Año 25, n.º 51: 63-93,
enero-junio 2026
El trabajo infantil en Costa Rica como
una vulneración de derechos: análisis y desafíos del contexto nacional durante
el periodo 2016-2024
Irene Ruiz-Jarquín *
https://orcid.org/0000-0002-9998-1667
*
Magíster en Derechos Humanos, de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), de
Costa Rica. Licenciada en Trabajo Social, de la Universidad Libre, de Costa
Rica. Coordinadora del Programa Becas de Estímulo de la UNED. Es autora de
varias publicaciones académicas. Correo: iruiz@uned.ac.cr
Resumen
Este ensayo aborda el trabajo infantil
en Costa Rica como una vulneración de los derechos
de la niñez y adolescencia. Su objetivo es examinar los factores
estructurales que explican su persistencia y analizar sus implicaciones
sociales en el contexto nacional durante el periodo 2016-2024. Desde una
aproximación teórica centrada en el enfoque de derechos humanos y la
perspectiva estructural de la desigualdad social, se analizan elementos como la
pobreza, las barreras en el acceso a la educación y las prácticas
socioculturales que inciden en esta problemática. La metodología se basa en una
revisión documental de investigaciones académicas, informes institucionales y
estadísticas oficiales, seleccionadas según criterios de pertinencia y
actualidad. Este análisis permite identificar tendencias como limitados avances
en la reducción del trabajo infantil y brechas en el acceso y permanencia en el
sistema educativo, así como diferencias por género y zona geográfica. Se
concluye que su erradicación requiere un abordaje integral que articule
políticas públicas, fortalecimiento educativo, apoyo a las familias y acciones
interinstitucionales orientadas a la protección efectiva de los derechos de las
personas menores de edad.
Palabras
clave: protección de la infancia, pobreza, educación, derechos humanos,
legislación.
Recibido: 02 de setiembre de 2025
Aceptado: 15 de abril de 2026
Child labor in Costa Rica as a violation of
rights: analysis and challenges in the national context, 2016-2024
Abstract
This essay examines child labor in Costa Rica as
a violation of the rights of children and adolescents. Its aim is to explore
the structural factors that explain its persistence and to analyze its social
implications in the national context during the period 2016-2024. Drawing on a
theoretical approach centered on human rights and the structural perspective of
social inequality, the essay analyzes factors such as poverty, barriers to
educational access, and sociocultural practices that contribute to this problem.
The methodology is based on a documentary review of academic research,
institutional reports, and official statistics, selected according to criteria
of relevance and currency. This analysis identifies trends such as limited
progress in reducing child labor and gaps in access to and retention within the
education system, as well as differences by gender and geographic area. The
essay concludes that its eradication requires a comprehensive approach that
brings together public policies, educational strengthening, family support, and
interinstitutional actions aimed at the effective protection of the rights of
minors.
Keywords: child protection, education, human
rights, legislation, poverty.
Le travail des enfants au Costa Rica sous l’angle de la
violation des droits : analyse et enjeux du contexte national pendant la
période 2016-2024
Résumé
Cet essai examine le travail des enfants au Costa Rica en
tant que violation manifeste aux droits de l’enfance et de l’adolescence.
L'étude a pour objectif d'élucider les facteurs structurels qui expliquent sa
persistance et d’analyser ses implications sociales dans le contexte national
sur la période 2016-2024. À partir d’une approche théorique centrée sur la
perspective des droits humains et sur l’approche structurelle des inégalités
sociales, des éléments tels que la pauvreté, les obstacles à l’accès à l’éducation
ainsi que les pratiques socioculturelles qui influencent cette problématique
sont analysés. La méthodologie repose sur une revue documentaire des travaux
académiques, des rapports institutionnels et des données statistiques
officielles, rigoureusement sélectionnés pour leur pertinence et leur
actualité. Cette analyse permet d’identifier des tendances telles que les
avancées limitées dans la réduction du travail des enfants, les écarts dans
l’accès et le maintien dans le système éducatif, ainsi que des différences
selon le genre et la zone géographique. En conclusion, l'étude souligne que
l'éradication de ce fléau exige une approche intégrale articulant politiques
publiques, renforcement du système éducatif, soutien aux familles et actions
interinstitutionnelles orientées vers la protection effective des droits des
personnes mineures.
Mots-clés : éducation, droits humains,
legislation, pauvreté, travail des enfants.
Introducción
El trabajo infantil
constituye una problemática persistente a nivel global y regional, asociada a
profundas desigualdades sociales que afectan de manera particular a la niñez y
la adolescencia. A lo largo del tiempo, su comprensión ha evolucionado desde enfoques
centrados en la necesidad económica hacia perspectivas que lo reconocen como
una vulneración de derechos humanos, lo que ha impulsado el desarrollo de
marcos normativos y políticas públicas orientadas a su erradicación. En América
Latina, estudios desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han evidenciado su estrecha
relación con la pobreza, la exclusión educativa y las dinámicas socioculturales
que tienden a normalizar esta práctica en determinados contextos.
En particular, se ha
señalado que el trabajo infantil se concentra en mayor medida en hogares en
situación de pobreza y en zonas rurales, donde las limitaciones en el acceso a
servicios educativos y la informalidad laboral incrementan la probabilidad de inserción
temprana en actividades productivas[1].
Asimismo,
se ha documentado que en la región el trabajo infantil se vincula con
trayectorias educativas interrumpidas, especialmente en contextos donde los
niños, niñas y adolescentes deben alternar entre el estudio y el trabajo o
abandonar el sistema educativo de forma temprana[2].
De igual forma, factores socioculturales como la percepción del trabajo
infantil como una forma de aprendizaje o responsabilidad familiar contribuyen a
su persistencia, particularmente en comunidades en condición de vulnerabilidad[3].
El presente ensayo se
sustenta en el enfoque de derechos humanos y una perspectiva estructural de la
desigualdad social, los cuales permiten comprender el trabajo infantil como una
vulneración de derechos y no únicamente como una estrategia de subsistencia.
Desde este marco, se integran aportes conceptuales prevenientes de organismos
internacionales y de las ciencias sociales que vinculan el fenómeno con
condiciones como la pobreza, la exclusión educativa y las dinámicas
socioculturales, lo cual orienta el análisis hacia una comprensión integral del
problema.
La metodología
empleada corresponde a una revisión documental de carácter cualitativo, basada
en el análisis de investigaciones académicas, informes institucionales y estadísticas oficiales. La búsqueda de
información se realizó en bases de datos académicas, repositorios
institucionales y sitios oficiales de organismos nacionales e internacionales,
tales como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF).
La selección de
fuentes se realizó considerando criterios de pertinencia temática, actualidad
(2016-2024), confiabilidad institucional y relevancia analítica, priorizando
aquellos estudios e informes que abordan el trabajo infantil desde enfoques
sociales, educativos y de derechos humanos, con énfasis en el contexto
costarricense y latinoamericano.
El análisis de la
información se orientó a identificar patrones, tendencias y relaciones entre
variables asociadas al trabajo infantil, particularmente en lo referente a
factores socioeconómicos, educativos y socioculturales, así como a su
vinculación con el marco normativo vigente.
El presente ensayo
tiene como objetivo examinar el trabajo infantil en Costa Rica como una
vulneración de los derechos de la niñez y la adolescencia, a partir del
análisis de sus factores estructurales y de sus principales implicaciones
sociales en el periodo 2016-2024. Además, se plantea como tesis que el trabajo
infantil en Costa Rica se encuentra asociado a desigualdades estructurales
vinculadas con la pobreza, las brechas en el acceso a la educación y a factores
socioculturales, lo que limita el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y
la adolescencia evidenciando la necesidad de fortalecer las respuestas
institucionales desde un enfoque integral.
Desarrollo
En este apartado se
desarrolla el análisis del trabajo infantil desde una perspectiva integral, gracias,
en primer lugar, al abordaje de su conceptualización, así como el marco
jurídico nacional e internacional que regula esta problemática. Posteriormente,
se examina la situación actual en Costa Rica a partir de datos estadísticos, lo
que permite identificar sus principales manifestaciones. Finalmente, se
analizan los factores estructurales, educativos, familiares y socioculturales
que inciden en la persistencia del trabajo infantil, con el fin de comprender
sus causas y dimensiones desde un enfoque de derechos.
Sobre el concepto de trabajo infantil
El
trabajo es un derecho humano que dignifica, permite la satisfacción de
necesidades básicas del ser humano, además promueve el desarrollo personal y el
progreso social. A lo largo del tiempo, su significado ha ido transformándose, sin embargo, cuando se habla de trabajo
realizado por personas menores de edad, surgen cuestionamientos
importantes sobre si este constituye una forma de empleo o, por el contrario,
una vulneración a sus derechos fundamentales.
La
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el artículo «¿Qué se entiende
por trabajo infantil?», lo define como «todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y
su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico»[4]. De manera similar, el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS) en la guía informativa para Gobiernos locales
2021-2025, define el trabajo infantil de la siguiente manera:
Es todo trabajo o actividad económica realizada por personas
menores de 15 años de edad. Se puede desempeñar en cualquiera ámbito de la
economía: trabajo formal, trabajo informal, trabajo familiar (incluye el
trabajo doméstico), trabajo independiente (propio), otro. Implica riesgo y
peligro para el desarrollo integral. Limita el ejercicio pleno del derecho a la
educación (asistencia y rendimiento académico, entre otros). Causa daño a la
salud fisca, psicológica, moral y emocional. Es considerado absolutamente
prohibido en el artículo 92: Prohibición Laboral, de la Ley 7739.[5]
Aunado a este concepto, el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF), en el artículo «¿Qué es el trabajo infantil?», se define
como:
El trabajo que los niños no pueden realizar por su corta
edad o que, por su naturaleza o circunstancias, puede ser peligroso. A
diferencia de las actividades que ayudan al desarrollo de los niños (como
contribuir con las tareas domésticas livianas o aceptar un trabajo durante las
vacaciones escolares), el trabajo infantil causa daños a la salud, la seguridad
o el desarrollo moral del niño.[6]
Estos conceptos coinciden en reconocer el trabajo infantil como
una forma de vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo
que hace urgente garantizar su protección frente a cualquier forma de actividad
que obstaculice su desarrollo integral. Para ello es esencial la aplicación
efectiva de los instrumentos legales existentes y la ejecución de políticas que
favorezcan entornos seguros y saludables.
En este contexto, el marco jurídico tiene un rol clave, pues
establece los fundamentos legales para la defensa de los derechos de las
personas menores de edad. Diversos tratados internacionales, han impulsado a
los Estados a legislar contra el trabajo infantil, al tiempo que promueven
políticas públicas orientadas al bienestar integral de esta población. En el
siguiente apartado, se presentan los principales instrumentos legales –nacionales
e internacionales– que sustentan estos compromisos.
Acerca de la legislación existente
Con el fin de comprender el marco jurídico que protege y
regula las condiciones laborales de las personas menores de edad, es necesario
identificar la normativa tanto nacional como internacional que aborda el
trabajo infantil y adolescente. Este marco incluye las leyes y convenios
dirigidos a combatir esta práctica y prevenir cualquier forma de explotación
laboral que vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La Tabla 1 presenta
el marco jurídico nacional e internacional que regula el trabajo infantil y el
trabajo adolescente, también incluye los principales instrumentos normativos
orientados a la protección de los derechos de las personas menores de edad.
Tabla 1. Marco jurídico nacional e internacional sobre trabajo
infantil
|
Normativa |
Ámbito |
Resumen |
|
Convenio OIT 138 |
Internacional |
Establece la edad
mínima de ingreso al trabajo en 15 años, prohíbe labores peligrosas para
menores de 18 años y permite trabajos livianos entre los 13 y 15. |
|
Recomendación
OIT 146 |
Internacional |
Sugiere elevar
progresivamente la edad mínima laboral a 16 años y mejorar las condiciones
laborales de menores. |
|
Convenio OIT 182 |
Internacional |
Prohíbe y busca
erradicar las peores formas de trabajo infantil, como explotación sexual o el
trabajo forzoso. |
|
Recomendación
OIT 190 |
Internacional |
Detalla acciones
para eliminar las peores formas de trabajo infantil, garantiza el acceso a la
educación y procesos de recuperación para las víctimas. |
|
Convención
Internacional de los Derechos del Niño |
Internacional |
Reconoce el
derecho a la educación, la protección contra toda forma de explotación y el derecho
a un entorno seguro. |
|
Convención
Americana sobre Derechos Humanos |
Internacional |
Asegura
protección frente al trabajo forzado, la violencia y garantiza el derecho a la
educación y a vivir en familia. |
|
Constitución
Política de Costa Rica |
Nacional |
Establece el
interés superior del niño como principio rector, prohíbe el trabajo infantil riesgoso
y garantiza el acceso gratuito a la educación. |
|
Código de
Trabajo |
Nacional |
Define la edad
mínima laboral en 15 años, regula condiciones laborales y prohíbe empleos que
puedan ser nocivos. |
|
Código de la
Niñez y Adolescencia |
Nacional |
Establece
derechos de protección, desarrollo integral y educación, prohibiendo el
trabajo infantil. |
|
Ley N° 8922 |
Nacional |
Prohíbe trabajos
peligrosos para adolescentes y exige condiciones laborales seguras. |
|
Ley N° 9095 |
Nacional |
Penaliza la
trata de personas, especialmente cuando involucra a menores en situaciones de
explotación. |
|
Decreto N° 27516
(OATIA) |
Nacional |
Crea la Oficina
para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador. |
|
Decreto N° 34423
(Protocolo interinstitucional) |
Nacional |
Establece un
protocolo interinstitucional para la atención integral de menores en
situación laboral. |
|
Decreto N° 29220 |
Nacional |
Regula aspectos
de contratación laboral y salud ocupacional para adolescentes. |
|
Directriz MTSS
N° 09-2008 |
Nacional |
Coordina acciones
entre instituciones para garantizar condiciones seguras de trabajo y
permanencia educativa de las personas menores de edad. |
Fuente: Elaboración propia con base en la legislación
nacional e internacional[7],
2025.
La formulación e implementación de estos instrumentos
legales es fundamental para asegurar el respeto a los derechos de las personas
menores de edad. Estas normas no solo buscan eliminar condiciones de
explotación laboral, sino también promover entornos seguros que favorezcan el
crecimiento, aprendizaje y la salud integral de la niñez y adolescencia, como
parte de una sociedad más equitativa.
Los
instrumentos internacionales presentados establecen un marco integral de
protección que opera en distintos niveles. El Convenio 138 de la Organización
Internacional del Trabajo define la edad mínima de admisión al empleo, lo que
obliga a los Estados a regular el acceso al trabajo y prevenir la incorporación
temprana de personas menores de edad. Por su parte, el Convenio 182 establece
la prohibición y erradicación inmediata de las peores formas de trabajo
infantil, además impone la adopción de medidas urgentes de protección.
Las
recomendaciones 146 y 190 complementan estos convenios al orientar a los
Estados en la mejora progresiva de las condiciones laborales y en la
implementación de acciones específicas para la eliminación del trabajo
infantil, fortalecen el enfoque preventivo y de restitución de derechos.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos amplían este marco al reconocer el trabajo infantil como
una vulneración de derechos fundamentales, gracias al establecimiento de obligaciones
en materia de protección integral, acceso a la educación y garantía de un
entorno seguro.
Sin embargo, su efectividad depende en gran medida de una
correcta aplicación y de la articulación entre las instituciones encargadas, lo
cual requiere un esfuerzo sostenido en materia de fiscalización,
sensibilización y asignación de recursos. Solo mediante un cumplimiento efectivo
de estas disposiciones es posible construir un entorno donde los derechos de
las personas menores trabajadoras sean realmente respetados y promovidos.
Esta
reflexión busca no solo dar a conocer la normativa vigente, sino también vincularla
con el análisis del estado actual del trabajo infantil en Costa Rica. En este
sentido, resulta fundamental que a las personas menores de edad se les garantice
el acceso a sus derechos básicos, tales como la educación, la salud, la familia
y el tiempo libre, no por el contrario, que se encuentren inmersos en contextos
laborales que limiten su desarrollo integral.
Si bien
las causas que explican la incorporación temprana al trabajo son diversas, sus
consecuencias también lo son. Por eso, el rol de la sociedad, las familias y el
Estado a través de instituciones y organizaciones dedicadas a la atención y
protección de la niñez, es transcendental para garantizar el bienestar integral
de esta población.
Contexto del trabajo infantil
El trabajo infantil es un fenómeno global que refleja
desigualdades estructurales presentes en distintas sociedades. Para comprender
la situación específica de Costa Rica, es necesario primero considerar el
panorama mundial, ya que las tendencias internacionales proporcionan un marco
de referencia para analizar las causas, las consecuencias y las estrategias de
prevención.
Trabajo infantil en el mundo
A nivel mundial, el trabajo
infantil continúa siendo una problemática relevante que afecta a millones de
niños, niñas y adolescentes, especialmente en regiones con altos niveles de
pobreza y desigualdad. Al respecto, el informe conjunto de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), Trabajo infantil: Estimaciones mundiales 2020, tendencias y
el camino a seguir, señala que:
El trabajo infantil sigue siendo
un problema persistente en el mundo hoy en día. Las últimas estimaciones
mundiales indican que 160 millones de niños –63 millones de niñas y 97 millones
de niños– se encontraban en situación de trabajo infantil a nivel mundial a
principios de 2020, lo que representa casi uno de cada diez niños en todo el
mundo. Un total de 79 millones de niños –casi la mitad de todos los niños en
situación de trabajo infantil– realizaban trabajos peligrosos que ponían
directamente en peligro su salud, seguridad y desarrollo moral.[8]
Si bien en las últimas décadas se
han registrado avances en su reducción, estos han sido desiguales y se han
visto afectados por crisis económicas, sociales y sanitarias recientes, lo que
ha evidenciado la persistencia de factores estructurales que reproducen esta
problemática a nivel global. El informe advierte que, desde 2016, los avances
en la erradicación del trabajo infantil se han detenido. Aunque el porcentaje
de menores afectados se ha mantenido estable, el número total ha aumentado en más
de ocho millones. A esto se suma el impacto negativo de la pandemia por
COVID-19, que ha puesto en riesgo los logros alcanzados. Las proyecciones
estimaban que, sin medidas urgentes, cerca de 8,9 millones de niños, niñas, y
adolescentes adicionales podrían verse obligados a trabajar debido el
incremento de la pobreza provocada por la crisis sanitaria[9].
Este escenario también es señalado
en la Hoja de ruta para hacer de Costa Rica un país libre de trabajo infantil y
sus peores formas 2021-2025[10], donde se advierte que el
panorama global representa una llamada de atención frente al compromiso
internacional de erradicar el trabajo infantil para 2025. El informe plantea un
reto urgente: o se asumen acciones a gran escala con voluntad política y
recursos suficientes, o el objetivo se postergará durante varios años más[11].
Un aspecto especialmente
preocupante es el aumento del trabajo infantil entre los niños y niñas más
pequeños. Aunque se registraron avances entre los grupos de 12 a 17 años, se
evidenció un crecimiento en la participación laboral de menores de 5 a 11 años.
En comparación con 2016, en 2020 había 16,8 millones más de niños y niñas en
ese rango de edad trabajando[12].
Gilbert F. Houngbo,
director general de la OIT, reiteró en un comunicado que «actualmente más de
160 millones de niños están trabajando y que la mitad de ellos lo hacen en
condiciones que ponen en riesgo su salud física y mental»[13]. Señaló además que esta
situación no suele deberse a negligencia de los padres, sino a profundas
desigualdades sociales. En sus palabras: «El antídoto contra el trabajo
infantil causado por la pobreza es trabajo decente para los adultos, para que
puedan mantener a sus familias y enviar a sus hijos a la escuela, y no a
trabajar»[14].
Por su parte, Manuela Tomei, subdirectora
general de Gobernanza, Derechos y Diálogo de la OIT, destacó que «el total
actual de 160 millones de niños trabajadores ha aumentado en más de ocho
millones desde 2016 –el primer aumento
en décadas y el resultado de guerras, disturbios civiles y pobreza»[15]. A pesar de avances
importantes como la ratificación universal del Convenio 182, aún persisten
millones de niños y niñas en condiciones laborales inaceptables. Tomei,
calificó esto como «lo más opuesto a la justicia social, y añadió que no se
puede subestimar la importancia de las protecciones sociales universales»[16].
Frente a estas cifras, es evidente
e indispensable que los gobiernos, organismos internacionales y la sociedad
civil articulen acciones y destinen recursos adecuados para avanzar en la
erradicación del trabajo infantil. Esta práctica afecta directamente la salud,
la seguridad y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.
En Costa Rica, si bien se han
logrado avances en la defensa de los derechos de las personas menores de edad y
en la formulación de políticas públicas enfocadas en este tema, aún persisten
retos significativos. Las cifras más recientes evidencian que continúan las desigualdades
y vacíos que demandan atención prioritaria y acciones sostenidas para
garantizar una protección efectiva.
En este contexto, el
comportamiento del trabajo infantil en Costa Rica no puede analizarse de forma
aislada, sino como parte de una dinámica regional en la que persisten brechas
estructurales relacionadas con la desigualdad, el trabajo informal y las
limitaciones en el acceso a sistemas educativos inclusivos y de calidad. De
esta manera, el escenario global no solo evidencia la magnitud del problema,
sino que permite comprender que los desafíos nacionales responden a tendencias
más amplias que requieren respuestas integrales y sostenidas.
Trabajo infantil en Costa Rica
Es importante señalar
que, de acuerdo con la legislación costarricense, la edad mínima para trabajar
es de 15 años, por lo que las labores realizadas por personas menores de esa
edad se consideran trabajo infantil y son actividades prohibidas, no obstante,
las estadísticas oficiales, como la Encuesta Nacional de Hogares, utilizan el
rango etario de 12 a 17 años, lo que incluye tanto situaciones de trabajo
infantil como de trabajo adolescente permitido bajo condiciones específicas. En
este sentido, los datos presentados deben interpretarse con cautela, con el
reconocimiento de esta distinción normativa para evitar generalizaciones que
puedan invisibilizar las diferencias entre ambas categorías.
Costa Rica ha mostrado un firme
compromiso en la eliminación del trabajo infantil y adolescente, para ello, se
han implementado dos planes nacionales, el primero entre 2015 y 2020, y el
segundo en el periodo 2020-2025, con la meta de erradicar esta problemática
para 2025. A pesar de contar con un alto índice de desarrollo humano, el país
no escapa a esta realidad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), en 2024 había 7358 personas menores de edad entre 12 y 17 años, en
situación de trabajo infantil[17], lo cual representa una
cifra relevante dentro del contexto nacional.
Tabla 2. Costa Rica. Población de 12 a 17 años por condición de actividad y tasas según zona y sexo
|
Zona y sexo |
Población total
(12-17 años) |
En fuerza de
trabajo |
Ocupada |
Desocupada |
|
Total país |
465 097 |
11 921 |
7358 |
4563 |
|
Zona |
||||
|
Urbana |
319 573 |
5757 |
2971 |
2786 |
|
Rural |
145 524 |
6164 |
4387 |
1777 |
|
Sexo |
||||
|
Hombre |
245 618 |
9744 |
5954 |
3790 |
|
Mujer |
219 479 |
2177 |
1404 |
773 |
Fuente: Con base en INEC-Costa Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2024[18].
Como se observa en la Tabla 2, los
datos del INEC revelan que la participación de personas menores de edad en
actividades laborales presenta diferencias significativas según zona geográfica
y sexo. En las zonas rurales existe una mayor participación de personas menores
de edad en la fuerza de trabajo (6164) en comparación con las zonas urbanas
(5757). Estos resultados no solo evidencian diferencias en la participación
laboral según zona geográfica y sexo, sino que también reflejan desigualdades
estructurales más profundas. La mayor presencia de adolescentes en la fuerza de
trabajo en zonas rurales sugiere limitaciones en el acceso a oportunidades
educativas y laborales para las personas adultas, lo que incrementa la presión
sobre los hogares y favorece la incorporación temprana de las personas menores
de edad al trabajo.
Asimismo, se identifica una brecha de
género significativa, donde los hombres presentan una mayor participación
laboral (5954) en comparación con las mujeres (1404). Desde una perspectiva de
género, esta diferencia puede explicarse por la persistencia de roles
tradicionales que asignan a los hombres actividades productivas visibles,
mientras que las niñas y adolescentes suelen asumir tareas domésticas y de
cuido no remuneradas, las cuales no siempre son reconocidas como trabajo en las
estadísticas laborales ni en las dinámicas económicas formales[19].
En conjunto, estos elementos reflejan
que el trabajo infantil y adolescente no responde únicamente a decisiones
individuales, sino que se encuentra condicionado por estructuras sociales y
culturales que reproducen desigualdades y limitan el ejercicio pleno de
derechos.
Un aspecto relevante es el acceso a la
educación formal. Según el INEC, en 2024, el 56,1 % de las personas menores de
edad ocupadas no asistía a clases y las mujeres presentaban un rezago mayor: solo
el 23,9 % de ellas continuaba sus estudios, frente al 48,6 % de los hombres[20], tal como lo muestra la Tabla
3, donde
se evidencia que una proporción significativa de personas menores de edad
ocupadas no asiste al sistema educativo, lo que refleja una tensión directa
entre trabajo y educación.
Esta relación entre
participación laboral y exclusión educativa evidencia una tensión estructural
entre el derecho a la educación y las condiciones socioeconómicas de los
hogares. La necesidad de contribuir al ingreso familiar, sumada a las
limitaciones del sistema educativo para garantizar trayectorias inclusivas y
pertinentes, favorece la desvinculación progresiva de las personas menores de
edad del ámbito escolar. En este sentido, el trabajo infantil no solo
interfiere con la permanencia educativa, sino que también limita las
oportunidades futuras, lo cual consolida trayectorias de desigualdad que
tienden a reproducirse generacionalmente.
Tabla 3. Costa
Rica: Porcentaje de población de 12 a 17 años ocupada por asistencia a la
educación formal según zona y sexo
|
Zona y sexo |
Población
Ocupada |
|||
|
Total |
Asiste a la educación formal |
No asiste a la educación formal |
||
|
Total País |
7358 |
100,0 |
43,9 |
56,1 |
|
Zona |
|
|
|
|
|
Urbana |
2971 |
100,0 |
40,1 |
59,9 |
|
Rural |
4387 |
100,0 |
46,5 |
53,5 |
|
Sexo |
|
|
|
|
|
Hombre |
5954 |
100,0 |
48,6 |
51,4 |
|
Mujer |
1404 |
100,0 |
23,9 |
76,1 |
Fuente: Con base
en INEC-Costa Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2024.
Esta diferencia evidencia una
preocupante desigualdad de género, donde las adolescentes se ven más afectadas
en su derecho a la educación, asimismo, muchas de ellas realizan labores
domésticas no remuneradas, las cuales no se reconocen como trabajo. Esta
situación afecta de manera más marcada a las mujeres, lo que puede estar
vinculado tanto a desigualdades de género como a la asignación de
responsabilidades domésticas y de cuido no remuneradas[21],
las cuales no son
reconocidas como trabajo, pero limitan su continuidad educativa.
A pesar de los esfuerzos
nacionales e internacionales, desde el 2016 al 2020 se ha evidenciado un
estancamiento en los avances para reducir el trabajo infantil, situación que se
agravó con la pandemia de COVID-19. En este contexto, Costa Rica enfrenta un
momento crucial para reforzar su compromiso con la erradicación del trabajo infantil
y la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Según el X Estado de los derechos
de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad de Costa Rica, la «tasa de
ocupación de personas menores de edad es la más baja de Latinoamérica. En el
2020 Costa Rica fue aceptado como país pionero en la Alianza 8.7, un
reconocimiento por los esfuerzos que se realizan en la lucha contra dicho tipo
de trabajo; es decir, que el país está encaminado a alcanzar las metas 8.7 de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de ser un país libre de trabajo
infantil y adolescentes»[22].
En el marco de la Alianza 8.7,
Costa Rica ha implementado acciones concretas orientadas a la erradicación del
trabajo infantil, entre ellas la formulación de la Hoja de Ruta 2021-2025[23] para hacer del país un
territorio libre de trabajo infantil y sus peores formas. Este instrumento
establece líneas estratégicas enfocadas en la prevención, la protección de las
personas menores de edad y el fortalecimiento de la articulación interinstitucional,
además prioriza en el acceso a la educación, la atención de poblaciones en
condición de vulnerabilidad y la generación de oportunidades para las familias.
Estas acciones reflejan un
compromiso institucional que trasciende lo declarativo, aunque su efectividad
depende de la continuidad de las políticas públicas, la asignación de recursos
y la capacidad de implementación en los distintos niveles territoriales.
Asimismo, la pandemia no revirtió
los avances, «no afectó el proceso de disminución del trabajo infantil, es más
es en el 2023, que se nota un leve aumento del trabajo infantil, en contraste
con el 2022. En el 2023, la tasa neta de participación en el empleó bajó a 1,3 %;
sin embargo, la tasa más baja es la del 2022 con 1,1 %, en el 2023 dicha tasa
sube muy leve, tan solo en 0,2 %»[24]. A partir de los datos
presentados, es posible identificar que la relación entre trabajo y educación
no es homogénea, sino que afecta de manera diferenciada según el sexo, lo que
refleja la persistencia de patrones socioculturales que condicionan las trayectorias
de vida de las personas menores de edad. En este sentido, la menor
participación educativa de las adolescentes no solo responde a factores
económicos, sino también a dinámicas familiares y culturales que inciden en su
permanencia en el sistema educativo.
Desde un enfoque de
derechos, esta realidad representa una limitación en el acceso y permanencia en
la educación, lo que compromete las oportunidades de desarrollo a largo plazo y
contribuye a la reproducción de ciclos de pobreza y exclusión social.
Este escenario permite identificar
una tensión entre los logros alcanzados y los desafíos pendientes, evidenciando
que la erradicación del trabajo infantil requiere no solo de avances
sostenidos, sino también de intervenciones que aborden las desigualdades de
género y las barreras estructurales que afectan el acceso a la educación.
Causas del trabajo infantil en Costa Rica
El fenómeno del trabajo infantil en Costa Rica responde a
múltiples factores que se entrelazan e incluso refuerzan entre sí, por lo que
no es posible abordarlo desde una única causa. Entre las principales razones se
encuentran las condiciones socioeconómicas, sociales y culturales que producen
desigualdad. La pobreza extrema y las limitaciones en el acceso a una educación
inclusiva y de calidad evidencian un modelo socioeconómico que no ofrece las
mismas oportunidades para toda la población.
Esta situación obliga a muchas personas menores de edad,
especialmente aquellas que viven en contextos vulnerables, a incorporarse
tempranamente al trabajo, frecuentemente en actividades como la agricultura, el
comercio informal, la construcción o el trabajo doméstico. Frente a este
panorama, se vuelve necesario promover una reflexión crítica que permita
identificar los factores que profundizan esta problemática y al mismo tiempo,
generar acciones concretas que contribuyan a su eliminación.
Factores socioeconómicos: la pobreza y su impacto en el trabajo
infantil
En el país, la pobreza continúa siendo uno de los
principales factores que propician el trabajo infantil. De acuerdo con datos
del INEC, para 2024, «el 18 % de los hogares costarricenses se encontraban en
condición de pobreza, lo que representa una reducción de 3,8 puntos
porcentuales respecto al año anterior. En cuanto al porcentaje de pobreza
extrema, esta afectaba al 4,8 % de los hogares, con una disminución de 1,5
puntos porcentuales en comparación con el 2023»[25]. Aun cuando estas cifras
muestran una mejora relativa, la pobreza sigue siendo una condición estructural
persistente y muchas familias con recursos limitados deben recurrir al trabajo
de sus hijos e hijas como una estrategia para complementar los ingresos del hogar,
especialmente cuando el acceso a oportunidades y servicios básicos –como la educación– es limitado.
Esta situación se refleja en los sectores donde
mayoritariamente se concentra el trabajo infantil, Según la Encuesta Nacional
de Hogares (ENAHO), realizada por el INEC en conjunto con el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, estima que «un total de 30 369 niños, niñas y
adolescentes de 5 a 17 años se encuentran ocupados en la producción económica,
aproximadamente el 3,1 % de la población total de ese grupo de edad.»[26]
Además se obtuvo que las principales actividades que realizan son «agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca con un 33,2 % seguido por el comercio al por
mayor y al por menor, reparación de vehículos y motocicletas con un 26,7 %, con
una mayor presencia en la Región Central y entre los hombres. Mientras que, en
el resto del país, la actividad agrícola es la que predomina»[27].
Factores educativos: desigualdades en el acceso a una educación
de calidad
El acceso desigual a una educación de calidad es otro factor
que impulsa el trabajo infantil en Costa Rica. Aunque se han logrado avances
importantes, sobre todo en la educación primaria, muchas personas menores de
edad siguen enfrentando obstáculos para continuar sus estudios, especialmente
en secundaria. Problemas económicos, sociales y la falta de apoyo adecuado
hacen que permanecer en el sistema educativo no siempre sea una opción posible.
Estudios y organismos internacionales han recalcado que
mejorar la educación ayuda a prevenir el trabajo infantil. En el Noveno
Estado de la Educación, se muestran algunas medidas como «atender los
problemas de pobreza de aprendizaje e invertir en la infraestructura y el
equipamiento de las escuelas[28].
Sin embargo, en este ámbito, el país tomó decisiones contrarias a estas
recomendaciones internacionales»[29].
Decisiones como la reducción del presupuesto en educación en los últimos años
han debilitado los programas de apoyo para estudiantes en situaciones
vulnerables.
En dicho informe la Contraloría General de la
República (CGR) señaló que «el presupuesto asignado al sector educación
respecto al Producto Interno Bruto para 2023 es el más bajo de los últimos 9
años (CGR, 2023), lo cual impacta negativamente los programas de equidad»[30]. Este escenario permite advertir
que las limitaciones presupuestarias no solo afectan la capacidad operativa del
sistema educativo, sino que inciden directamente en la reducción de
oportunidades para las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad. En
particular, la disminución de recursos destinados a programas de equidad
compromete la permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y
adolescentes que dependen de estos apoyos para continuar sus estudios.
Adicionalmente se analizó la situación de
estudiantes entre 4 y 18 años que viven en condición de pobreza y asisten a
centros educativos públicos, según datos del INEC. Los resultados señalan que
«la pobreza para este grupo de población pasó de 37 % en 2019 a un 44 % en
2020. Sin embargo, estima que, en ausencia de estas ayudas, la tasa de pobreza
hubiera pasado de 44 % a 54 % en esos años. Este análisis refleja la
vulnerabilidad de este grupo y el riesgo de incrementar su pobreza ante los
recortes en los presupuestos de las instituciones públicas que los atienden»[31].
A partir de estos datos, se puede interpretar
que las políticas de apoyo social vinculadas al sistema educativo cumplen un
papel fundamental en la contención de la pobreza, por lo que su debilitamiento
no solo incrementa las brechas existentes, sino que también aumenta el riesgo
de exclusión educativa y social.
Adicionalmente, posterior a la pandemia,
muchos niños, niñas y adolescentes enfrentan rezagos importantes en su proceso
de aprendizaje. «Según estimaciones del Banco Mundial y la Unicef, tras la
pandemia, la pérdida de aprendizajes para Costa Rica podría ser de entre uno y
dos años de educación formal. Junto a México y Ecuador, esta es una de las
cifras más altas registrada en América Latina, debido al extenso cierre de
centros educativos que tuvo el país»[32].
Este rezago educativo, sumado a las
condiciones económicas adversas, configura un contexto en el que la permanencia
en el sistema educativo se ve cada vez más comprometida. En este sentido,
cuando el sistema educativo pierde capacidad de respuesta, se incrementa la
probabilidad de que las personas menores de edad se desvinculen de la educación
formal e ingresen tempranamente al mercado laboral.
Lo anterior evidencia la necesidad de tomar
conciencia sobre los efectos que tiene reducir el presupuesto destinado a
garantizar el derecho a la educación, ya que cuando hay menos recursos se
limita el acceso y la calidad del sistema educativo, lo que puede aumentar la
deserción escolar y, en consecuencia, favorecer la incorporación temprana al
trabajo como estrategia de subsistencia familiar.
De acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC), el rezago escolar afecta al 28,5 % de la población
entre los 7 y 17 años de edad. Esta cifra, ya de por sí alarmante, se agrava
cuando se analizan las edades donde se concentra el abandono escolar. Según un
artículo publicado en Semanario Universidad, «los jóvenes entre 15 y 17
años presentan las tasas más altas de deserción, y del 2022 al 2023 esta
aumentó en un 142 %, pasando de 337 a 817 estudiantes fuera del sistema
educativo. Además, se señala que la mayoría de estos casos corresponden a
varones, lo que podría estar relacionado con presiones económicas y contextos
sociales que dificultan su permanencia en la escuela»[33].
Diversos organismos
internacionales han destacado la importancia de abordar el trabajo infantil
desde un enfoque integral. No obstante, más allá de estas aproximaciones,
resulta necesario reconocer que, en contextos como el costarricense, las
dinámicas sociales, familiares y económicas condicionan de manera significativa
las trayectorias de las personas menores de edad. En este sentido, se puede
sostener que el trabajo infantil no responde únicamente a factores
estructurales amplios, sino también a decisiones familiares mediadas por la
necesidad, así como a limitaciones institucionales que dificultan el acceso
efectivo a derechos. Esta lectura permite ampliar el análisis más allá de lo
normativo, incorporando una comprensión más situada del fenómeno.
Con el fin de complementar el
análisis del periodo 2016-2024, se incorporan datos recientes provenientes de
la Encuesta Nacional de Hogares 2024, los cuales permiten observar la situación
más actual de la población adolescente en relación con la asistencia al sistema
educativo. Esta información resulta relevante para identificar tendencias
recientes y factores asociados a la exclusión educativa en el país. Es así,
como la Tabla 4 presenta las principales razones por las cuales la población de
15 a 17 años no asiste a la educación formal en Costa Rica.
Tabla 4. Costa Rica.
Población de 15 a 17 años que no asiste a la educación formal y motivos de no
asistencia
|
Motivos de no
asistencia |
Total |
Primaria |
Secundaria |
||
|
Incompleta |
Completa |
Incompleta |
Completa |
||
|
Total |
23 924 |
661 |
4094 |
11 664 |
6587 |
|
Tiene que
trabajar |
1905 |
- |
- |
1395 |
510 |
|
Prefiere
trabajar |
1956 |
- |
817 |
804 |
- |
|
Tiene que cuidar
niños, ancianos u otras personas |
455 |
150 |
- |
305 |
- |
|
Tiene que ayudar
en oficios domésticos |
404 |
- |
- |
404 |
- |
|
No puede pagar
los estudios |
3092 |
- |
- |
769 |
2043 |
|
Problemas de
acceso al sistema escolar |
1921 |
- |
143 |
1154 |
624 |
|
Le cuesta el
estudio |
3868 |
190 |
1502 |
2019 |
157 |
|
No está
interesado en el aprendizaje formal |
5551 |
- |
1294 |
2653 |
1457 |
|
Embarazo o
matrimonio |
408 |
- |
- |
408 |
- |
|
Enfermedad o
discapacidad |
948 |
143 |
338 |
311 |
- |
|
No tiene edad |
531 |
178 |
- |
353 |
- |
|
Falta ganar
pruebas del MEP o exámenes de admisión |
2355 |
- |
- |
559 |
1796 |
|
Otro |
530 |
- |
- |
530 |
- |
Fuente: Con base
en INEC-Costa Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2024.
A partir de los datos presentados, se identifican factores
determinantes en la no asistencia a la educación formal de la población de 15 a
17 años. Entre los principales destacan la falta de interés en el aprendizaje
formal (5551 casos), las dificultades en el proceso educativo (3868), las
limitaciones económicas para costear los estudios (3092) y las barreras
asociadas a la aprobación de evaluaciones o procesos de admisión (2355).
Estos resultados evidencian que la exclusión educativa
responde a una combinación de factores que trascienden lo individual. Las
dificultades de aprendizaje y la falta de interés pueden vincularse con
debilidades en la calidad y pertinencia del sistema educativo, mientras que las
limitaciones económicas reflejan condiciones estructurales de desigualdad que
afectan la permanencia en el sistema. Esto demuestra que el trabajo infantil no
solo es consecuencia de la pobreza, sino también de un sistema educativo que
aún presenta barreras estructurales.
En este sentido, la educación, cuando es accesible y de
calidad, constituye una herramienta clave para la interrupción de ciclos de
pobreza y exclusión social. Organismos internacionales como la UNICEF han
señalado que «la educación sigue siendo la vía más prometedora a través de la
cual se puede superar la pobreza o vulnerabilidad socioeconómica infantil, por
lo que internacionalmente se reconoce el derecho a la educación de todos los
niños, niñas y adolescentes, lo que implica que no pueden ser excluidos del
sistema educativo, debiendo garantizárseles el acceso a educación de calidad y
el trato digno en la escuela»[34].
Asimismo, la presencia de motivos asociados al trabajo y a
las responsabilidades de cuido muestra cómo las dinámicas familiares y
económicas inciden en las trayectorias educativas, lo cual favorece la
inserción temprana en actividades laborales y limitando el ejercicio pleno del
derecho a la educación.
Un elemento relevante es que los factores asociados a la
desmotivación y a las dificultades en el proceso educativo superan en magnitud
a aquellos directamente vinculados con la necesidad de trabajar, lo que sugiere
que la exclusión educativa no puede explicarse únicamente por razones
económicas. Esta tendencia apunta a posibles limitaciones en la capacidad del
sistema educativo para responder a las necesidades, intereses y contextos de la
población adolescente, particularmente en etapas donde se incrementa el riesgo
de desvinculación escolar. Asimismo, la coexistencia de motivos económicos,
académicos y socioculturales evidencia que la no asistencia al sistema
educativo es el resultado de múltiples factores interrelacionados, donde las
condiciones del hogar, las exigencias del entorno y las características del
sistema educativo interactúan de manera simultánea. En este contexto, el
trabajo infantil y adolescente no solo aparece como una alternativa económica,
sino también como una respuesta frente a trayectorias educativas interrumpidas
o poco significativas, lo que refuerza la necesidad de abordar esta
problemática desde un enfoque integral que articule políticas educativas,
sociales y de protección.
En conjunto, estos resultados permiten identificar los
principales factores asociados a la exclusión educativa, los cuales serán
analizados en el siguiente apartado, desde una perspectiva estructural y de
derechos.
Factores culturales y familiares: Tradiciones que promueven
el trabajo infantil
Los factores identificados en el análisis previo evidencian
que el trabajo infantil y la exclusión educativa responden a una compleja
interacción de elementos estructurales, familiares y socioculturales. Más allá
de los datos cuantitativos, estos factores permiten comprender cómo las
condiciones de vida de los hogares, las dinámicas familiares y las limitaciones
del sistema educativo configuran escenarios que favorecen la incorporación
temprana de las personas menores de edad al trabajo y su desvinculación del
ámbito escolar.
El trabajo infantil no siempre se da únicamente por
necesidad económica, en muchas comunidades, puede estar influenciado por
costumbres familiares y culturales que ven como algo normal que niños, niñas y
adolescentes trabajen desde pequeños. En algunas zonas del país, es común que
las personas menores de edad colaboren en las labores productivas del hogar,
como en la recolección de café, caña, plátano, sin que se cuestione su edad ni
las condiciones en que lo hacen.
Según un comunicado de la OIT, en el 2022, «en Costa Rica 30
369 niños, niñas y adolescentes trabajan, lo que significa el 3,1 % de la
población de ese grupo de edad. Siete de cada diez cuentan con la edad
mínima legal para trabajar, pero de éstos, la mitad realiza trabajos peligrosos
e insalubres»[35]. Otro aspecto preocupante
es que gran parte del trabajo infantil ocurre dentro de las propias familias.
El 72 % de todo el trabajo
infantil y el 83 % del trabajo infantil entre los niños de 5 a 11 años se
produce en el seno de las familias, principalmente en las explotaciones
agrícolas familiares o en microempresas familiares. El trabajo infantil basado
en la familia es a menudo peligroso a pesar de la percepción común de que la
familia ofrece un entorno de trabajo más seguro. Más de uno de cada cuatro
niños de 5 a 11 años y casi la mitad de los niños de 12 a 14 años que trabajan
en familia lo hacen en labores que pueden perjudicar su salud, seguridad o
moralidad.[36]
Este tipo de trabajo, al formar parte de la rutina familiar,
muchas veces no se percibe como un problema, lo que dificulta su detección e
intervención. Para cambiar esta realidad es fundamental generar conciencia
sobre los derechos de las personas menores de edad y la importancia de su
desarrollo integral.
En este sentido, resulta necesario impulsar iniciativas
concretas como el desarrollo de proyectos de acción social en comunidades,
orientados a la sensibilización de las familias y al abordaje de las
condiciones que favorecen la inserción temprana en actividades laborales. Asimismo,
se requiere el fortalecimiento de políticas públicas mediante la asignación de
recursos que permitan sostener este tipo de intervenciones, así como garantizar
alternativas reales para las familias, considerando sus necesidades y el
contexto de sus comunidades. De esta forma, se podrán crear condiciones para
que niños, niñas y adolescentes puedan crecer, estudiar y desarrollarse
plenamente, sin verse obligados a trabajar.
En complemento de lo anterior, diversos organismos
internacionales han analizado esta problemática desde la perspectiva de la
niñez y la adolescencia. Desde el punto de vista de organismos especializados, el trabajo
infantil responde a una combinación de factores sociales, económicos y
familiares que inciden en la vida de las personas menores de edad. La OIT en el
2021 ha señalado «que la participación temprana en actividades laborales se
encuentra estrechamente vinculada a la pobreza, la exclusión educativa y a
dinámicas familiares en las que el trabajo es percibido como una forma de
contribución al hogar»[37].
Por su parte, la UNICEF indica que, «desde una dimensión
psicosocial, los niños, niñas y adolescentes pueden incorporarse al trabajo
influenciados por expectativas familiares, presiones económicas y normas
sociales que tienden a normalizar esta práctica, lo que puede afectar su
desarrollo integral y su permanencia en el sistema educativo»[38].
En este sentido, comprender el trabajo infantil desde la perspectiva de la
niñez y la adolescencia implica reconocer que no se trata únicamente de
decisiones individuales o familiares, sino de respuestas condicionadas por
entornos estructurales que limitan las oportunidades y configuran trayectorias
de vida marcadas por la desigualdad.
Desde una perspectiva analítica, las condiciones descritas
pueden ser comprendidas a partir del concepto de violencia estructural,
entendido como un tipo de violencia que no siempre es visible, pero que ocurre
cuando las condiciones sociales, económicas y políticas impiden que las
personas, y familias, accedan a derechos como
salud, alimentación, educación, vivienda y protección. Las
violencias estructurales en las familias, se manifiesta en pobreza,
desigualdad, sobrecarga de cuidado y riesgos para niñas, niños y adolescentes[39].
En este caso, la pobreza, la exclusión educativa, la
desigualdad de género y las condiciones laborales precarias no operan de forma
aislada, sino que configuran un entramado que restringe las oportunidades de
desarrollo de las personas menores de edad.
La incorporación temprana al trabajo, la desvinculación del
sistema educativo y la asignación de responsabilidades domésticas no
remuneradas constituyen manifestaciones concretas de esta forma de violencia,
en tanto no responden únicamente a decisiones individuales, sino a estructuras
sociales que reproducen desigualdades. Desde este enfoque, el trabajo infantil
no puede ser entendido únicamente como una problemática económica, sino como
una expresión de inequidades más profundas que afectan el ejercicio pleno de
los derechos de la niñez y la adolescencia.
Este enfoque permite comprender cómo diversas condiciones de
vulnerabilidad se articulan y profundizan entre sí, lo que resulta
especialmente relevante para el análisis de la interseccionalidad en el trabajo
infantil.
Conclusiones
El trabajo infantil
en Costa Rica constituye una problemática multifactorial asociada a condiciones
estructurales como la pobreza, la exclusión social y la desigualdad en el
acceso a la educación. El análisis realizado permite evidenciar que, si bien el
país cuenta con un marco normativo sólido y ha asumido compromisos
internacionales en la materia, persisten brechas significativas entre lo
establecido en la legislación y las condiciones reales que enfrentan las
personas menores de edad.
Gran parte de los
niños, niñas y adolescentes en el país realiza actividades laborales, muchas de
ellas en condiciones riesgosas que comprometen su salud física, emocional y su
desarrollo integral. Esta situación incide directamente en la deserción escolar,
lo cual genera un círculo de exclusión y reproducción de la pobreza.
Costa Rica ha
ratificado instrumentos internacionales y cuenta con la legislación nacional
como el Código de la Niñez y Adolescencia y decretos que regulan y prohíben el
trabajo infantil. No obstante, la brecha entre lo normado y lo vivido se
mantiene, en parte por la alta informalidad laboral, la limitada capacidad
institucional para fiscalizar y una débil conciencia social sobre la gravedad
del problema.
En este contexto,
la inserción temprana en actividades laborales no puede ser comprendida
únicamente como una respuesta a necesidades económicas, sino como el resultado
de la interacción entre factores estructurales, dinámicas familiares y
limitaciones del sistema educativo. La evidencia analizada muestra que la
desvinculación escolar, las dificultades de aprendizaje, las barreras
económicas y las prácticas socioculturales que normalizan el trabajo infantil
inciden directamente en la reproducción de ciclos de desigualdad y exclusión
social.
Asimismo, las
diferencias observadas según zona geográfica y género reflejan la persistencia
de desigualdades que condicionan las oportunidades de desarrollo de la niñez y
la adolescencia. En particular, la mayor participación en actividades laborales
en contextos rurales y la distribución desigual de roles entre hombres y
mujeres evidencian la necesidad de incorporar enfoques territoriales y de
género en el diseño de las políticas públicas.
En esta misma
línea, resulta fundamental incorporar un enfoque interseccional en el diseño e
implementación de políticas públicas dirigidas a la erradicación del trabajo
infantil. Las condiciones de vulnerabilidad que afectan a las personas menores
de edad no son homogéneas, sino que se encuentran atravesadas por factores como
el género, la condición socioeconómica, la ruralidad, la discapacidad y la
situación migratoria. En este sentido, las intervenciones deben reconocer estas
diferencias para evitar respuestas generalizadas que no logren atender las
necesidades específicas de cada grupo, lo que permitiría diseñar estrategias
más inclusivas y efectivas orientadas a garantizar el ejercicio pleno de los
derechos de la niñez y la adolescencia en contextos diversos.
Frente a este escenario,
la erradicación del trabajo infantil requiere el fortalecimiento de políticas
públicas inclusivas, sostenidas y con un enfoque preventivo. Entre las medidas
prioritarias deben destacar la garantía de un acceso equitativo a la educación,
el fortalecimiento de programas sociales orientados a la protección y bienestar
de las familias, la promoción de empleo digno para personas adultas y campañas
de sensibilización que cuestionen las prácticas culturales que naturalizan esta
forma de vulneración de derechos.
Además, es
necesario asegurar un equilibrio entre el derecho de las personas adolescentes
a trabajar en condiciones de protección, participación y desarrollo para que
puedan desenvolverse en entornos seguros; en ninguna circunstancia el trabajo
infantil debe convertirse en una forma de explotación o de sustitución del
Estado en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En este sentido se
recomienda fortalecer la fiscalización de las actividades laborales de las
personas menores de edad, desarrollar programas educativos y sociales
específicos que considere la interseccionalidad de género, discapacidad y
migración, y promover campañas de sensibilización dirigidas a familias y
comunidades sobre los riesgos y consecuencias del trabajo infantil. Asimismo,
resulta fundamental incentivar políticas de empleo digno para adultos que
reduzcan la necesidad de que las personas menores de edad trabajen y consolidar
la coordinación interinstitucional entre actores estatales y comunitarios.
En síntesis, la
erradicación del trabajo infantil en Costa Rica no depende únicamente de la
existencia de un marco normativo robusto, sino de la capacidad real del Estado
y la sociedad para intervenir sobre las condiciones estructurales que lo
originan. Esto implica no solo fortalecer la institucionalidad y la
fiscalización, sino también garantizar políticas sostenidas en educación,
protección social y empleo digno que permitan reducir las brechas que afectan a
la niñez y la adolescencia.
Abordar esta
problemática requiere comprender que el trabajo infantil no es un fenómeno
aislado, sino parte de un entramado de desigualdades que condicionan las
trayectorias de vida desde edades tempranas. En este sentido, su erradicación
constituye no solo un imperativo jurídico y ético, sino también una condición
necesaria para avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo e inclusivo
en el país.
Finalmente, futuras
investigaciones podrían centrarse en evaluar el impacto de programas sociales y
educativos sobre la reducción del trabajo infantil y la deserción escolar,
analizar las experiencias y percepciones de los niños, niñas y adolescentes
trabajadores, explorar la relación entre trabajo infantil, salud mental y
desarrollo socioemocional y examinar la eficacia de las políticas
interinstitucionales en la prevención de esta problemática, con el fin de
fortalecer la comprensión integral del fenómeno y orientar intervenciones más
efectivas.
Formato
de citación según APA
Ruiz-Jarquín,
I. (2026). El trabajo infantil en Costa Rica como vulneración de derechos:
análisis y desafíos del contexto nacional durante el periodo 2016-2024. Revista
Espiga, 25(51), 63-93.
Formato
de citación según Chicago Deusto
Ruiz-Jarquín,
Irene. «El trabajo infantil en Costa Rica como vulneración de derechos:
análisis y desafíos del contexto nacional durante el periodo 2016-2024». Revista
Espiga 25, n.o
51 (enero-junio, 2026): 63-93.
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[1] Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina (Santiago: CEPAL,
2018).
[2] Organización Internacional del Trabajo,
Trabajo infantil: Estimaciones mundiales 2024, tendencias y el camino a seguir (Ginebra:
OIT, 2025).
[3] UNICEF,
Child Labour: Global Estimates 2020, Trends and the Road Forward (Nueva
York: UNICEF, 2020).
[4] «¿Qué se entiende por trabajo infantil?»,
Organización Internacional del Trabajo, acceso el 22 de abril de 2025, https://www.ilo.org/es/temas/trabajo-infantil/que-se-entiende-por-trabajo-infantil
[5] Evelyn Contreras Acosta, Guía
Informativa para Gobiernos Locales. Cumplimiento del artículo 96 del Código de
la Niñez y la Adolescencia, Ley 7739, 6 febrero 1998. Recomendaciones generales
para el adecuado registro de las personas menores de edad que trabajan en el
cantón (San José: MTSS, 2021).
https://www.mtss.go.cr/seguridad-social/trabajo-infantil/trabajo-infantil/guia_informativa_gobiernos_locales.pdf
[6] «¿Qué es el trabajo infantil?», UNICEF,
acceso el 22 de abril de 2025, https://www.unicef.org/protection/child-labour
[7] Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio
sobre la edad mínima, 1973 (n.º 138) (Ginebra: Oficina Internacional del
Trabajo, 1973),
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• Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio sobre las peores
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Trabajo, 1973),
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• Organización Internacional del Trabajo (OIT), Recomendación sobre las peores
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• Ley 9095, de 26 de octubre de 2012, Ley contra la Trata de Personas y
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• Decreto Ejecutivo 27516, de 9 de diciembre de 1998, Crea Oficina de Atención
y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (La Gaceta 246 de 18 de diciembre de
1998),
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• Decreto Ejecutivo 34423, de 12 de febrero de 2008, Protocolo de Coordinación
Interinstitucional para la atención de las personas trabajadoras menores de
edad (La Gaceta 63 de 1 de abril de 2008),
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62794&nValor3=71873&strTipM=TC
• Decreto Ejecutivo 29220, de 30 de octubre de 2000, Reglamento para la
Contratación Laboral y Condiciones de Salud Ocupacional de las Personas
Adolescentes (La Gaceta 7 de 10 de enero de 2001),
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• Directriz 09-2008, de 10 de febrero de 2008, Directriz del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social n.º 09-2008. Directriz Intrainstitucional para la
Atención de las Personas Trabajadoras Menores de Edad (MTSS 10 de febrero de
2008),
https://www.mtss.go.cr/tramites-servicios/catalogo-tramites/menores-de-edad.html
[8] Organización Internacional del Trabajo y
UNICEF, Resumen Ejecutivo: Trabajo
infantil: Estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir
(Ginebra: OIT y UNICEF, 2021), 8, https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_norm/%40ipec/documents/publication/wcms_800301.pdf
[9] Ibíd., 9.
[10] La Hoja de Ruta es una estrategia nacional
liderada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con apoyo de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y articulación
interinstitucional, que establece líneas de acción orientadas a la prevención y
erradicación del trabajo infantil, incluyendo la identificación y seguimiento
de casos, la gestión de información y el abordaje del trabajo infantil en
cadenas de valor.
[11] Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Alianza 8.7 e Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo
Infantil, Hoja de ruta para hacer de Costa Rica un país libre de trabajo
infantil y sus peores formas 2021-2025 (San José: MTSS – Alianza 8.7 -
IRALCLTI, 2021), 7, https://www.mtss.go.cr/seguridad-social/trabajo-infantil/trabajo-infantil/hoja_ruta_2021_2025.pdf
[12] Ibíd.,
9.
[13] «Social
protection and decent work for adults: key to ending child labour», World
Economic Forum, acceso el 9 de mayo de 2025,
https://www.weforum.org/stories/2023/06/world-child-labor-day-social-protection-ilo-fao/
[14] Ibíd.
[15] Kurt Jensen, «Solución al trabajo
infantil: ayudar gobiernos a crear puestos de trabajo y cuidado de los niños», Diocese
of Tucson News, 16 de junio de 2023, acceso el 17 de mayo de 2025, https://news.diocesetucson.org/blog/solucion-al-trabajo-infantil-ayudar-gobiernos-a-crear-puestos-de-trabajo-y-cuidado-de-los-ninos.
[16] Ibíd.
[17] Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), Encuesta Nacional de Hogares, julio 2024, (San José: INEC,
2024), https://admin.inec.cr/sites/default/files/2024-10/reenaho2024.pdf.pdf
[18] Nota: La «fuerza de trabajo» corresponde a la población de 12 a 17 años
que se encuentra ocupada o en búsqueda de empleo.
[19] Organización Internacional del Trabajo, El
trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo
decente (Ginebra: OIT, 2018), https://www.ilo.org/es/publications/el-trabajo-de-cuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con
[20] Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), Encuesta Nacional de…
[21] Organización Internacional del Trabajo, El
trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo
decente (Ginebra: OIT, 2018), https://www.ilo.org/es/publications/el-trabajo-de-cuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con
[22] Universidad de Costa Rica (Proyecto EDNA),
Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica. X
Informe EDNA 2024 (San José, 2024), 67, https://edna.ucr.ac.cr/sites/default/files/2024-10/EDNA_%20COMPLETO%2015_10%20%281%29.pdf
[23] Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Alianza 8.7 e Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo
Infantil, Hoja de ruta para…, 7.
[24] Ibíd., 68.
[25] Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), Encuesta Nacional de Hogares (San José, Costa Rica, 2024), 49, https://admin.inec.cr/sites/default/files/2024
10/reenaho2024.pdf
[26] Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), Trabajo infantil y adolescente en Costa Rica, 2016. Magnitud y
características de las actividades productivas (económicas y no económicas)
realizadas por niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años (San José:
INEC-MTSS, 2016), 2,
https://www.mtss.go.cr/seguridad-social/trabajo-infantil/trabajo-infantil/enaho_2016_resumen.pdf
[27] Ibíd.
[28] Programa Estado de la Nación, Noveno
Informe Estado de la Educación (San José, 2023), 108, https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2023/08/EE-2023-Book-DIGITAL.pdf
[29] Programa Estado de la Nación, Noveno
Informe Estado de la Educación (San José, 2023), 108, https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2023/08/EE-2023-Book-DIGITAL.pdf
[30] Ibíd.
[31] Ibíd., 112.
[32] Monserrat Cordero Parra, «Crisis en
sistema educativo se profundiza, marcada por menor inversión e incapacidad del
MEP para ejecutar planes remediales», Semanario Universidad, 31 de
agosto de 2023, acceso el 20 de mayo de 2025, https://semanariouniversidad.com/pais/crisis-en-sistema-educativo-se-profundiza-marcada-por-menor-inversion-e-incapacidad-del-mep-para-ejecutar-planes-remediales/
[33] Paulo Fallas Quirós, «Abandono escolar en
Costa Rica», Semanario Universidad, 4 de diciembre de 2024, acceso el 20
de mayo de 2025, https://semanariouniversidad.com/opinion/abandono-escolar-en-costa-rica/
[34] Alianza para la Erradicación de la Pobreza
Infantil, Nacer y crecer en pobreza y vulnerabilidad: Implicancias y
propuestas para Chile (Santiago: UNICEF, 2021), 97, https://www.unicef.org/chile/media/6311/file/Nacer%20y%20crecer%20en%20pobreza%20Final%20.pdf
[35] Organización Internacional del Trabajo,
«Sector privado de Costa Rica analizó cómo mejorar aplicación de la debida
diligencia para prevenir el trabajo infantil», acceso el 26 de abril de 2025, https://www.ilo.org/es/resource/news/sector-privado-de-costa-rica-analizo-como-mejorar-aplicacion-de-la-debida
[36] Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Alianza 8.7 e Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo
Infantil, Hoja de ruta para…, 9.
[37] Organización Internacional del Trabajo y
UNICEF, Resumen Ejecutivo: Trabajo…
[38] UNICEF,
Child Labour: Global Estimates 2020, Trends and the Road Forward (Nueva
York: UNICEF, 2021), https://www.unicef.org/reports/child-labour-global-estimates-2020-trends-and-road-forward
[39] Aldeas Infantiles SOS, «¿Qué es la
violencia estructural y cómo se relaciona con las familias?», acceso el 20 de abril
de 2026, https://www.aldeasinfantiles.org.co/noticias/2026/violencia-estructural