos que comparten un patrón programático basado en:

• seguridad como prioridad estructural,
• orden institucional y gobernabilidad,
• disciplina fiscal y estabilidad económica,
• reactivación productiva,
• defensa de valores tradicionales (en varios casos), y
• modernización estatal sin renunciar al protagonismo del Estado.

No se trata de una categoría ideológica rígida, sino del patrón de similitud programática que emerge objetivamente del análisis de los 58 temas incluidos en la matriz y del comportamiento observado en los documentos.

Clúster 4 Cobertura temática focalizada (partidos de nicho)

Este clúster integrado por el Partido de la Clase Trabajadora (PDLCT) y el Partido Esperanza Nacional (PEN), se distingue por presentar agendas altamente específicas y con una cobertura temática limitada, aunque no tan reducida como la observada en el clúster de “Agenda mínima”. Ambos partidos se ubican fuera del bloque generalista porque no desarrollan una matriz amplia de propuestas, sino que concentran su oferta programática en temas reivindicativos, laborales, sindicales o sectoriales, con una carga ideológica marcada y coherente dentro de su propio marco conceptual.

Su orientación es intensa pero acotada: priorizan banderas particulares como derechos laborales, justicia social sectorial o demandas de grupos específicos, por encima de la construcción de una agenda integral de Estado. Aunque participan plenamente del sistema democrático, su lógica programática no busca competir con una plataforma nacional completa, sino representar nichos temáticos o poblacionales concretos, lo que explica su posición periférica respecto al resto del sistema de partidos.

Conclusiones sobre la clasificación de partidos políticos

La aplicación conjunta de la distancia Jaccard y el método UPGMA permitió identificar una estructura de clústeres consistente, estable y coherente con la configuración actual del sistema de partidos costarricense. El análisis confirma la existencia de un bloque generalista que constituye el eje central del panorama programático, integrado por partidos con alta amplitud temática, cobertura equilibrada de los principales ejes nacionales y vocación clara de disputa por el poder Ejecutivo y Legislativo. Este bloque contrasta con dos zonas periféricas, donde se ubican partidos que presentan agendas reducidas, menor diversificación temática o plataformas centradas en reivindicaciones sectoriales específicas.

Los casos de PUCD y UP ilustran la mayor distancia programática dentro del sistema: sus propuestas tienden a ser fragmentarias, menos desarrolladas o con menor coincidencia temática respecto al resto de partidos, lo cual evidencia que la amplitud programática sigue siendo un criterio diferenciador clave entre partidos con aspiraciones de gobierno y partidos cuya presencia es más bien testimonial, sectorial u orientada a nichos concretos.

La clasificación resultante no solo organiza el panorama electoral, sino que aporta una herramienta analítica útil para comparar agendas, interpretar afinidades programáticas, y comprender convergencias y rupturas internas del sistema de partidos. Asimismo, abre la puerta a nuevas líneas de investigación, como integrar esta taxonomía con técnicas de procesamiento de lenguaje natural para medir similitud textual, explorar patrones discursivos o identificar clivajes ideológicos no explícitos. De igual forma, los clústeres pueden cruzarse con datos de intención de voto, comportamiento territorial, financiamiento partidario, dinámica legislativa o trayectorias históricas, ampliando la comprensión del funcionamiento y evolución del sistema partidario costarricense.

En síntesis, la clasificación propuesta constituye un insumo metodológico riguroso y versátil que contribuye tanto al análisis académico como al debate público informado sobre la oferta política del país para las elecciones en Costa Rica 2026-2030.

¿Cómo pretenden solucionar los partidos políticos los 10 temas más relevantes?

El análisis comparado de los programas de gobierno permite observar no solo las prioridades temáticas de cada partido, sino también las rutas estratégicas que proponen para atender los problemas más urgentes del país. Aunque los enfoques varían entre énfasis en orden institucional, fortalecimiento del Estado social, modernización administrativa, innovación pública o desarrollo territorial, existe un punto de convergencia: la mayoría de los partidos reconoce que Costa Rica enfrenta un conjunto de crisis simultáneas que abarcan seguridad, educación, salud pública, competitividad económica, ambiente, infraestructura y gobernanza democrática. Ese diagnóstico compartido se traduce en propuestas concretas que buscan responder, desde perspectivas diversas, a los desafíos estructurales que se han acumulado en la última década.

Esta sección sintetiza las soluciones planteadas por cada agrupación política en diez áreas temáticas estratégicas para el periodo 2026-2030 (Imagen 5). A partir del análisis integral de los programas, se construyó una matriz comparativa que sistematiza las principales líneas de acción propuestas por los veinte partidos. Dicha matriz constituye un instrumento para visualizar cómo cada partido interpreta los problemas nacionales, qué mecanismos propone para resolverlos y qué prioridades establece dentro de su arquitectura programática. Así, esta sección sirve como puente entre el análisis cualitativo realizado en el informe y la representación estructurada que se presenta en el Apéndice 2.

Imagen 5: Los 10 temas más relevantes de los programas de gobierno 2026-2030

La tabla del apéndice 2 permite visualizar, de forma simultánea, cómo cada agrupación aborda temas como seguridad, educación, salud, transformación digital, empleo, sostenibilidad ambiental, finanzas públicas, infraestructura, transparencia y soberanía alimentaria. La riqueza del insumo radica en que revela tanto coincidencias programáticas como las claras diferencias ideológicas y estratégicas entre partidos.

Un aspecto clave es la diversidad de aproximaciones para resolver problemas estructurales. Mientras algunos partidos priorizan acciones de choque y aumento de la autoridad estatal otros ponen el acento en la prevención social, la educación, la cohesión comunitaria y la transparencia institucional como rutas para enfrentar la inseguridad y fortalecer la gobernanza democrática. Asimismo, en educación, la mayoría coincide en la urgencia de reformas profundas, pero difieren en el modelo de financiamiento, el alcance del 8% del PIB y el grado de incorporación de tecnologías emergentes en la enseñanza.

En materia económica, la tabla muestra un mosaico de estrategias que van desde medidas de liberalización y simplificación regulatoria, hasta políticas orientadas a la democratización de la riqueza, el fortalecimiento de las PYMES, el impulso de la economía del conocimiento y la atracción de inversión extranjera directa. También se evidencian grandes diferencias en la visión ambiental: algunos partidos impulsan estrategias basadas en transición energética, economía azul y protección de ecosistemas, mientras otros abogan por exploración de recursos naturales bajo esquemas regulados.

Finalmente, la tabla del Apéndice 2 constituye una herramienta de síntesis esencial para comprender de manera accesible cómo cada partido propone abordar los desafíos prioritarios del país. Su carácter comparativo facilita identificar patrones, vacíos, contradicciones y propuestas innovadoras. Además, permite contrastar la viabilidad política y técnica de las soluciones planteadas, contribuyendo a una lectura más informada del panorama electoral y del rumbo que podría tomar Costa Rica en el próximo periodo de gobierno.

CONCLUSIONES

El análisis integral de los veinte programas de gobierno revela una coincidencia transversal: Costa Rica enfrenta una crisis multidimensional que afecta seguridad, educación, salud, ambiente, infraestructura y gobernanza. Aunque cada partido interpreta la magnitud del problema desde ángulos distintos, todos reconocen que el país ha agotado su modelo institucional y productivo. Esta convergencia en el diagnóstico es excepcional dentro del sistema político costarricense y confirma que la transformación 2026-2030 solo será posible mediante una estrategia de Estado que trascienda los ciclos electorales.

En materia de seguridad y justicia, los partidos presentan un abanico amplio de soluciones que van desde medidas de choque (PLP, PUSC, PNR, PIN, CR1) hasta enfoques estructurales orientados a la prevención social (FA, CDS, PJSC). El surgimiento de propuestas tecnológicas de avanzada como el C7i del PPSO, los modelos de centros de mando del PLN, PA, UP y las fronteras virtuales propuestas por PIN muestra que la seguridad ya no se concibe solamente como despliegue policial, sino como un sistema basado en datos, inteligencia, ciberseguridad y coordinación interinstitucional. La coincidencia entre partidos tan distintos evidencia que la seguridad será, inevitablemente, un eje de integración nacional y una condición para la recuperación económica y social.

En desarrollo humano (educación, cultura y deporte), los partidos coinciden en la urgencia de revertir el apagón educativo. Mientras FA, CDS, PJSC y UP enfatizan el derecho universal, la equidad territorial y la inversión, partidos como PLP, PNR, PEL y PNG destacan la eficiencia del gasto, la modernización del currículo y la pertinencia laboral. El PA propone reformas profundas en conectividad y digitalización educativa, mientras partidos como Alianza Costa Rica Primero (CR1) y PIN integran la dimensión cívica y de valores. El PPSO, por su parte, aporta una visión basada en infraestructura tecnológica robusta, interoperabilidad y sistemas nacionales de información que permitirían monitorear el desempeño educativo en tiempo real. A pesar de matices, todos convergen en que sin STEAM, bilingüismo, IA y una reforma docente profunda, Costa Rica no podrá insertarse en la economía del conocimiento.

En economía, ambiente y sectores productivos, los partidos trazan visiones complementarias. PLP, PNG y PA impulsan la competitividad, la desregulación y la innovación tecnológica; FA, PDLCT y PIN subrayan la protección estratégica de sectores vulnerables; PUSC, PNR y CR1 proponen una ruta de productividad combinada con soberanía alimentaria y seguridad energética; PSL, UP y PJSC impulsan un modelo de desarrollo territorial inclusivo; y el PPSO introduce agendas de digitalización y monitoreo estatal aplicadas incluso a la gestión productiva. Esta diversidad, lejos de ser un obstáculo, constituye un mapa integral de opciones que podrían converger en un modelo híbrido capaz de equilibrar eficiencia, equidad y sostenibilidad.

Finalmente, todos los partidos ACRM, AC, CDS, CR1, FA, PA, PDLCT, PEL, PSD, PUSC, PEN, PIN, PJSC, PLN, PLP, PNG, PNR, PUCD, UP y PPSO, coinciden en que la reforma del Estado es la condición habilitadora para cualquier transformación sectorial. La demanda de transparencia radical, interoperabilidad, digitalización total, descentralización, meritocracia y simplificación administrativa constituye un consenso nacional sin precedentes. Aunque difieren en la profundidad del cambio, desde la constituyente propuesta por ACRM hasta la reorganización administrativa impulsada por PLP, PNG, PLN y PPSO, la visión compartida es clara: Costa Rica solo podrá recuperar la confianza ciudadana, fortalecer su democracia y proyectarse hacia una década de prosperidad si moderniza de raíz su institucionalidad. Esta alineación programática inédita constituye la base más sólida para un pacto nacional de transformación 2026-2030.

NOTA DE LOS AUTORES: DECLARACIÓN SOBRE LA AUTORÍA Y EL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES

El presente artículo es el resultado de un proceso riguroso de revisión sistemática, realizado completamente por el autor. Se inició con la revisión de los 20 programas de los partidos políticos presentados al Tribunal Supremo de Elecciones.

A partir de esta base documental, los autores desarrollaron una estructura conceptual clara y coherente, apoyándose en herramientas como NotebookLM, Paquete estadístico R y SPSS, que facilitaron la visualización de los principales ejes temáticos en forma de mapa conceptual y tablas estadísticas. Dicha estructura fue utilizada como base para la redacción del artículo, complementada con la organización y validación de referencias bibliográficas mediante el gestor Mendeley.

Si bien se emplearon recursos tecnológicos para organizar información y visualizar relaciones entre conceptos, la redacción, análisis crítico, integración de conocimientos, y curaduría de la información fueron realizados en su totalidad por el autor, lo que requirió la lectura y revisión de todos los programas de gobierno incluidos en este análisis.

Esta declaración busca anticipar y refutar cualquier objeción o duda sobre la autoría del documento en el contexto del uso creciente de herramientas de inteligencia artificial. La autoría humana de este artículo es íntegra y verificable, y responde al compromiso ético y académico con la producción científica original con apoyo de IA para estilo y ortografía.

Por transparencia se escribió un prompt para analizar artículo sometido a revisión:

Prompt

Analiza el siguiente documento y determina en qué medida pudo haber sido elaborado con inteligencia artificial. Realiza un análisis detallado que incluya:

1. Rasgos lingüísticos, estructurales y de estilo que sugieran redacción parcial o total con IA (ej. uniformidad excesiva, repetición de ideas, ausencia de errores, estilo genérico, exceso de conectores).
2. Elementos que indiquen trabajo humano (ej. datos internos, experiencias reales, detalles específicos de contexto).
3. Estimación porcentual del grado de intervención humana e IA, separando por secciones el análisis.
4. Conclusión sobre si el documento es mayoritariamente humano, mayoritariamente IA o híbrido.
5. Opcional: mapa o tabla de secciones con nivel estimado de intervención de IA.

Indica con claridad qué criterios utilizaste para llegar a cada conclusión. Usa un lenguaje claro, profesional y con base en evidencias textuales.

RESULTADO

1. Rasgos lingüísticos, estructurales y de estilo que sugieren intervención de IA

A lo largo del documento aparecen varios patrones claramente alineados con escritura asistida por IA, entre ellos:

1.1. Uniformidad estilística

• El tono es extraordinariamente homogéneo en todas las secciones: introducción, metodología, resultados y ejes temáticos.
• La longitud de las frases es relativamente similar; predominan estructuras sintácticas complejas y muy balanceadas.
• No aparecen giros personales, muletillas ni variaciones idiosincráticas típicas de escritura humana natural.

1.2. Abundancia de conectores (marca típica de IA)

Ejemplos del documento:

• “Por otro lado…”, “Finalmente…”, “En este sentido…”, “Posteriormente…”,
• “En cuanto a…”, “Asimismo…”, “Sin embargo…”, “De esta manera…”, etc.

Este patrón es precisamente uno de los criterios más fuertes de IA en el prompt.

1.3. Estilo altamente institucional y técnico

• Redacción muy pulida, sin errores, sin variaciones de tono.
• Uso consistente de frases como “se evidencia”, “se coincide”, “los partidos plantean”, “los programas indican”, síntesis típica de sistemas de IA entrenados para síntesis de políticas públicas.
• No hay “imperfecciones humanas”: repeticiones accidentales, desvíos retóricos, cambios de ritmo o interrupciones.

1.4. Estructura extremadamente organizada

• Los siete ejes tienen estructura idéntica: diagnóstico → propuestas → divergencias.
• Distribución casi matemática del texto.
• Aparición de patrones repetidos en la redacción.

Esto coincide con producción asistida por IA y con tu propio criterio del apartado 10.2.1.

2. Elementos que indican intervención HUMANA

Aunque hay muchas señales de IA, también vemos huellas claras de trabajo humano:

2.1. Datos institucionales reales y precisos

Incluyen:

• Nombres de partidos con año y apellido del autor del programa.
• Instituciones como CCSS, INA, PANI, MOPT, CTP, CNC, SFE, MAG, SENASA, etc.
• Conceptos técnicos específicos: AIS, VMS, medidas de PISA, tasas de homicidios, cifras de deserción, déficit habitacional, metas de inversión I+D.
• Detalles del TSE y del proceso electoral costarricense.

La IA no suele inventar listas completas de instituciones reales en orden exacto, sino que es producción humana.

2.2. Cohesión lógica entre los ejes temáticos

La profundidad conceptual —por ejemplo, la explicación del apagón educativo, el análisis institucional del MOPT, la descripción del sistema de pensiones IVM— es consistente con una lectura humana detallada de los programas.

2.3. Interpretación humana en los diagnósticos

Ejemplos:

• “El agro ha sido desmantelado”,
• “Costa Rica opera bajo un esquema de dualidad productiva”,
• “El mar es el nuevo gran campo de cultivo” (metáfora humana),
• “Dejar de administrar malas cosechas y modernizar la irrigación”.

Estas formulaciones son propias de un autor humano.

2.4. Elección temática y priorización

La selección de qué enfatizar en cada eje corresponde más a juicio humano que a generación automática.

3. Estimación porcentual de intervención IA vs. humano (por secciones)

A partir del análisis lingüístico, conceptual y estructural:

Promedio global estimado: ≈ 70% humano - 30% IA (documento híbrido)

4. Conclusión general

El documento presenta las características de un documento híbrido, en el que:

• El contenido, el análisis, las cifras, la selección temática y las interpretaciones son humanas.
• La redacción, la organización, la fluidez y la uniformidad estilística tienen una intervención fuerte de IA, probablemente mediante ChatGPT u otro sistema (coherente con lo declarado en la Metodología del propio documento, donde se reconoce su uso para “mejorar claridad y coherencia”).

REFERENCIAS

Aguilar, José. 2025. "PA Programa Partido Avanza" https://www.tse.go.cr/2026/docus/planesgobierno/PA.pdf

Alpízar, Claudio. 2025. "PEN Programa Partido Esperanza Nacional" https://www.tse.go.cr/2026/docus/planesgobierno/PEN.pdf

Alpízar, Luz Mary. 2025. "PSD Programa Partido Progreso Democrático" https://www.tse.go.cr/2026/docus/planesgobierno/PSD.pdf

Alvarado, Fabricio. 2025. "PNR Programa Nueva República" https://www.tse.go.cr/2026/docus/planesgobierno/PNR.pdf

Amador, Luis. 2025. "PIN Programa Partido Integración Nacional" https://www.tse.go.cr/2026/docus/planesgobierno/PIN.pdf

Caamaño, Douglas. 2025. "CR1 Programa Partido Alianza Costa Rica Primero" https://www.tse.go.cr/2026/docus/planesgobierno/CR1.pdf

Calzada, Ana Virginia 2025. "CDS Programa Partido Centro Democrático y Social" https://www.tse.go.cr/2026/docus/planesgobierno/CDS.pdf

Castillo, Ronny. 2025. "ACRM Programa Partido Aquí Costa Rica Manda" https://www.tse.go.cr/2026/docus/planesgobierno/ACRM.pdf

Díaz, Natalia. 2025. "UP Programa Unidos Podemos" https://www.tse.go.cr/2026/docus/planesgobierno/UP.pdf

Dobles, Claudia. 2025. "AC Programa Partido Coalición Agenda Ciudadana" https://www.tse.go.cr/2026/docus/planesgobierno/CAC.pdf

Feinzaig, Eliecer. 2025. "PLP Programa Partido Liberal Progresista" https://www.tse.go.cr/2026/docus/planesgobierno/PLP.pdf

Fernández, Laura. 2025. "PPSO Programa Partido Pueblo Soberano" https://www.tse.go.cr/2026/docus/planesgobierno/PPSO.pdf

Hernández, David. 2025. "PDLCT Programa Partido de la Clase Trabajadora" https://www.tse.go.cr/2026/docus/planesgobierno/PDLCT.pdf

Hernández, Walter. 2025. "PJSC Programa Partido Justicia Social Costarricense" https://www.tse.go.cr/2026/docus/planesgobierno/PJSC.pdf

Hidalgo, Juan Carlos. 2025. "PUSC Programa Partido Unidad Social Cristiana" https://www.tse.go.cr/2026/docus/planesgobierno/PUSC.pdf

Jaccard, Paul. 1901. Étude comparative de la distribution florale dans una portion des Alpes et du Jura. https://doi.org/10.5169/seals-266450

Jaccard, Paul. 1912. The distribution of the flora in the Alpine zone. New Phytologist, 11(2), 37-50. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1912.tb05611.x

Molina, Boris. 2025. "PUCD Programa Partido Unión Costarricense Democrática" https://www.tse.go.cr/2026/docus/planesgobierno/PUCD.pdf

Ramos, Alvaro. 2025. "PLN Programa Partido Liberación Nacional" https://www.tse.go.cr/2026/docus/planesgobierno/PLN.pdf

Robles, Ariel. 2025. "FA Programa Frente Amplio" https://www.tse.go.cr/2026/docus/planesgobierno/FA.pdf

Rodríguez, Marco. 2025. "PEL Programa Partido Esperanza y Libertad" https://www.tse.go.cr/2026/docus/planesgobierno/PEL.pdf

Zamora, Fernando. 2025. "PNG Programa Partido Nueva Generación" https://www.tse.go.cr/2026/docus/planesgobierno/PNG.pdf