La relación entre la responsabilidad social y la rendición de cuentas, desde la percepción del empresario de la provincia de Imbabura-Ecuador

INTRODUCCIÓN

Para tratar el tema de rendición de cuentas, es necesario profundizar en la materia de responsabilidad social empresarial y en sus orígenes que según Rauflet, Lozano, Barrera y García (2012) el concepto tuvo su origen en 1953 cuando Howard Bowen plantea por primera vez como una pregunta a la sociedad empresarial en su trabajo ¿cuáles son las responsabilidades de los empresarios?, iniciando un debate teórico de la responsabilidad de un empresario, sin embargo las acciones se materializarían décadas después, con la implementación de una normativa en firme conocida como la “La Directiva 2014/95 del Parlamento Europeo y del Consejo” (Bardel, 2019, pp. 46-48). Y aunque este concepto tuvo un largo recorrido para ser aceptado según Varela (2013); Correa (2007) ya para la década de 1960 la academia cubría temas como el desarrollo sustentable y sostenible de las empresas, respetando a la sociedad y al medio ambiente. En esta misma época Davis citado en (Monroy, 2013), propone que “la responsabilidad de las empresas se da en función de la cantidad de poder que éstas tienen sobre la sociedad” (p. 26), argumento que lleva a un intenso debate con Friedman (1970) quien afirma que la responsabilidad de los directivos no puede ser otra que aumentar los beneficios de sus accionistas; y declaró a la responsabilidad social empresarial (RSE) es una doctrina no apta para una empresa, argumentos que llevaría a desarrollar informes en la Unión Europea con enunciados donde “el principio rector de las empresas es que sean competitivas y rentables sin dejar de cumplir sus responsabilidades sociales” (Bardel, 2019, p. 36), y donde su rendición de cuentas no era todavía analizada sobre ninguna mesa de discusión.

Para el desarrollo de un informe no financiero “rendición de cuentas”, se necesitó el desarrollo teórico aportado durante la década de 1975 con estudios exploratorios para establecer las características y modelos como los de Sethi (1975), formado por tres etapas o el de Carroll (1979) constituido en cuatro categorías, que han sido útiles para llevar la teoría a la práctica. Sin embargo, Drucker (1984) presenta un avance teórico para implementar la responsabilidad social en las empresas que consiste en “que los negocios deben convertir la responsabilidad social en oportunidades de negocio” (Raufflet, Lozano, Barrera, & García, 2012, p. 5), concepto que se refleja en el desarrollo del Libro Verde “señalando que la RSE debe considerarse una inversión y no un gasto, al igual que la gestión de la calidad” (Bardel, 2019, p. 39) .

Pero el mayor desarrollo hacia un informe sería con aportes de Cochran, Wood y Jones (1985), plantean que la RSE debe ser implementada bajo principios, iniciando el debate de hasta dónde debe llegar la responsabilidad con el ambiente social y natural que le rodea a la empresa, llegando a repercutir en la creación de principios y normas escritas por organismos e instituciones orientados hacia esa finalidad.

Para la década de 1990, se habla de la competitividad como factor clave en la supervivencia de las organizaciones, las cuales debe atraer a los clientes con argumentos diferenciadores, para lo cual Wood (1991) sugiere relacionar la RSE con otras teorías administrativas. En 1995, Donaldson y Preston ponen un énfasis en las relaciones y reconocen un valor intrínseco de los grupos de interés externos. Y de esta forma inicia el debate de la forma de gestionar las relaciones con los grupos de interés desde un aspecto normativo y operacional, Kramer y Porter (2002); Kotler y Lee (2005) consolidaron con un marco de referencia explicando los beneficios desde un punto de vista mercadológico.

En el 2000 la RSE integra dos paradigmas el primero donde las empresas deben lograr un modelo de desarrollo sustentable, vinculado con actores de índole pública, social, y ambiental, con un segundo paradigma en la cual las empresas deben buscar la mejora de las relaciones con sus grupos de interés reduciendo el impacto ambiental. Y es en esta década que se desarrolla el Libro Verde definiendo un concepto de Responsabilidad Social Empresarial como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con los interlocutores” (Bardel, 2019, pp. 38-39). Definición que se traducía a un estándar mínimo, pues al ser voluntaria no era necesaria su aplicación.

Sin embargo, en las 2006 iniciativas como las de la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuyo objetivo fue el de recopilar casos éxitos de RSE, se sumaron a los del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ha financiado proyectos para el desarrollo de normas nacionales y regionales de RSE, también organismos como la International Standarization Organization (ISO), desde el 2005 hasta el 2011, ha trabajado en la generación de la denominada ISO 26000, pero manteniéndose el concepto del Libro Verde donde la RSE seguía siendo de aplicación “voluntaria para las empresas” según “Comunicación puesta en marcha de una asociación para el crecimiento y la creación de empleo: hacer de Europa un polo de excelencia sobre Responsabilidad Social Corporativa, de 22 de marzo de 2006.” (Bardel, 2019, p. 42)

Pero es a partir del 2011 con el Comunicación “Puesta en marcha de una asociación para el crecimiento y la creación de empleo: hacer de Europa un polo de excelencia sobre Responsabilidad Social Corporativa”, de 22 de marzo de 2006. (Bardel, 2019, p. 45) que la responsabilidad social pasa a ser de una ley suave (soft Law) a una ley rigurosa (Hard Law), y cambia el concepto de RSE de voluntario al siguiente se considera RSE “la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad” (Bardel, 2019, p. 45), adicionalmente se suma La Directiva 2014/95 del Parlamento Europeo y del Consejo, que introduce y regula el informe no financiero, convirtiéndose en obligatorio para las empresas, dentro de la Unión Europea.

Pero que sucede en América Latina, en Asia y en África, las organizaciones están interesadas en la responsabilidad social de las empresas en la medida en que ésta puede contribuir positivamente a sus objetivos estratégicos. Y todavía a nivel legal se sigue considerando a la responsabilidad social como un compromiso “voluntario de las empresas”, para asegurar un crecimiento económico, social y ambientalmente responsable y por lo cual la generación de acciones sigue siendo considerados una carga que para las empresas (Villacís, Suarez, & Güillín, 2016).

Adicionalmente, la Responsabilidad Social en América Latina y sobre todo entre los empresarios ecuatorianos se la suele confundir con filantropía. Es así que cuando se piensa en empresas socialmente responsables se trata de aquellas que son capaces de implementar una serie de prácticas relacionadas con aspectos tales como: buen gobierno dentro de la organización, desarrollo integral de sus colaboradores en el ámbito laboral e incluso en el familiar; desarrollo de proveedores, a quienes se los debe considerar como socios en su cadena de valor; buen relacionamiento con clientes y consumidores e incluso con la comunidad en la que opera la empresa; cuidado del ambiente; y aplicación de principios de derechos humanos, lo cual es transversal a las acciones de las empresas.

Según, Torresa (2012) menciona que más del 50% de las empresas ecuatorianas se interesa sustancialmente por derechos humanos, prácticas laborales y responsabilidad del producto. Un menor número de empresas se preocupa por temas como proveedores o gobernanza de la organización.

Partiendo de ellos lo verdaderamente importante en las empresas es ser socialmente responsables, es así que los empresarios ecuatorianos conciben a la responsabilidad social como un modelo de gestión que pasa por varios procesos: planificación, ejecución, monitoreo y, finalmente, evaluación.

Actualmente se cuenta con distintos instrumentos para facilitar la implementación de la responsabilidad social y la medición de los resultados de ésta. Es así como se dispone de la Guía G3 del Global Reporting Initiative (GRI), como una metodología para elaborar un reporte de sostenibilidad.

Es de vital importancia para las empresas contar con un documento que contenga indicadores de medición de responsabilidad social, lo cual facilitaría el proceso de comunicación de los avances de la empresa en temas de responsabilidad social a los diferentes grupos de interés.

Lamentablemente en el país es bajo el porcentaje de empresas que disponen de un reporte o informe de sostenibilidad o de un documento similar. Es menor aún la cantidad de reportes elaborados con base en la metodología del GRI.

Considerando que menos del 1% de las memorias de las empresas ecuatorianas serían elaboradas con la metodología del GRI, existe una gran preocupación sobre todo por parte de los empresarios imbabureños, quienes no disponen de un modelo de RSE eficiente y sustentable que les permita satisfacer los requerimientos tanto sociales como empresariales.

Responsabilidad social: factor clave de la gestión de los recursos humanos en las organizaciones del siglo XXI.

Según (Cornejo, 2009) una empresa es responsable cuando alcance los siguientes aspectos: Ofrecer productos y servicios que respondan a necesidades de sus usuarios, contribuyendo al bienestar, tener un comportamiento que vaya más allá del cumplimiento de los mínimos reglamentarios, optimizando en forma y contenido la aplicación de todo lo que le es exigible, aplicar la ética en todas las decisiones de directivos y personal con mando, y formar parte fundamental de la cultura de empresa, así mismo las relaciones con los trabajadores han de ser prioritarias, asegurando unas condiciones de trabajo seguras y saludables, respetar con dedicación el medio ambiente y atender a las necesidades de la comunidad en general.

Sin embargo, es lamentable que las empresas de Imbabura no logren cumplir con los requerimientos antes mencionados, ya que no disponen de una herramienta que les direccione hacia el cumplimiento de prácticas socialmente responsables y tampoco han aplicado indicadores para la evaluación y seguimiento de la gestión de RSE.