Año 23,
N.º 47: enero - junio 2024
Endeudamiento informal: la vivencia
de los préstamos no regulados en seis mujeres costarricenses
Roberto Cascante-Vindas *
https://orcid.org/0000-0001-7587-2821
* Estudiante del Doctorado en
Ciencias Sociales sobre América Central, Universidad de Costa Rica (UCR), de
Costa Rica. Máster en Gerencia de Proyectos de Desarrollo por el Instituto
Centroamericano de Administración Pública (ICAP), de Costa Rica. Bachiller y licenciado
en Trabajo Social, UCR. Docente e investigador de la Carrera de Trabajo Social,
Sede de Occidente de la UCR, y de la Cátedra de Trabajo Social, Universidad
Estatal a Distancia. Correo: rocascante@uned.ac.cr
Resumen
El artículo expone parte de los
resultados del proyecto de investigación «Violencia
y endeudamiento: mecanismos que coartan los derechos humanos de personas
endeudadas en el sector informal costarricense», desarrollado en la Universidad Estatal a Distancia. Bajo un carácter descriptivo, a partir de la revisión de
antecedentes nacionales e internacionales y la participación de seis mujeres,
se logra comprender el impacto del endeudamiento informal en la historia de
vida de la población participante. Como parte de los hallazgos, las personas participantes evidenciaron una serie de
privaciones relacionadas con la educación, empleo formal y conocimientos
financieros; a su vez, la figura del crédito informal se destina a gastos
regulares requeridos para la reproducción de condiciones de vida (pago de
alquiler, alimentación o servicios básicos), con montos catalogados como «micro créditos», sujetos a plazos y condiciones
definidos a criterio de la persona prestamista; espacio en el cual, se
evidencian mecanismos coercitivos de presión y violación a la integridad de la
persona (amenazas, daño físico) para pagar la deuda.
Palabras clave: Dinero, deuda, microcrédito,
consumo.
Recibido: 8 de abril de 2023
Aceptado: 13 de setiembre de 2023
Informal
Indebtedness: The Experience of Unregulated Loans for Six Costa Rican Women
Abstract
The
article presents part of the results from the research project titled 'Violence
and Indebtedness: Mechanisms Restricting the Human Rights of Indebted
Individuals in the Costa Rican Informal Sector,' conducted at the Universidad
Estatal a Distancia (Distance State University). In a descriptive manner,
drawing on a review of national and international precedents and the
participation of six women, the impact of informal indebtedness on the life
stories of the participating population is understood. Among the findings,
participants revealed a series of deprivations related to education, formal
employment, and financial knowledge. Simultaneously, informal credit was used
for regular expenses necessary for the reproduction of living conditions (rent,
food, or basic services), with amounts categorized as 'micro-credits,' subject
to terms and conditions defined at the discretion of the lender. Within this
context, coercive mechanisms of pressure and violation of personal integrity
(threats, physical harm) are evident in the process of debt repayment.
Key
words: Consumption, debt, microcredit, money.
Endettement informel: l'expérience des prêts non réglementés chez six
femmes costaricaines
Résumé
Cet article expose une partie des résultats du projet de recherche intitulé «Violence et endettement:
mécanismes restreignant les
droits humains des personnes
endettées dans le secteur informel costaricain». Il a été
mené à bien à Universidad Estatal a Distancia (l'Université
de l’État à Distance), sous un caractère descriptif ainsi qu’à partir de la revue des antécédents nationaux et internationaux et de la participation
de six femmes, il est possible de comprendre l'impact de l'endettement informel dans l'histoire de vie de la population participant à l'étude. Parmi les découvertes, les participants ont montré une série de privations liées à l'éducation, à l'emploi formel et aux connaissances financières. Parallèlement, la pratique du crédit informel est destinée
à des dépenses régulières nécessaires à la reproduction des
conditions de vie (loyer, alimentation ou services de base), avec des montants qualifiés de «microcrédits», soumis à des échéances et des conditions définies selon le critère du prêteur. Dans cet espace, des mécanismes coercitifs de pression et de violation de l'intégrité de la personne (menaces, dommages physiques) pour rembourser la dette sont mis en évidence.
Mots-clés: Argent, dette, microcrédit, consommation.
Introducción
El presente artículo expone parte
de los resultados obtenidos en el proyecto
de investigación «Violencia y endeudamiento: mecanismos que coartan los
derechos humanos de personas endeudadas en el sector informal costarricense», desarrollado
en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a
Distancia. Este surgió en primer lugar
como inquietud de los vacíos investigativos y contextuales existentes en torno
al endeudamiento informal que enfrenta parte de la población costarricense; en
segunda instancia, ante la necesaria lectura de un objeto de investigación
tendencialmente asumido por otras ramas del conocimiento (ciencias jurídicas y ciencias
empresariales) a partir de una postura teórico-metodológica que, desde las ciencias
sociales, visualice a las personas endeudadas como sujetos de derecho, las
cuales se han visto privadas de formas que les permitan reproducir sus
condiciones de vida y, por ende, acceden por solicitar dinero a prestamistas
informales.
El
estudio comprende el endeudamiento como una expresión de desigualdad en el modo
de producción capitalista; recupera los aportes de Tambussi,
quien reconoce que el dinero materializado a través del crédito y la figura del
consumidor no se encuentran ajenas al
enfoque de derechos humanos[1];
y comprende la postura de García, quien posiciona el concepto de ciudadanía de
consumo para entender el endeudamiento dentro de la sociedad globalizada en la
que se vive actualmente[2].
A partir
de lo anterior, se planteó la interrogante: ¿Cómo se expresa el endeudamiento
informal en la reproducción de las condiciones de vida de seis familias costarricenses
lideradas por mujeres? Como objetivo, se propuso caracterizar el fenómeno del
endeudamiento informal experimentado por las mujeres participantes como violación
de derechos de las personas sujetas a él.
Metodología
La
investigación partió de un enfoque cualitativo, debido a que, a
partir de la recolección y análisis de datos se desarrolló una acción
indagatoria entre los hechos presentados y su interpretación, desde una noción circular
del objeto de estudio[3].
A su vez, fue de carácter exploratorio[4];
ya que, con base en la revisión de antecedentes, se denotó la carencia de
estudios suficientes que posibilitaran un conocimiento más amplio para la
formulación de potenciales hipótesis.
En el
proceso de acercamiento al objeto de estudio, se efectuó un Estado del
Conocimiento asociado con la producción académica en torno al tema (revistas
científicas y trabajos finales de graduación publicados principalmente a nivel
internacional), se recopilaron estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC) y se identificaron marcos
normativos asociados con el sector formal e informal; lo anterior, en un
periodo establecido entre 2003 y 2023.
Debido a
la escasa producción académica mencionada previamente y ante la necesidad de
comprender qué otras discusiones o potenciales puntos de acercamiento al tema
se encontraban presentes, se optó por incorporar noticias nacionales e
internacionales dentro de la investigación.
En aras
de particularizar el objeto, durante el 2022 y 2023 se llevaron a cabo
entrevistas a informantes clave institucionales considerados expertos/as en el
tema[5] y se
recuperaron los relatos de vida de seis mujeres endeudadas en el sector
informal; las cuales, fueron referidas directamente por otras personas
contactadas a lo largo de la investigación y quienes finalmente mostraron
interés en participar.
Análisis y discusión
Con el
fin de comprender el objeto de estudio planteado y su acercamiento, en los
siguientes apartados se teoriza en torno al endeudamiento informal desde una
postura de derechos humanos, se reconoce el alcance del tema estudiado por
otras personas autoras y se exponen los hallazgos del trabajo de campo
efectuado.
Hacia una lectura del endeudamiento
desde los derechos humanos
En
palabras de Lukács[6]
el ser humano, como un ser social, requiere transformar la naturaleza para la
satisfacción de sus necesidades básicas; dentro del modo de producción
capitalista, hombres y mujeres venden su fuerza de trabajo a cambio de un
salario o ingreso, configuración de la mercancía dinero que les permite
efectuar un intercambio con otras mercancías que ostentan un valor de uso[7].
Sin
embargo, a partir de las transformaciones del Estado Moderno, y bajo el
desarrollo del capital financiero especulativo, el salario se ha vuelto
insuficiente para reproducir las condiciones de vida a través del acceso a
determinados bienes y servicios; por lo que, el ser humano busca satisfacer sus
necesidades por medio de una serie de productos financieros, ofertados tanto
por el Estado como por el mercado.
Dentro
de la configuración del dinero se encuentra el crédito,
figura que si bien antecede a las sociedades capitalistas[8],
ostenta nuevas características que requieren una postura posicionada tanto en
una lectura histórica como desde un enfoque de derechos humanos. Mientras que
en el último siglo los Estados latinoamericanos han emprendido una serie de
regulaciones a través de mecanismos supervisores y normativa en la materia, el mercado
ha acrecentado su oferta e impactado lo que se puede denominar una ideología de
consumo dentro del pensamiento neoliberal.
Como
parte de la agenda estatal, el acceso al crédito y, por consecuencia, los
niveles de endeudamiento de la población son temáticas que están en pugna,
debido a la regularización y los espacios que el mercado encuentra para ofrecer
alternativas a la población para la satisfacción de sus necesidades, como parte
de una relación de oferta y demanda, sean que forman parte del sector formal
(regulado) o informal (no regulado); el carácter de Estado moderno deviene,
para Fallas[9], al ser
un producto histórico que ha emergido en el proceso de plena maduración del
capital, como forma de control metabólico social[10].
El
efectuar una lectura del endeudamiento desde el enfoque de derechos humanos
permite cuestionar la forma en la que se denomina al sujeto, en lugar de hacer
referencia a cliente o consumidor,
reconocemos el primer lugar el carácter de persona como sujeto
de derechos, tal como lo establece la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
En
palabras de Prieto Sanchís retomado por Tambussi[11],
los derechos humanos son una categoría ética, cultural e histórica, no una
concepción cerrada o acabada, que requiere leerse a la luz de las
transformaciones que viven las personas. Para el autor, la articulación entre
este enfoque y los retos asociados con la satisfacción de necesidades básicas a
través del acceso al crédito –un componente fundamental dentro del consumo
humano– se cataloga en los denominados derechos del
consumidor:
Los derechos del consumidor, al igual que los
derechos humanos, tuvieron origen en la necesidad de hacer valer el respeto a
la persona frente al creciente poder del Estado y del mercado, en la creencia
efectiva y con base fáctica que (sic.)
de no oponerse derechos fundamentales a esos factores de poder, la debilidad
del ciudadano aislado se transforma en indefensión y abandono.[12]
Para el
autor, el derecho a la dignidad humana es el fundamento común entre los
derechos humanos y el derecho al consumo, puesto que forman parte de un mismo
sistema, son interdependientes y se involucran otros valores como la vida, la
salud, el empleo, entre otros; a su vez, no pueden ser reducidos a una mera
dimensión económica, son tendencialmente universales y exigibles frente al
Estado. Con base en lo expuesto, la privación al consumo –en este caso de
servicios financieros asociados con el crédito– coloca en tela de duda el
respeto de la dignidad humana de determinados colectivos sociales.
Dentro
de la noción de derechos humanos y en torno a la discusión del acceso al
crédito, el Estado ostenta una dualidad: por un lado, como garante, y por otro,
como reproductor de lo excluyente. Como garante al generar los mecanismos para
que la población –principalmente la que se encuentra en situación de
vulnerabilidad– acceda a mecanismos de crédito a través de una oferta
institucional de índole inclusiva y abierta al reconocimiento de las diversas
particularidades de las y los sujetos; como reproductor de lo excluyente, al
representar una forma de violencia estructural que no posibilita que determinados
colectivos vulnerables puedan satisfacer sus necesidades básicas humanas, al
verse privados de mecanismos formales en torno al crédito y tener que buscar
alternativas por otros medios.
La
noción estructural queda evidente –al igual que acontece en otras formas de
injusticia social, pobreza y desigualdad– tanto en las relaciones económicas
como en los mecanismos dispares, evidentes para La Parra y Tortosa en la
discriminación institucional, la legislación que excluye y las mismas políticas,
entre otros aspectos[13].
Por otra
parte, dentro de una sociedad de base capitalista no puede ser pasada por alto
la influencia del mercado y la proliferación del consumo como parte de la
construcción de la identidad humana. Según lo discute García «[…] el consumo es
el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los
usos de los productos»[14]
en el cual, ante la proliferación de objetos, marcas, redes comunicacionales y
acceso al consumo, intervienen tanto aspectos simbólicos como el estatus, las
maneras de comunicarlos y las formas de reproducción de condiciones básicas de
vida. Es decir, el consumo en el modo de producción actual no se reduce al
intercambio económico únicamente; sino que, entabla relaciones y permite que
las personas satisfagan sus necesidades.
Endeudamiento informal como objeto
de estudio
Los escasos
estudios que refieren a endeudamiento en Costa Rica se centran en el sector
financiero formal; es decir, aquellas entidades fiscalizadas por la
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), entre las que se
encuentran: bancos públicos y privados, empresas financieras no bancarias,
mutuales de ahorro y préstamo, cooperativas de ahorro y crédito, entre otros
actores (art. 117 de la Ley No. 7558 Ley Orgánica del Banco Central).
Al
enfatizar en investigaciones relacionadas específicamente con «endeudamiento
informal» se detectó un vacío investigativo; puesto que, únicamente se logró identificar
nueve investigaciones internacionales vinculadas con la temática y dos nacionales
asociadas con sobreendeudamiento y créditos de consumo[15].
La
producción de conocimiento internacional ha destacado la figura del gota
a gota y su uso prevalente por parte poblaciones
vulnerables, privadas del acceso al sistema financiero. El fenómeno del gota
a gota emergió a finales de la década de 1990 en
Medellín, Colombia –cuna también del narcotráfico– y paulatinamente se ha expandido
a América Latina[16].
A pesar de encontrarse en otros países, las cabecillas de gran parte de las
redes criminales continúan siendo de nacionalidad colombiana[17].
Estudios
realizados por Arias et al[18],
Del Oro Sáez y Herranz[19]
y Wilkis[20]
recalcan que el endeudamiento obtenido a partir de financiamiento informal se
ha constituido en una estrategia de contención habitual de algunas personas y
sus familias para hacer frente a las dificultades financieras, al obtener dinero
prestado de familiares, amigos/as, personas conocidas, entidades locales o
prestamistas en general.
La preferencia de las personas por los créditos
informales en comparación con los créditos de la banca tradicional se debe
principalmente a los requisitos y demora para girar el dinero; sin tomar en
cuenta, los costos mayores y que los métodos de cobranza no son los más
adecuados ni legales. Siendo que, las personas que laboran en la informalidad
presentan mayor riesgo para las entidades formales y por ende, menos
posibilidades de acceder.[21] El énfasis en el costo elevado de intereses
y créditos de menor cuantía en la oferta informal de crédito es sostenido
también por Madera et al[22].
De la mano con lo explicado, Borráez
refiere que los préstamos informales (denominados gota a gota, crédito exprés o paga diario) operan bajo estructuras en su mayoría ilegales
que utilizan la rotación de capital para lavado de activos provenientes de
otros delitos y conjugan prácticas violentas para recaudar el pago de las
cuotas; así, se saca provecho de las necesidades económicas urgentes de
personas de bajos recursos, en su mayoría amas de casa, conductores de servicio
público, comerciantes informales y micro empresarios que ostentan pocas o nulas
posibilidades de acceder de manera rápida a un crédito en el sistema financiero[23].
En Ecuador, la misma desigualdad en la distribución
de la riqueza ha conllevado a persona empobrecidas a hacer uso de los préstamos
informales en mayor medida que las personas de estratos económicos superiores[24]. Para Martínez:
[…] aquellos prestamistas del mercado informal,
son minuciosos conocedores de las necesidades de los demás y saben los grandes
dividendos que generan las prohibiciones estatales. Se lucran de aquella
escasez, e inoportunidad, pertenecen a un estrato social alto y están
absolutamente seguros de que nunca (sic.) sus clientes
los denunciarán.[25]
Las variables que influyen en la decisión de las
personas de tomar créditos en el sector informal versus uno formal se centran
en el ingreso, la educación, el estado civil, el género y el acceso a seguros;
así como la edad. Para el caso de México, un 38.caso 2c6 % de la población
participa en el mercado informal, con el fin de subsanar principalmente gastos
de alimentación, personales o de servicios[26].
En Chile, las mujeres tienen mayor probabilidad que
los hombres de tenencia de una deuda informal con familiares o prestamistas,
por las mismas restricciones que genera el sistema financiero nacional[27]; mientras que el gota a gota llega a impactar también las alternativas de
microcréditos que los mismos Estados han fomentado para combatir la pobreza,
por ejemplo[28].
Al
carecerse de más investigaciones académicas vinculadas con el tema en Costa
Rica y ante la necesidad de disponer de antecedentes de índole contextual
relacionados con el objeto de investigación, se realizó una revisión de
noticias nacionales y del contexto latinoamericano que hicieran referencia a
endeudamiento informal.
En
Colombia, se alude que la forma de hacer frente a los mecanismos violentos y
amenazas para cobrar considerados usura en en dicho
país involucra la denuncia en las entidades judiciales correspondientes[29];
así como, esfuerzos para generar facilidades financieras a costos más bajos en
entidades financieras.[30]
Por su parte, en Perú se reconoce que son las pequeñas empresas[31]
y los hogares empobrecidos[32]
los que acceden a estos mecanismos de deuda informal.
Las
alternativas para hacer frente se centran, según personas expertas, en una
mayor bancarización y educación financiera[33];
no obstante, se han dado regulaciones que, para algunas posturas, se
constituyen en una llave para que las personas incrementen su participación en
el sector informal[34].
Al
aludir a los efectos del sobreendeudamiento, se ha notado una persistencia en
síntomas depresivos[35];
al enfatizar en los efectos de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (conocido
como COVID-19), países como Chile destacan un aumento del 30 % de los hogares
con deudas en el sistema informal[36]
por el alza en las restricciones del crédito en entidades reguladas[37].
En Costa
Rica, la población se ha visto expuesta a mayores riesgos y delitos que atentan
contra su vida por no hacer frente a las deudas[38];
el gota a gota se ha extendido hasta el
país[39], donde las
personas cobradoras dan alrededor de veinte a treinta días para devolver el
dinero, con un interés que oscila entre el 10 % y el 40 %[40],
además se han vinculado, ocultado, las acciones delictivas en otro tipo de
organizaciones o empresas de venta de bienes y servicios[41]
y el fenómeno ha mutado a nuevas formas de extorsión como el cobro de peaje
por operación en comercios[42].
Las
personas desempleadas y de menores ingresos presentan mayores dificultades para
acceder a créditos en entidades reguladas[43]
y, por ende, son más vulnerables ante el endeudamiento informal.[44]
A su vez, personas residentes de zonas rurales que se encuentran en condición
de pobreza destacan como víctimas, situaciones vulnerables, trabajos informales
y excluidas del sistema financiero[45],
así como, quienes se desenvuelven en labores asociadas con: taxistas
informales, pulperos y amas de casa[46].
En
síntesis, el análisis efectuado del objeto a nivel internacional destaca que el
fenómeno del endeudamiento informal particularizado en el gota
a gota se ha expandido paulatinamente a diversos países
de América Latina; a su vez, reconoce el uso de créditos informales por parte
de grupos vulnerables como mujeres, personas empobrecidas, taxistas, residentes
de zonas rurales y micro empresarios; quienes como clase trabajadora, no solo se
encuentran excluidos/as del sistema financiero nacional, sino también, en
riesgo al desconocer las fuentes de financiamiento del dinero prestado y
evidentes mecanismos coercitivos para el cobro de la deuda, con una posible
articulación con fuentes no fidedignas vinculadas con el narcotráfico.
Tipificación del endeudamiento formal
e informal
El
acercamiento efectuado al estudio del endeudamiento informal en la presente
investigación toma en consideración las categorías que median el endeudamiento formal;
ya que, su comprensión requiere recuperar los marcos normativos que regulan al
sistema financiero nacional y las diferencias que se gestan en los créditos
ofertados desde las instancias prestamistas no reguladas.
Según The Economist Intelligence Unit Limited, para el 2016 Costa
Rica se encontraba en el puesto número 27 –con un puntaje de 48 sobre 100– en
una lista que muestra el progreso de 55 países en materia de inclusión
financiera[47].
Más
recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) recalca que la adhesión de Costa Rica ha propiciado reformas en corto
plazo (reforma fiscal, fortalecimiento de la macro economía, entre otros
aspectos); al aludir al fomento de la inclusión, destaca una desigualdad social
que se agrava con disparidades en el acceso a productos financieros y una alta
informalidad en el sector laboral[48].
En este caso, recalca que «Los límites máximos de las tasas de interés no son
efectivos para brindar alivio de la deuda a los prestatarios sobreendeudados»[49],
con especial interés en que la fijación de límites estrictos también limita a
las personas solicitantes de crédito de bajos ingresos que cuentan con poca
solvencia a dirigirse a mercados informales.
En el
2017 Costa Rica destacó como uno de los diez países de América Latina con mayor
cantidad de personas endeudadas (Chile con 42 %, Panamá en 38 %, Costa Rica 35 %,
Brasil 27 %, Colombia 25 %, Bolivia 19 %, México 15 %, Uruguay 10 %, Paraguay 7
% y Argentina 4 %)[50].
Según
datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH 2018-2019), en el
2018 el 59.9 % de los hogares costarricenses contaban con al menos una deuda; entre
las cuales se incluían un 30.1 % con empresas comerciales, 28.7 % en créditos
con entidades financieras (no hipotecarios), 14.2 % en préstamos de vivienda, 9.8
% en tarjetas de crédito y 9 % con prestamistas y otros[51].
A partir
del 2020, resultado de los efectos de la pandemia por el COVID-19, el sobre
endeudamiento en los hogares costarricenses creció a un 46 %[52];
en el 2021, 74 % de las personas vivía con deudas y con base en la encuesta
nacional realizada por la OCF, el 65 % de las personas endeudadas debía más de
la mitad de sus ingresos mensuales futuros[53].
En los
últimos años, diversos países han generado disposiciones en protección de las
personas consumidoras; las cuales, para el caso de Costa Rica se evidencian en
un conjunto heterogéneo de normas en diversos campos jurídicos (Constitucional,
Civil, Comercial, Administrativo, Penal, de Competencia, Financiero, entre
otros)[54]. Previo
al establecimiento de relaciones de consumo (concreción) –entre las que se
encuentran los servicios de índole financiero–, el acceso al consumo como
derecho se encuentra comprendido dentro de las Directrices de las Naciones
Unidas para la Protección del Consumidor[55].
En aras
de tipificar el endeudamiento formal del informal, como antesala para
comprender en mayor medida este último, se presenta la Tabla 1.
Tabla 1.
Tipificación de endeudamiento formal e informal en Costa Rica
Categorías |
Sector formal |
Sector informal |
||
Entidades financieras |
Regulados no
supervisados |
Regulados |
No regulados ni
supervisados |
|
Regulación /
supervisión |
Reguladas y
supervisadas por SUGEF |
Reguladas por MEIC |
Reguladas por MEIC |
Sin regulación ni
supervisión |
Contrato |
Escrito |
Escrito |
Escrito |
Verbal |
Asociatividad |
Entidades financieras |
Sector comercial |
Sector comercial |
Ninguna |
Condiciones del
préstamo (monto, plazo y tasa de interés) |
Reguladas por
normativa del sector financiero |
Reguladas por
normativa del Código Civil y Código Mercantil |
Reguladas por
normativa del Código Civil y Código Mercantil |
No reguladas |
Garantía |
Reguladas por
normativa del sector financiero |
Reguladas por
normativa del Código Civil y Código Mercantil |
Reguladas por
normativa del Código Civil y Código Mercantil |
No reguladas |
Tipo de relación |
Financiera |
Mercantil |
Mercantil |
Informal |
Partes |
Persona jurídica
(prestamista) y persona física o jurídica (consumidor) |
Persona jurídica
(prestamista) y persona física o jurídica (consumidor) |
Persona física
(prestamista) y persona física o jurídica (consumidor) |
Persona física
(prestamista) y persona física (consumidor) |
Fuente: elaboración
propia, 2023.
Con base
en la Tabla 1, se plantea dos agrupaciones para comprender el endeudamiento en
la población costarricense: el referente al sector formal y el referente al
sector informal.
Dentro
del sector formal se encuentran tanto las entidades financieras como aquellas
reguladas, pero no supervisadas. En Costa Rica, el artículo 140 bis) y 141 de la
Ley No. 7558 Ley Orgánica del Banco Central establece la regulación y
supervisión de los grupos y conglomerados financieros definidos por el Consejo
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF); a su vez, el
artículo 117 de la supra citada ley establece que es responsabilidad de la
SUGEF la supervisión de determinadas entidades financieras[56].
A
diferencia de las entidades financieras reguladas por SUGEF, caracterizadas por
su relación y asociatividad financiera, las entidades reguladas, pero no
supervisadas, se gestan bajo una relación de tipo mercantil, ajustadas a lo
estipulado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en un
sentido abiertamente comercial dedicado al préstamo de dinero, fuera de la
supervisión y regulación de SUGEF.
En ambos
casos, existe una relación formal pactada entre las entidades (personas
jurídicas) y los considerados consumidores financieros
a partir de un contrato escrito, condiciones del préstamo y una garantía
establecida que se encuentra protegida por los respectivos marcos normativos.
Es decir, el Estado costarricense ha emprendido la regulación y ha creado
instancias públicas para la protección tanto de las entidades como de las
personas que acceden a un crédito en el sector formal.
Por otra
parte, dentro del sector informal se encuentran aquellas personas físicas
reguladas como las no reguladas ni supervisadas –énfasis por su vinculación con
el gota a gota–. La denominación dentro
del sector informal de personas reguladas refiere a una relación comercial
mediada por un contrato escrito que lo dota de formalidad, en el cual se establecen
las condiciones del préstamo y garantía; es decir, la regulación se encuentra
establecida a partir de la existencia de un contrato formal entre las partes
(personas físicas).
No
obstante, la discusión principal para la presente investigación se encuentra
dentro de los préstamos que se catalogan dentro de lo no regulado ni
supervisado; ya que, al no existir un contrato escrito sino verbal, las
condiciones del préstamo y garantía se encuentran a expensas de lo que la
persona prestamista dicte. A su vez, en el caso de Costa Rica no existe
normativa específica que proteja a las personas que solicitan este tipo de
créditos.
Resulta
interesante como, a pesar del alto endeudamiento e informalidad en los últimos
años, ha habido esfuerzos para regular a organizaciones que históricamente han
conformado el sistema informal de préstamos (tiendas departamentales, almacenes
de electrodomésticos, prestamistas informales y otras entidades)[57]
por medio de la supervisión de SUGEF[58]
y potenciales programas de salvamento a través de la oferta de créditos
dirigidos a personas sobre endeudadas[59].
Más
recientemente, se encuentra en corriente legislativa el proyecto de ley expediente
Nº 23 575 «Ley para la regulación y sanción del delito de préstamo gota a gota»,
que busca reformar el artículo 243 y agregar el artículo 243 Bis dentro del
Código Penal Ley Nº 4573 con el fin de ampliar los motivos de las penas de
prisión con la figura de la usura extorsiva[60].
Lo
anterior, basado en la materialización del endeudamiento informal denominado gota
a gota bajo la forma del delito; ya que, según datos del
Organismo de Investigación Judicial (OIJ):
[…]
desde enero del 2020 hasta
finales de setiembre del 2022, se han presentado ante ese organismo 689
denuncias, de las cuales 169 se realizaron en el año 2020, 261 en el 2021 y
hasta setiembre del 2022 ya llevan contabilizadas 259, presumiendo por la
dinámica presentada que este año 2022 cerrará con la mayor cantidad de
denuncias de este tipo, catalogadas por el OIJ por la modalidad de extorsión a
través del método de préstamos gota a gota.[61]
Reproducción de condiciones de vida
a través del endeudamiento informal
Los
relatos recopilados refieren a experiencias singulares del fenómeno,
ejemplificaciones que no se pueden generalizar al comportamiento del
endeudamiento informal en Costa Rica. Con el fin de conocer parte del perfil
socio-demográfico de la población participante, en la Tabla 2 se expone una breve
caracterización de las mismas[62].
Tabla 2.
Caracterización de las personas participantes
Persona |
Género |
Edad |
Provincia |
Nivel educativo |
Labor económica principal al solicitar
el crédito |
Persona
1 |
Mujer |
35 |
Heredia |
Primaria
completa |
Trabajadora
sexual |
Persona
2 |
Mujer |
44 |
Cartago |
Primaria
completa |
Trabajadora
doméstica |
Persona
3 |
Mujer |
33 |
Puntarenas |
Secundaria
completa |
Vendedora
de comidas |
Persona
4 |
Mujer |
31 |
Puntarenas |
Secundaria
completa |
Cuidadora
de personas menores de edad, ventas ocasionales |
Persona
5 |
Mujer |
31 |
Puntarenas |
Primaria
incompleta |
Trabajadora
doméstica |
Persona
6 |
Mujer |
37 |
Alajuela |
Primaria
incompleta |
Trabajadora
doméstica |
Fuente: elaboración
propia, 2023.
Resulta
relevante como el endeudamiento informal en la población participante se
presentó principalmente en familias lideradas por mujeres jóvenes que se
encontraban a cargo de personas dependientes (hijos/as menores de edad), con un
nivel educativo de primaria incompleta, labores económicas de baja remuneración
e ingresos irregulares –incluidos apoyos estatales– que las cataloga en situación
de pobreza o pobreza extrema. Incluso, en los casos en los que las personas
participantes contaban con pareja u otras personas integrantes del núcleo
familiar, estas se desempeñan en labores ocasionales o de baja remuneración:
Había días buenos y días malos. Mi papá es taxista
informal, en aquel entonces tenía sus 65 años, tal vez. Y él de ahí traía a la
casa lo necesario, el poquito de carne, el arroz, los frijoles. Él ya no pagaba
luz y agua, me tocaba a mí. Entonces te puedo decir que somos familia donde no
había alguien que generara dinero, de ahí una buena cantidad de dinero, porque
no había nadie estudiado, no había nadie preparado dentro de la casa, mi papá
pirata, una hermana mía no vivía en la casa. Yo me dedicaba a la prostitución;
entonces, no era algo que yo le dijera a usted «no a mi casa nunca faltó nada».
No, hubo sus momentos de escasez y por supuesto, había que resolverlo.[63]
Desde un
enfoque de derechos humanos, lo expuesto hace referencia a una serie de
privaciones en materia de educación y empleo; en las cuales, las personas
consideradas consumidoras
buscan maneras de reproducir sus condiciones de vida, encontrando en el mercado
de préstamos informales las posibilidades de financiamiento.
[…]
Al consumir (en cualquiera de sus
niveles) procuramos satisfacer al menos, e insoslayablemente, nuestras
necesidades elementales y alcanzar una adecuada calidad de vida. Ello nos lleva
a procurar en el ámbito llamado mercado (como espacio de intercambio), los
bienes y servicios que necesitamos. Somos, como consumidores, destinatarios
finales de todos los bienes y del producto de la actividad comercial.[64]
En este
sentido, se presenta una diferenciación fundamental con las finalidades de los préstamos
formales; ya que, las mujeres participantes de la investigación no solicitaron
préstamos informales con la finalidad de adquirir bienes que mejoren su estatus
o calidad de vida (vivienda, vehículo), tal como lo menciona García:
Los hombres [personas] intercambiamos objetos para
satisfacer necesidades que hemos fijado culturalmente, para integrarnos con
otros y para distinguirnos de ellos, para realizar deseos y para pensar nuestra
situación en el mundo, para controlar el flujo errático de los deseos y darles
constancia o seguridad en instituciones y ritos.[65]
En su
lugar, fueron requeridos para cubrir gastos asociados con servicios básicos
(agua, electricidad), alimentación, educación y pago de alquiler de su núcleo
familiar, práctica considerada riesgosa al ser gastos que se presentan de
manera regular en las familias[66]:
«No estaba sola, alquilamos una casita, para eso fue, en el momento en que el
muchacho se había quedado sin trabajo, tuvimos que adquirir esa plata para
solventar lo del alquiler y unos días de comida, mientras que se colocaba en
otro lado, pero no lo llamaron»[67].
Si bien,
parte de las personas participantes contaban con préstamos en entidades
reguladas o reguladas no supervisadas, el préstamo informal fue valorado una
opción al considerarse que presentaba menos tramitología y al suponer[68]
que carecían de requisitos para solicitar dinero en una entidad formal:
[…] si usted no tiene un seguro, si usted no tiene
una orden patronal, a usted no le van a dar pelota a los 24 años. […] Si usted
llega nada más con la carita ahí a decir «ay, ¿me
prestan?», no así no funciona,
entonces yo creo que eso lo lleva a uno más a buscar y por fuera, verdad, a la
gente que le facilita a uno el dinero. ¿Ellos no piden mucho, ellos solo
quieren saber dónde vive usted y más o menos de su vida ¿Verdad? Como que la
casa sea suya, conocer a alguien de su entorno.[69]
Lo
anterior, sumado a un débil o nulo control presupuestario y poca práctica del
ahorro de las mujeres participantes por motivo de los escasos e irregulares
ingresos percibidos: «Prácticamente que el presupuesto es para gastos de
recibos y alimentación de casa, después de ahí no hay ahorros»[70].
La
figura del crédito no es un fenómeno reciente ni tampoco se encuentra necesariamente
al margen de la normativa. En este caso, las personas prestamistas en la
investigación fueron referidas por familiares o al ser abiertamente conocidas
en sus comunidades; no obstante, la referencia de familiares se centró en discursos
asociados con la facilidad de acceso al dinero, no en un reconocimiento real de
quien operaba dichos préstamos.
Algunos
de los prestamistas –identificados como hombres por las personas participantes–
operaban bajo estructuras organizativas en las que, existen personas dedicadas
al cobro (en persona, por llamada o mensaje de WhatsApp) y otras que a través
de la cédula corroboran con contactos los antecedentes de pago de la persona.
Aunado a ello, las mujeres participantes aludieron desconocer la fuente del
dinero y determinados prestamistas llegan a denominarse empresas
para dotar al proceso de cierta formalidad.
La verdad es que no sé ni cómo se llama, porque la
que trabaja con ellos es mi sobrina, mi sobrina trabaja cobrándoles a ellos, a
las personas por mes. Entonces, por medio de ellas aquello me di cuenta que
ellos prestaban dinero. Sí, no lo vi como tan grave y está mal. […] yo
sinceramente no sé ni cómo se llaman ni quiénes son, porque los que los conoce es
mi sobrina.[71]
La
configuración del crédito informal en las personas participantes ostenta una
serie de características, resumidas en la Tabla 3.
Tabla 3.
Características de los préstamos informales solicitados por las personas
participantes
Persona |
Cantidad de préstamos informales |
Monto solicitado en colones |
Plazo |
Cuota / Tasa de interés |
Garantía establecida |
Contrato |
Documentos solicitados |
Persona
1 |
Reiterados |
Entre
100 000 y 500 000 |
Indefinido |
25
000 por cada 50 000 solicitados |
Ninguna |
Verbal |
Ninguno |
Persona
2 |
Reiterados |
300
000 |
3
meses |
5%
aproximadamente |
Ninguna |
Escrito |
Ninguno |
Persona
3 |
2 |
60
000 y 150 000 |
Indefinido |
10
000 y 30 000 por quincena |
Ninguna |
Verbal |
Cédula |
Persona
4 |
1 |
200
000 |
Indefinido |
15
000 por mes |
Ninguna |
Verbal |
Cédula |
Persona
5 |
2 |
50
000 y 300 000 |
Indefinido |
7500
por semana y 10 000 por mes |
Ninguna |
Verbal |
Cédula |
Persona
6 |
1 |
200
000 |
6
meses |
20
000 por quincena |
Ninguna |
Escrito |
Cédula |
Fuente:
elaboración propia, 2023.
A raíz
de las características descritas, no todos los préstamos –en el caso del grupo
participante– cumplen con las características del sector informal no regulado
ni supervisado, tampoco pueden llegar a considerarse gota
a gota.
Los
montos solicitados se consideran microcréditos, destinados a actividades
de subsistencia y, en casi todos los casos, otorgados en efectivo; no obstante,
el plazo fue establecido en un periodo máximo de 6 meses o de forma indefinida,
sujeto al momento en el que las personas lograsen subsanar el monto prestado:
«nada más me ha dicho a mí, siempre y cuando usted tenga lo que yo le presto,
me lo devuelve. Eso sí, con los intereses no me puede fallar»[72].
En aquellos casos en los que la
deuda fue adquirida pero no saldada por las parejas de las personas
participantes, los prestamistas se las adjudicaron a estas últimas sin
posibilidad de no hacerles frente:
Que
él quería la moto de mi novio para para pagar la plata y él llegó a mi casa y
me dijo que si podía llevarse la moto y yo le dije que no. Él me dijo que «¿Entonces
qué?» ¿Entonces quién le iba a pagar? Y yo le dije «no, si usted quiere, yo le pagó 10,000 por semana si
quiere y si no, entonces espera que se resuelva usted con él».[73]
Por lo general, la deuda adquirida
por las mujeres participantes fue cobrada en efectivo en el mismo domicilio de
las personas que solicitan el crédito, lo que permite lavar el dinero en
los casos asociados con fuentes no fidedignas; más recientemente, a algunas personas
se les ha abierto la posibilidad a realizar transferencias por medio del
Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE), a pesar de ser una transferencia
fiscalizada por entidades financieras reguladas:
Me
lo daban en efectivo y tenía unas tarjetitas. Usaba unas tarjetitas de colores
y ahí anotaba, cuando venía yo le pagaba, anotaba. Era unas tarjetitas que
usaban un bolsito en la comuna […] ¿Cómo unas fichas ajá así y creo que eso lo
venden? Sí, sí, sí, pero si anotaba la fecha, un lado, mi nombre y el monto que
me presentó en una fichita de colores, recuerdo que eran celeste, rosa, beige,
eran varias.[74]
Durante el tiempo que las personas
participantes no lograron saldar su deuda, se mantuvo el cobro de las cuotas
que refería únicamente a intereses; el establecimiento del monto de la cuota no
involucró un cálculo formal de la denominada tasa de interés, sino a lo
establecido por decisión meramente del prestamista: «No, no me explicaba nada,
solo me decía «si yo le presto 50,000 le cobro 25,000. ¿Si quiere lo acepte y
si no entonces?».[75]
Si bien, no existió ninguna
garantía abiertamente establecida y el único documento solicitado a las mujeres
participantes fue el documento de identidad (cédula), en algunos casos las
personas llegaron a firmar un contrato escrito –lo que dota de formalidad al
proceso de cobro de la deuda–:
[…]
hasta un tiempo para acá creo que se lleva un control más así, pero él solo con
eso, incluso solo firma él. […] a veces llevaba, digamos, «el papel pagaré».
¿Para que una tía de nosotros le leyera, digamos, o le dijera cuánto fue esta
fecha cuándo? […] cuando ya pasó lo que nos pasó fue que él se espabiló más,
digamos, empezó con otra a trabajar con un abogado.[76]
No obstante, la formalidad a nivel
contractual no resta que algunas de las personas hayan experimentado mecanismos
coercitivos, de presión y preocupaciones constantes para cumplir el pago de los
compromisos financieros asumidos, caracterizándose por mensajes con contenido indirecto:
«Él se me acercó una vez a la ventana de mi carro y me dijo: «¡Qué lindo está
tu carro parce! No sé qué, pero tiene llavines Yale ¿Verdad?» Y yo sentí que de
esa manera él me dijo a mí como que él sabía»[77];
haber sido sujetas de engaños y confusiones[78],
recibir mensajes de texto amenazantes o enviárselos a otros familiares: «Él le
agarra por decirme que no le gustaba que lo agarraren de mona, que me iba a
mandar los muchachos de él, que no me escondiera porque ellos siempre tienen
gente en todos lados, esas cosas así»[79].
Resulta interesante como en ninguno
de los casos, las personas participantes optaron por denunciar a los
prestamistas ante las autoridades judiciales, debido a que consideran que han
logrado negociar la deuda y cubrir al menos el pago de intereses.
Finalmente, fue común, entre las
personas participantes, el asumir qué les podría pasar si no cumplían con el
pago de la deuda, por hechos vividos no necesariamente por experiencia propia,
sino a través de lo acontecido a otros/as familiares o por el temor de lo
comentado en sus comunidades.
De
hecho ellos eran vecinos de
míos […] Y sí, varias veces se oía el pleito del escándalo y una vez hasta
balacearon la casa porque el muchacho no les pagaba y desaparecen a los adultos
mayores y han llegado a cobrarles. «¿Pero y los señores que me van a pagar,
verdad?» Y yo le dije que no estaban ahí, que no estaban ahí, no me creían y
siempre decían «huyan» a los señores asustándolos y amenazándolos […] pero sí
he escuchado que tienen esa costumbre. De que si no pagan, entonces ellos
mandan a alguien donde el cliente, armado, para que pague.[80]
Lo expuesto evidencia una
afectación en la subjetividad de las personas entrevistadas, quienes, resultado
del temor construido con base en los comentarios escuchados en sus espacios
locales y no necesariamente la materialización directa del daño hacia ellas, se
mantenían expectantes y tomaban las previsiones del caso.
Conclusiones
El
endeudamiento informal es un fenómeno en boga dentro de las noticias nacionales
e internacionales, pero poco estudiado en Costa Rica. Los antecedentes
internacionales expuestos evidenciaron tendencias asociadas con la historia del
gota a gota y vulnerabilidad de las
personas que optan por solicitar dinero en el sector informal.
El
préstamo es una práctica común en diferentes sociedades y antecede al contexto
capitalista actual; no obstante, la reproducción de las condiciones de vida a
través del dinero cobra mayor relevancia en un momento en que el salario o
ingresos se tornan insuficiente para aquellos sectores vulnerables que se
encuentran privados del mercado laboral o se han visto históricamente excluidos
del sistema educativo.
Para las
ciencias sociales, el endeudamiento informal se constituye en un espacio de
estudio poco desarrollado; de manera somera, el artículo recupera reflexiones
basadas en un enfoque de derechos humanos y ciudadanía de consumo, en aras de
no caer en una lectura individualista o culpabilizadora
que atañe total responsabilidad en las personas que optan por solicitar dinero
a prestamistas informales.
En el
caso de las mujeres costarricenses participantes de la investigación, el préstamo
informal es una expresión más de los altos niveles de endeudamiento que
enfrenta la población a nivel nacional y se constituye en el último
eslabón de una serie de irregularidades, en las que las
personas se encuentran a expensas de las decisiones y criterios del
prestamista. Al centrarse los estudios estadísticos recopilados en datos
asociados con el endeudamiento formal y existir investigaciones esporádicas de
sector informal, se denota un subregistro de información que no puede dar
cuentas de la magnitud del fenómeno en el caso costarricense.
La
relación que se planteó permitió tipificar al sector formal en entidades
financieras y reguladas no supervisadas, mientras al sector informal en
regulados y no regulados ni supervisados. Más allá de los alcances en materia
de protección al denominado consumidor financiero,
la tipificación efectuada permitió comprender cómo, las personas participantes que
se endeudaron en el sector informal no regulado ni supervisado, se encontraron
a expensas de las relaciones y negociaciones que entablaron con los
prestamistas.
Con base
en el proyecto de ley expediente Nº 23 575, Ley para la regulación y sanción
del delito de préstamo gota a gota, la única forma en la que el Estado
costarricense pretende por el momento hacer frente al endeudamiento informal
particularizado en el gota a gota,
se constituye en una alternativa reactiva –más no preventiva– para la
comprensión y tipificación de los actos en formas de delito, mas no para hacer
frente a las situaciones que conllevan a las personas a optar por solicitar
créditos en el sector informal.
La
vivencia recopilada de las mujeres endeudadas en el sector informal es una
ejemplificación singularizada de cómo se está reproduciendo el fenómeno en
Costa Rica; en este caso, las
personas participantes detallaron una serie de privaciones relacionada con la
educación, empleo formal y conocimientos financieros.
Es decir, desde un enfoque de derechos
humanos el acceso al consumo no se puede entender únicamente a partir del
momento en el que las mujeres solicitaron en este caso el crédito informal;
sino que, es resultado de una serie de privaciones, tanto desde la baja
formación en el sistema educativo como de las escasas oportunidades de ingresar
al mercado de trabajo, que conllevaron a que las personas participantes se encontraran
en situación de pobreza o pobreza extrema.
Con base en los antecedentes
investigativos como en la descripción del relato de las mujeres participantes
se denotó una relación intrínseca entre pobreza y endeudamiento informal; dicha
relación se gesta en una sociedad de base capitalista que fomenta el consumo
por encima de la dignidad de las personas y denota el incumplimiento de una
serie de derechos que desencadenaron en un momento determinado de su historia
de vida, en la posibilidad de acceder al crédito informal como alternativa
accesible de dinero requerido para reproducir sus condiciones de vida.
Si bien el género no fue una
categoría central sino emergente durante el proceso investigativo –al haber
sido únicamente seis mujeres las que mostraron interés en participar de la
investigación–, fue posible evidenciar cómo los préstamos informales
solicitados tenían la finalidad de cubrir servicios básicos (agua,
electricidad) o gastos inmediatos requeridos por el núcleo familiar (alimentación, educación y pago de alquiler).
Es decir, más que solicitar dinero para adquirir
bienes que mejorasen su estatus o calidad de vida (vivienda, vehículo), las
mujeres participantes los adquirieron como estrategia de sobrevivencia ante las
carencias enfrentadas por otras personas integrantes de sus familias,
principalmente su pareja o personas menores de edad dependientes.
En relación con la figura del
crédito catalogada como micro crédito, esta se encontró sujeta a plazos
y condiciones definidas únicamente por criterio de la persona prestamista;
espacio en el cual, se evidenciaron mecanismos coercitivos de presión y
violación a la integridad de la persona (amenazas, daño físico) para pagar la
deuda.
Las alternativas para hacer frente
al endeudamiento informal, según lo expuesto por organismos nacionales e
internacionales, se encuentran asociadas a una mayor inclusión y educación
financiera; no obstante, las privaciones de derechos que enfrentan las personas
participantes que accedieron al sector informal van más allá del acceso a la
bancarización y requieren comprender los retos que enfrenta la población para
reproducir sus condiciones de vida, en una sociedad en la que prevalecen las
relaciones a partir del dinero y en las que, sectores asociados a prácticas
ilegales como el narcotráfico o mecanismos violentos, encuentran una forma de
lucrar con las necesidades humanas.
Finalmente,
la investigación abre paso al desarrollo de potenciales nuevas iniciativas al
cuestionarse la proliferación del endeudamiento informal en sectores que sí
acceden al sector regulado, niveles de conocimiento en torno a educación
financiera en Costa Rica, la inclusión y exclusión de sectores vulnerables
desde las entidades reguladas por la SUGEF y la necesidad de problematizar la
responsabilidad del Estado costarricense en la proliferación del endeudamiento
formal e informal.
Formato
de citación según APA
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Formato
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[1] Carlos
Eduardo Tambussi, «Los derechos de usuarios y consumidores son derechos
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[2] Néstor García
Canclini, Consumidores y ciudadanos: conflictos multiculturales de la
globalización (Ciudad de México: Editorial Grijalbo, 1995).
[3] Roberto
Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio, Metodología
de la investigación (México D.F., México: Mc Graw Hill, 2014).
[4] Daniel Behar Rivero, Introducción a la metodología de
la investigación (Editorial Shalom, 2008).
[5] Se
entrevistó a representantes de la Oficina del Consumidor Financiero –OCF–,
Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a plazo del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio –MEIC–, Asociación Pro Defensa de Consumidores
Financieros y Afines –APRODECO– y un asesor financiero, quien solicitó mantener
su participación de manera anónima dentro de la investigación.
[6] György Lukács,
Ontología del Ser Social: el Trabajo (Buenos Aires: Ediciones
Herramienta, 2004).
[7] Karl Marx,
El capital: crítica de la economía política (Ciudad de México: Fondo de
Cultura Económica, 1999).
[8] Jaime
Eduardo Meléndez Rodríguez, «Historia Institucional del Monte de Piedad
Vidal-Ruiz de Puebla (1890-1985)» (tesis de licenciatura, Universidad de las
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[9] Yessenia Fallas,
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metodológicas», Revista Reflexiones 101, n.º 2 (2021): 01-13, https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/view/49272/49756
[10] István Mészáros,
Más allá del capital: Hacia una teoría de la transición (La Paz: Pasado
y Presente XXI, 1995).
[11] Tambussi,
«Los derechos de…»
[12] Ibíd., 95.
[13] Daniel La
Parra y José María Tortosa, «Violencia estructural: una ilustración del
concepto», Documentación Social, n.º 131 (2003): 57-72, https://www.ugr.es/~fentrena/Violen.pdf
[14] García
Canclini, Consumidores y ciudadanos…, 42-43.
[15] Las
investigaciones nacionales refieren a las desarrolladas por Kendall Chavarría
Guillén, «Con el agua al cuello: implicaciones del sobreendeudamiento en la
construcción de la salud mental» (tesis de licenciatura, Universidad de Costa
Rica, 2022), quien vinculó el sobreendeudamiento con la salud mental, y Fátima Monterrosa
Detrinidad, «En deudad: estudio sobre las dinámicas socioculturales del
endeudamiento personal con créditos de consumo en Costa Rica» (tesis de
licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2022) que estudió el endeudamiento
personal con créditos de consumo.
[16] Hugo Mario
Cárdenas López, «La expansión del gota a gota en América Latina», El País,
01 de enero de 2017, acceso el 8 de abril de 2023,
https://www.connectas.org/especiales/gota-gota-america-latina/index.html
[17] Gabriel Forero
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América Latina», La República, 14 de febrero de 2019, acceso el XX de
XXX de XXXX,
https://www.larepublica.co/finanzas/el-gota-a-gota-es-un-delito-colombiano-de-exportacion-en-america-latina-2827739
[18] Loreto Arias
Lagos, Marianela Denegri Coria, Regían Navarro Blanco y Jocelyne Sepúlveda
Aravena, «Significado de bienestar subjetivo e inclusión económica en adultos
mayores líderes de asociaciones en el sur de Chile», Interdisciplinaria,
38 (2021): 117-132.
[19] Carlos Del
Oro Sáez y Roberto Herranz González, «Las estructuras sociales de endeudamiento
y los grupos de referencia comunitarios. Una comparación internacional», Papers:
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[20] Ariel Wilkis,
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[21] Andrés
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alternativas con el fin de mitigar los créditos informales «gota a gota» (tesis
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[22] Juan
Mauricio Madera Muñoz, Daniela Andrea Martínez Borja, Natalia Restrepo Londoño
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tasas de interés de los créditos informales «gota a gota» en el barrio Los
Chalets, municipio de Carepa-Antioquia, 2019» (monografía de licenciatura,
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[23] Felipe
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para la convivencia y la seguridad ciudadana en Bogotá (Bogotá, Colombia:
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[24] Zachary B.
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[25] Pedro José
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para el «gota a gota»». Revista Pluriverso, n.º 9 (2018): 58,
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[26] Fátima Ezzahra
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[27] Madelein Ortiz
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entre la deuda formal e informal en adultos jóvenes en Chile» (memoria de
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[28] Jesús
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una alternativa al gota-gota en Colombia (Medellín: Universidad EAFIT, 2016),
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[29] Juan Bautista
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[30]
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[31] Bruno
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[32]
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[33] Fernando Muñoz,
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[34] Luis Diego
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[35] Álvaro Jiménez
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[36] El
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[37] Javier Ochoa
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[38] Katherine Chaves
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[39] Boris Iván
Miranda Espinoza, «¿Qué son los préstamos «gota a gota» que grupos criminales
de Colombia exportan al resto de América Latina?», Teletica, 23 de
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[40] Joao Gómez,
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[41] Gustavo
Adolfo Retana Goñi, «Hermanos Akl se dedicaban a créditos «gota a gota»», Diario
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[42] David Sibaja,
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[43] María Siu
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[44] Andrea Hidalgo
Arce, «Personas con ingresos menores a ¢500.000 tienen más dificultad de
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[45] Johel Solano
Castillo, «Gota a gota: préstamos imposibles de pagar golpean zona Rural», CR.hoy,
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[46] Fernando Muñoz,
«Préstamos gota a gota: Mayoría de víctimas de extorsión son taxistas
informales, pulperos y amas de casa», Monumental, 23 de noviembre de
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[47] The Economist Intelligence Unit Limited. Microscopio
global 2016: análisis del entorno para la inclusión financiera (New York:
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[48]
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Estudios
Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020 (Paris: OECD Publishing, 2020).
[49] Zinman
2010 citado por Ibíd., 129.
[50] Cecilia Barria,
«Los 10 países de América Latina donde las personas están más endeudadas», BBC
News, 12 de octubre de 2017, acceso 8 de abril de 2023,
https://www.bbc.com/mundo/noticias-41571745
[51] Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC). Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares 2018. Resultados Generales (San José: INEC, 2019).
[52] Ana Martha
Arce Castro, «Endeudamiento creció con la pandemia; 46 % de hogares
costarricenses están sobre endeudados», SINART, 13 de agosto de 2020,
acceso el 8 de abril de 2023,
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[53] Gabriela Mayorga
López, «Nuestro enojo ciudadano por la falta de dinero», Universidad de
Costa Rica, 13 de octubre de 2021, acceso el 8 de abril de 2023,
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/10/13/nuestro-enojo-ciudadano-por-la-falta-de-dinero.html
[54] Eunice Villalobos
Jiménez, «Fortalecimiento de la Dirección de Apoyo al Consumidor: análisis
jurídico, diagnóstico y propuestas» (tesis de licenciatura, Universidad de
Costa Rica. 2011)
https://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/Fortalecimiento-de-la-Direccion-de-Apoyo-al-Consumidor-analisis-juridico-diagnostico-y-propuestas.pdf
[55] Tambussi,
«Los derechos de usuarios…»
[56] La lista
actualizada de entidades supervisadas por SUGEF al 18 de enero del 2023 incluye
bancos comerciales del Estado, bancos
creados por leyes especiales, bancos privados, empresas financieras no
bancarias, cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones mutualistas de ahorro
y crédito, entidades de mercado cambiario, conglomerados y grupos financieros,
mercados derivados cambiarios y otras entidades de intercambio.
[57] Patricia Leitón,
«FMI alerta sobre alto endeudamiento e informalidad en su más reciente
diagnóstico a Costa Rica», La Nación, 3 de marzo de 2021, acceso el 8 de
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[58] Manuel Avendaño
Arce, «Así es como prestamistas no regulados, tiendas y almacenes reportarían
datos de sus deudores ante Sugef», El Financiero, 16 de octubre de 2019
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[59] Gobierno
de Costa Rica, «Gobierno plantea solución integral a alto endeudamiento de la
población», Gobierno de Costa Rica, 11 de octubre de 2019, acceso el 8
de abril de 2023,
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2019/10/gobierno-plantea-solucion-integral-a-alto-endeudamiento-de-la-poblacion/
[60] Gilberth Jiménez
Siles y Gloria Zaide Navas Montero, Ley para la regulación y sanción del
delito de préstamo gota a gota. Expediente N.º 23.575. San José: Asamblea
Legislativa de la República de Costa Rica. 2022.
[61] Ibíd, 3.
[62] Por
privacidad y resguardo de la información brindada, se omite parte de los datos
de las personas participantes.
[64] Tambussi,
«Los derechos de usuarios…», 93.
[65] García
Canclini, Consumidores y ciudadanos…, 53.
[66] En algunos
casos, el crédito informal fue utilizado como alternativa para refundir otras
deudas ya existentes
[68] Se alude a
una suposición pues ninguna de las personas participantes reportó el realizar
ningún tipo de gestión ante entidades formales al momento de considerar el
préstamo informal.
[69] Persona 1,
entrevistada por Roberto Cascante Vindas, 18 de noviembre de 2022.
[72] Persona 4,
entrevistada por Roberto Cascante Vindas, 13 de enero de 2023.
[73] Persona 1,
entrevistada por Roberto Cascante Vindas, 18 de noviembre de 2022.
[74] Persona 1,
entrevistada por Roberto Cascante Vindas, 18 de noviembre de 2022.
[75] Persona 1,
entrevistada por Roberto Cascante Vindas, 18 de noviembre de 2022.
[76] Persona 2,
entrevistada por Roberto Cascante Vindas, 20 de noviembre de 2022.
[77] Persona 1,
entrevistada por Roberto Cascante Vindas, 18 de noviembre de 2022.
[78] La persona
2 reportó que el prestamista realizó, con apoyo de un abogado, un cambio en el
contrato inicialmente firmado, colocando su vivienda como garantía y sin darle
una copia del documento; razón por la cual, perdió su casa de habitación.
[79] Persona 4,
entrevistada por Roberto Cascante Vindas, 13 de enero de 2023.
[80] Persona 6,
entrevistada por Roberto Cascante Vindas, 17 de enero de 2023.