Escuela
de Ciencias Sociales y Humanidades, UNED, Costa Rica
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/espiga
ISSN:
1409-4002 • e-ISSN: 2215-454X
El conflicto social por el acceso al agua: poder y producción de piña en
Costa Rica
Luis Bonilla-Bonilla*
https://orcid.org/0000-0001-5809-9806
Recibido:
15 de febrero de 2020 • Aceptado: 16 de junio de 2020
Resumen
La base de este artículo es una
investigación realizada entre el 2017 y el 2018 desde la Cátedra de Sociología
de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a
Distancia (UNED). Uno de sus propósitos fue indagar dinámicas de conflicto
sobre procesos de contaminación y acceso al agua potable en la zona atlántica y
norte de Costa Rica, en determinados espacios territoriales en los cuales es
notoria la interacción entre recurso hídrico, producción piñera y comunidades.
Palabras clave: Relaciones de poder, sujeto colectivo,
movimiento socioambiental, recurso hídrico.
Social
Conflict for Water Access: Power and Pineapple Production in Costa Rica
Abstract
This
article is based on research conducted between 2017 and 2018 from the Chair of
Sociology of the School of Social Sciences and Humanities from the State
Distance University (UNED). One of its objectives was to explore conflict
dynamics in pollution processes and access to safe drinking water in the
Atlantic and Northern Zone of Costa Rica, in certain territorial spaces in
which the interaction between water resources, pineapple production and
communities is notorious.
Key
words: Power
relationships, collective subject, social-environmental movement, water
resource.
Le conflit social par
l’accès à l’eau: Pouvoir et production de l’ananas au Costa Rica
Résumé
Cet article a été élaboré à partir d’une recherche menée entre 2017 et 2018 par le Département
de Sociologie de l’École de
Sciences Sociales et Humanités
de l’Université de l’État à
Distance (UNED). L’un des buts de l’enquête a consisté à étudier les dynamiques du conflit sur le procès de pollution
et d’accès à l’eau potable
de la région atlantique et
du nord du Costa Rica dans
des espaces territoriaux déterminés où l’interaction
entre la ressource hydrique,
la production de l’ananas
et les communautés est
notable.
Mots-clés: Rapport de force, sujet
collectif, mouvements sociaux écologistes, ressource hydrique.
Introducción
En este artículo se propone una
reflexión sobre poder y conflicto social por el agua con perspectiva de clase,
mediado metodológicamente por inversiones de capital dedicadas a la producción
de piña para exportación. La tesis central del trabajo es que dicho capital
representa a fracciones de clase dominante en el sector agrícola, en su
momento, políticamente apoyadas por el Estado en detrimento de otras clases y
fracciones más débiles, lo que demuestra «el carácter de clase» que contiene el
Estado costarricense.
La estructura del
documento inicia con una reseña metodológica; luego, el primer apartado revisa,
aunque no de forma exhaustiva, algunos trazos del contexto social, económico y
político de las décadas previas a los conflictos por el agua, esto para
comprender las relaciones de poder que se observan hoy entre los actores en
conflicto. El segundo contiene las categorías de investigación relacionadas con
poder, conflicto y relaciones de fuerza surgidas en la dinámica socio-política
en torno del agua. El tercero, hace una aproximación empírica a partir de la
categoría de poder antes discutida. Por último, se resumen las principales conclusiones.
Metodología
La investigación tiene un enfoque
cualitativo, está basada en entrevistas aplicadas a cuatro tipos de sujeto
descritos a continuación:
Cuadro 1 Tipos de sujeto indagados
|
1. Grupo de líderes de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de
Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS) en los siguientes lugares:
cantón de Guácimo, provincia de Limón; cantón Los Chiles y el distrito de
Pavón, comunidades El Tanque y Veracruz de Pital, del cantón San Carlos (zona
norte) y Dulce Nombre de Naranjo, cantón de Naranjo, provincia de Alajuela. |
|
2. Funcionarios del MINAE, específicamente en la Dirección de Aguas y
el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) de las respectivas
regiones atlántico y norte. |
|
3. Dos funcionarios de municipalidades, uno en la zona norte y otro en
la zona atlántica; este último con vínculos de trabajo en organizaciones
ambientales de Guácimo. |
|
4. Dos lideresas comunales, una de ellas también es integrante del
Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP). |
Fuente: Elaboración propia.
El criterio metodológico de
selección de entrevistados siguió la estrategia del «muestreo teórico»[1], cuyo «número de casos estudiados carece
relativamente de importancia. Lo esencial es el potencial de cada “caso” para
ayudar al investigador en el desarrollo de comprensiones teóricas sobre el área
estudiada de la vida social»[2]; o sea, comprender a «profundidad» el fenómeno
estudiado. Para su escogencia se utilizó la técnica de la «bola de nieve»[3] en este caso, se hizo por medio de contactos
previos con un informante, quien sugirió a las demás personas.
Para complementar, se recurrió a
fuentes de primera mano (periódico impreso y digital), tesis y artículos de
investigaciones de la Universidad de Costa Rica (UCR) en los cuales se
problematiza el agua; así como leyes de la República, documentos oficiales y de
organizaciones sociales para precisar el objeto de estudio. También se recurrió
a fuentes secundarias especializadas, tanto de sitios web como artículos y
libros que contienen debates de nivel teórico-metodológico. Como todo producto
académico, se pretende dar un aporte de conocimiento, desde la sociología, a la
tematización del recurso hídrico relacionado al poder, con enfoque de clase y
una mirada marxista heterodoxa, lo cual no limita considerar autores que
trabajan con otros referentes teóricos cuando aporten al debate en ciencias
sociales.
Contexto del
conflicto por el recurso hídrico
Para entender el conflicto social por el agua,
se introducen algunos elementos contextuales, esto con el fin de localizar
algunos elementos básicos que expliquen por qué este recurso siempre se ha
considerado como algo consustancial y accesible al entorno cotidiano, sobre
todo si se proyecta décadas atrás; aunque, últimamente emerge, ya no como un
recurso natural más, sino como uno muy particular y codiciado.
Esto se da por las cualidades intrínsecas del
agua para realizar la vida individual y social en medio de intereses diversos
entre actores creados a partir de ciertas valoraciones pragmáticas, en el
sentido de que el agua es fundamental, ya no solo porque el cuerpo requiere de
agua para vivir; sino, además, para desarrollar actividades que implican alguna
lógica productiva y económica; o bien, como recurso esencial sin el cual no es
posible obtener estándares de desarrollo humano en las sociedades contemporáneas.
Desde una visión filosófica, el agua puede
apreciarse también como principio vital dador de vida; o sea, sin agua no es
posible concebir la vida en la Tierra. Tal visión, no está exenta de
complejidad, contiene una abstracción que se debe situar y develar a partir de
una reflexión crítica. Aunque parezca risible plantearlo, al partir de la
racionalidad weberiana «medio-fin», las valoraciones pragmático-utilitarias
predominan en las sociedades capitalistas, quedando opacada y reducida la
visión filosófica y profunda sobre el agua como principio ordenador de la vida
en el planeta.
Siguiendo este pragmatismo, el agua es un
recurso potencial o «materia prima» para crear riqueza y acumulación de
ganancia; claro está que, en este caso, se trata de asumir el agua desde una
mirada instrumental y economicista para asegurar la «vida» del capital y su
reproducción. De forma sucinta, esta es la lógica con la cual se asimila el
agua en el capitalismo. Se nota aquí una «inversión» del principio vital
enunciado anteriormente, donde la noción de vida que provee el agua en el
planeta es transmutada en, y, por la vida del capital» y por ella.
Hinkelammert[4] en una antología preparada por la filósofa
argentina Estela Fernández Nadal, titulada La
vida o el capital: el grito del sujeto vivo y corporal frente a la ley del
mercado, se basa en una cita de Marx[5] en la que plantea que: «[P]ara que viva el
capital, tiene que vivir el obrero. El capital extrae su vida del obrero, y,
por tanto, tiene que mantener en vida al obrero para poder vivir él… [pero el
capital] asegura la vida solamente a los obreros necesarios para su propio
proceso de vida (…)»[6].
Al mediar la cita en la lógica de inversiones
de capital en empresas piñeras, los altos volúmenes de agua utilizados como
materia prima en la producción (aparte de que necesita que el obrero agrícola
«viva», aun siendo una fuerza de trabajo explotada), también requiere que viva la naturaleza, el agua, que este
recurso siempre esté disponible, eso sí, solo en el tanto y cuánto lo requieran
estas empresas para producir la fruta. Al completar el análisis se tiene que:
el capital invertido en la piña extrae «su vida», por una parte la del obrero
agrícola a quien le es arrancada una cuota de plusvalor («trabajo impago»), la
cual, al sumar la de todos los obreros de las plantaciones, y una vez que la
piña se convierte en mercancía, el capitalista obtiene una cuota de plusvalía.
Dicho capital también extrae su vida de la
naturaleza y del agua en particular, al ser utilizada en el proceso de
irrigación en campos piñeros, incluso hasta la etapa final del lavado de la
fruta; por lo que, resumiendo la reflexión, surge el siguiente axioma: El capital invertido en empresas piñeras
vive, si vive el obrero agrícola y si vive la naturaleza y con ella la porción
de agua requerida en el proceso productivo. Estos son los límites del capital
en los campos piñeros de Costa Rica; sobrepasarlos, parafraseando a Hinkelammert, es «suicidio».
Como la naturaleza no es producida por el ser
humano, el capital, en este caso, se ahorra además el costo de producir esta peculiar materia prima utilizada en sus
procesos (salvo el costo de abrir pozos o desviar cauces de ríos). Como es un
capital de inversionistas que no han sido educados para reponer o mitigar el
daño que sus inversiones producen en la naturaleza, no existe un compromiso
ético de responsabilidad para preservar ni tampoco de innovar en los procesos
productivos para reponer lo que el capital destruye. Así, se está ante una
«destrucción intensiva», lejos de lo que sería un proceso de «destrucción
creativa», analizada por Josep Schumpeter en el capitalismo de la primera mitad
del siglo XX, relacionado con el principio de «innovación» del empresario como
herramienta transformadora y como fuerza que está detrás del crecimiento
económico a largo plazo; un «proceso que se considera el hecho esencial del
capitalismo»[7].
La crítica a este capital, siguiendo a
Schumpeter, está en que no ha sido capaz de crear un proceso de «innovación»
tecnológica para superar malas prácticas productivas que contaminan y destruyen
el ambiente, con lo que de paso se aleja de principios claves de la economía
capitalista formal, tal como es innovar procesos en forma permanente y
reproducir el sistema en el tiempo. Nótese que este capital lo que destruye es
naturaleza, hecho que podría reducirse al invertir en investigación, desarrollo
e innovación tecnológica, independientemente de que se reproduzca de forma
ampliada[8], lo cual no está en duda.
En todo
caso, la premisa de la innovación como el hecho esencial del capitalismo, ha
sido cuestionada desde hace tiempo por el pensamiento crítico. Rosa Luxemburgo[9]
planteaba que «El capitalismo necesita, para su existencia y desarrollo, estar
rodeado de formas de producción no capitalistas»[10]. En el
caso en estudio, el capital penetró un territorio rural donde prevalecían
formas de economía tradicional, sobre todo en su área fronteriza, considerada
de «bajo desarrollo». El capital se instala, modifica el espacio y el paisaje
rural, pero también la vida comunitaria de las personas al imponer unas
relaciones sociales a «su imagen y semejanza», subsumiendo su dinámica y formas
tradicionales en la producción de «valores de uso» para la vida. Por eso, este
capital invertido en la zona significa que:
(…) su ubicación no es casual en espacios en
donde todavía operan formas de reproducción de la vida cotidiana que no
necesariamente están mediadas por relaciones capitalistas, como por ejemplo el
trabajo doméstico que hacen las mujeres, la producción de alimentos de
subsistencia familiar y la gestión comunitaria de los bienes comunes. Son estas
prácticas las que permiten finalmente la reproducción de la fuerza laboral y de
las cuales las empresas hacen uso para pagar tasas salariales inferiores que
por sí solas no sostienen dicha reproducción[11].
Entonces, estas formas de trabajo constituyen
prácticas anticapitalistas, «atípicas según la visión ortodoxa del capitalismo»[12], que tienen lugar en las «orillas» del sistema
al estar en oposición, al menos, a dichos postulados básicos, entre otros no
considerados. Lo que, parafraseando al sociólogo alemán Gunder Frank[13], conduce a identificar a estas fracciones de
clase como «lumpenburguesía»[14] que parasitan, en este caso, mediante la
expoliación de recursos naturales y explotación de la fuerza de trabajo,
incluida la subsunción de formas de vida comunitarias.
En esta ecuación productivista, el obrero
agrícola «pertenece» al capital, pero en una relación de lucha capital-trabajo;
mientras que la naturaleza, o la porción de ella, que es apropiada y explotada,
también pasa a sus dominios. Por su parte, la maquinaria agrícola, las
tecnologías incorporadas al proceso de producción (abonos, agroquímicos,
herbicidas, fungicidas, foliares, etc.) y el equipo tecnológico necesario en la
administración de la empresa, vendrían a ser, de forma conjunta, «la maquina»
que Marx analizara en la producción, tanto agrícola como fabril. Dicha máquina,
siendo también un «instrumento de trabajo», se transforma en algo diferente; es
decir, «en un mecanismo de producción cuyos órganos son hombres… [Se trata de
un autómata que es movido por] un primer motor que no recibe la fuerza de otra
fuente motriz»[15].
La fuerza motriz del obrero mueve la máquina y
esta última tiene su principio de vida en la vida misma de aquel: «En su
trabajo productivo racional, el hilar, el tejer, el forjar, el que con su
simple contacto hace resucitar los medios de producción entre los muertos, les
infunde vida como factores del proceso de trabajo y los combina, hasta formar
con ellos productos (…)». Se trata de la inversión de aquella imagen según la
cual Dios, como primer motor impulsado, da vida al humano por su simple
contacto con un dedo. Aquí la maquinaria, con su «primer motor», recibe la vida
por el contacto con el hombre-obrero[16].
En las piñeras, la máquina movida por el obrero
agrícola se utiliza sobre todo en procesos y lapsos desde la preparación
de (la tierra, la siembra y hasta que
sale el producto; pero la otra parte sustantiva de su fuerza de trabajo, se
invierte como «fuerza motriz» en la mayor parte del proceso productivo, que
deriva en una especie de «maquina
corporal» y humana, utilizada en extenuantes jornadas de trabajo de las que
el capital extrae, de forma directa, su energía, su vida y su sangre. Aquí no
hay mediaciones en el proceso de trabajo, el capital absorbe directamente la
vitalidad muscular del obrero agrícola para su reproducción.
Peculiaridad del neoliberalismo
Otro elemento que explica el conflicto hídrico
entre inversores y comunidades rurales, desde finales de la década de 1990,
tiene su origen en el patrón de desarrollo socio-económico adoptado por Costa
Rica durante al menos las tres últimas décadas. Este patrón se identifica con
las tesis centrales del neoliberalismo, ya desde la década de 1980.
Vargas Solís[17] brinda un concepto particular y esclarecedor
del neoliberalismo en Costa Rica, que denomina Proyecto Histórico Neoliberal
(PHN), el cual es adecuado para entender el trasfondo que explicaría el origen
del conflicto por el agua en el país, al plantear:
El
concepto de «proyecto histórico» es entonces político porque implica un determinado arreglo de las relaciones de
poder internas y externas; es económico
en cuanto identifica las fuerzas económicas dominantes, la organización de los
mercados y los sectores punta de acumulación de capital; ideológico porque responde a una visión de mundo generalmente
coherente con aquellas relaciones de poder y esta estructura productiva y de
acumulación; cultural porque asimismo
da lugar a formas de vida que se articulan de forma más o menos coherente o contradictoria, respecto de
las bases de acumulación y la organización y división del trabajo, así como de
las relaciones político-ideológicas hegemónicas…el concepto específico de «Proyecto
Histórico Neoliberal» [lo utiliza] para caracterizar sintéticamente los
elementos estructurales como el devenir y evolución dinámica de tales
estructuras durante el período 1984-2015 en Costa Rica[18].
En línea con lo planteado por el PHN, se
analizan las inversiones en piña para exportación en la zona atlántica y norte,
las cuales combinan capital nacional y transnacional. Dicho proyecto
neoliberal, concebido como parte del nuevo patrón de acumulación capitalista de
aquellos años mediante los Planes de Ajuste Estructural (PAE), fue impulsado
desde el Estado y con dinero público, fenómeno de mediados de la década de 1980
en adelante, del que se brindan algunos elementos.
Para llevar a cabo la reestructuración
económica que exigían los PAE, la clase dominante impulsó, desde el
Legislativo, el fomento de las exportaciones[19]; con esta medida «se redujo la inversión
estatal y se apoyó el crecimiento de la inversión privada»; para hacerla
efectiva en el campo productivo «las ayudas y estímulos estatales se
trasladaron de los productores nacionales que abastecían al mercado interno
hacia los exportadores de los productos llamados no tradicionales como flores,
frutas y raíces, capaces de insertarse exitosamente en los mercados
internacionales y crear riqueza»[20]; es decir, «Se fortaleció el aparato exportador
de productos agrícolas no tradicionales a terceros mercados, canalizando
transferencias (Certificados de Abono Tributario, CAT) (…) y creando regímenes
de admisión temporal y de zonas francas»[21].
Otras medidas sustanciales para hacer realidad
dichos incentivos y crear la clase de los exportadores son las contenidas en la
Ley de Emergencia para el Equilibrio Financiero del Sector Público, No. 6955[22], aprobada en febrero de 1984, en un contexto
de crisis; además, de estar en un marco de exigencias establecidas por el Fondo
Monetario Internacional (FMI), que buscaba reorientar la economía[23].
Algunas medidas creadas por esta ley son: el
contrato de exportación, la reducción de tarifas portuarias especiales,
simplificar los procedimientos de exportación, crédito financiero con tasas de
interés preferenciales para los empresarios, reducciones impositivas,
Certificados de Abono Tributario (CAT), Certificados de Incremento de las
Exportaciones (CIEX), exención de impuestos de importación para materias primas
y envases no fabricados en el país y la reducción del 100 % del impuesto sobre
la parte de las utilidades netas del período de productos no tradicionales,
entre otras[24].
Sin estas medidas, más el apoyo con recursos
estatales para hacer efectivos los incentivos fiscales, era difícil, por no
decir imposible, crear un sector de exportadores muy dinámico y con
participación del capital extranjero, que fue desplazando al «viejo» sector
exportador y se pasó del proteccionismo del modelo sustitutivo de
importaciones, tan criticado por los neoliberales, a un «neoproteccionismo»[25].
Como consecuencia, sobrevino una capacidad
expansiva de la actividad piñera, particularmente en la zona norte:
De
esta forma también cambió el peso relativo de la producción por zona, es así
que, en el año 1980, un 90 % de la producción se ubicaba en la Región Brunca,
mientras que, en el año 2004, el 52 % se ubicó en la Región Huetar Norte[26]. Para el año 2014, esta región sigue
concentrando el mayor porcentaje de producción, ya que podemos determinar que
aproximadamente 61 % de la producción de piña del país sale de esta zona[27].
Pero, este dinamismo del sector trae también la
dialéctica del conflicto que ha sido intensa, sobre todo en ciertos territorios
y más allá de la relación capital-trabajo, al involucrar las relaciones íntimas
de las comunidades afectadas. En adelante, con la mediación de este tipo de
inversiones, se harán algunas reflexiones teóricas para comprender mejor las
indagaciones empíricas del estudio.
Poder, relaciones de
poder y recurso hídrico
El poder, como «relaciones de fuerza», es la
perspectiva de un «marxismo heterodoxo»[28] que Poulantzas asume
en su última etapa de vida intelectual, donde la «columna vertebral de la lucha
de clases [es determinante] como factor que permite descifrar las estructuras
del poder estatal…»[29].
Al respecto, Poulantzas[30] plantea:
(…)
el poder no es, en sí mismo una cantidad o cosa que se posea, ni una cualidad
ligada a una esencia de clase, a una clase-sujeto (la clase dominante) (…) Se
debe entender por poder, aplicado a las clases sociales, la capacidad de una o varias clases para realizar sus intereses
específicos. El poder referido a las clases sociales es un concepto que
designa el campo de lucha, de las relaciones
de fuerza y de las relaciones de una clase con otra: los intereses de clase designan el horizonte de la acción de cada clase
con relación a las otras [31] (El destacado es del autor).
En tal noción de poder, el núcleo
contradictorio entre las clases es la «relación» misma a la que esta
contradicción alude: los «intereses» de clase. Una relación de lucha donde la
clase más fuerte políticamente infringe ataques a su par más débil y, cuando la
primera cree estar en la cima del poder, es a su vez desestabilizada del
privilegiado lugar que creía tener hasta quedar también en una posición de
subalternidad al ser sustituida por otra clase con más poder. Es una lucha
cruenta, de infidelidades y traiciones, de «coces» dirá Marx en El 18
brumario de Luis Bonaparte. Esta no es una escena solamente de la Francia
de mediados del siglo XIX, se puede ver también en el recorrido que hace Vargas[32] sobre el PHN costarricense en las sucesivas
«fases» neoliberales, donde una clase, por la que antes se había apostado, es
desplazada para ascender al poder a la que viene empujando detrás.
Así, el recurso hídrico está en medio de una
trama específica de intereses y relaciones de poder que trasciende la vida social
de las comunidades rurales, tal y como se verá. Incluso, se encuentra más allá
de los límites del Estado-nación, al insertarse en los cálculos de utilidad y
los negocios globales del capitalismo realmente existente. Con la
globalización, es notoria la presencia de transnacionales del agua por todos
los continentes, producto de los «ajustes» estructurales y el «libre mercado»,
promovido por el Banco Mundial y el FMI.
En Costa Rica, si bien el agua es administrada
por el Estado, ha sido sometida a un intenso proceso de explotación y
liberalización «solapada», a veces difícil de desentrañar, dada su amplia
institucionalidad involucrada, competencias cruzadas, descoordinación y
contradicciones de poder ligado a intereses económicos; aunque formalmente su manejo
se haga de acuerdo con la Ley de Aguas de 1942. Esto adquirió matices
especiales luego de aprobado el Tratado de Libre Comercio entre Centro América,
República Dominicana y EE.UU., debido a la amplitud de temas y normativa
específica en materia de negocios, donde el agua es un recurso estratégico para
EE.UU. como parte de la agenda de negocios en el capitalismo globalizado.
Así, se está ante una liberalización de hecho,
no de derecho, con gran cantidad de empresas que incursionaron en la
«industria» del agua embotellada; luego, de las concesiones a empresas
nacionales y extranjeras como las piñeras, entre otras, que si bien son
reguladas ─en principio─ por normativa del Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE), la vigilancia se ha vuelto un asunto complejo y conflictivo.
Al retomar la noción de poder en Poulantzas[33] dada líneas arriba, es sugerente al plantear
que el poder «no es una cantidad ni una cosa que se posea» o un atributo propio
de la clase dominante, sino la «capacidad de una o varias clases para realizar
sus intereses». Con los elementos ya analizados, se puede plantear la tesis de
que las clases exportadoras de productos «no tradicionales» han sido capaces de
«realizar sus intereses específicos» con el apoyo del Estado.
Goran Therborn[34] clarifica, aún más la tesis de Poulantzas, al partir de dos elementos teóricos. El primero, es que para captar la
dominación «lo fundamental ha de girar en torno al carácter de clase del poder
del Estado, ya que la clase dominante queda definida como tal por el ejercicio
de ese poder»[35]. Se ha dicho que, en la década de 1980, hubo
una clase exportadora que fue «potenciada» desde el Estado con todas las
ventajas y justificaciones, como la que formuló Eduardo Lizano en 1984, en
referencia a que los exportadores «hiciesen clavos de oro»[36]; pero al mismo tiempo, se atacaba a otras
clases orientadas al mercado nacional, a las cuales, desde el mismo Estado, se
les puso «freno» a su desarrollo como clase, lo que, siguiendo a Therborn, es
un fenómeno que se da a partir de un conflicto entre la burguesía por «causas
económicas y políticas»[37].
Efectivamente, en el escenario internacional
había una crisis económica que urgía el replanteamiento de estrategias para
salir de ella, esto propiciaba, a lo interno, un debate político e ideológico intenso con
ingredientes geopolíticos en el marco de la Guerra Fría; en la Asamblea
Legislativa se expresó con dos posiciones contrapuestas: la primera, los
representantes de la clase dominante en el Congreso y otras instituciones de
gobierno, que ya tenían la mira puesta en las exportaciones de «productos no
tradicionales» orientada a una «desregulación del mercado interno» y «reducción
del gasto público», entre otras medidas estructurales. La segunda, a los
representantes de la clase tradicional ligada con la agricultura (tradicional),
que no logra adaptarse a las exportaciones y cuyas actividades económicas se
orientaban al mercado interno; incluso, habría que agregar a una fracción de la
industria que no logra hacer la «reconversión industrial» para exportar a
terceros mercados y que, al bajar el arancel de importación, quedó desprotegida
«frente a la competencia externa»[38]. Ambas fracciones de clase se inclinan por un
proceso más «parsimonioso, gradual y a largo plazo» que permitiera fortalecer
el mercado interno y regional centroamericano[39], lo que posibilitaría a esta clase rezagada
una adaptación paulatina a las nuevas condiciones del mercado.
Estos elementos socio-políticos sentaron las
bases de una «relación conflictiva» entre estas clases, con repercusiones hasta
el presente, donde el apoyo del Estado a favor de la clase exportadora fue
determinante «a partir de una política de fomento deliberado por parte del
Estado»[40] para posicionarla en «terceros mercados», lo cual
confirma la tesis de Poulantzas[41] en el sentido de que el poder de una clase no
es una «sustancia que tenga en sus manos», el poder es una «relación de
fuerzas» en lucha y, por tanto, construido en medio de una tensión. Para
Therborn[42], la intervención sistemática del Estado a
favor de una clase, la posiciona en el «ejercicio exclusivo del poder», esta
acción revela el «carácter de clase» que contiene un Estado, en este caso, el
carácter de clase del Estado costarricense.
El segundo
elemento propuesto por Therborn[43] señala que «el poder político y el poder del
Estado deben analizarse en relación con los procesos de reproducción y
transformación social»[44] ¿Qué es lo que mantiene o reproduce el Estado?
Es su pregunta; en breve, son «las relaciones de producción y las fuerzas
productivas, el carácter del aparato de Estado y la particular superestructura
ideológica (…)»[45]. Reproducir determinadas relaciones de
producción es mantener las formas de explotación del trabajo dentro de un
«determinado modo de producción», así como promover «la acumulación de
capital». En los territorios piñeros existen las condiciones de explotación
para la acumulación de capital; además, hay violaciones a derechos laborales de
las personas trabajadoras, como se evidencia en un estudio de investigadores de
Kioskos ambientales:
Un informe suministrado al Consejo Universitario
de la UCR sobre infracciones detectadas en visitas del Ministerio de Trabajo a
fincas piñeras, señala que existen mayores porcentajes de infraccionalidad
en cuanto a la protección personal (uso de vestimentas e insumos adecuados),
acceso a servicios sanitarios según lo estipulado legalmente, pago de horas
extras, hostigamiento sexual, salario mínimo, entre otros[46].
El informe agrega otras violaciones de derechos
tales como: condiciones de explotación laboral; jornadas excesivas más allá de
las permitidas por el Código de Trabajo; y persecución sindical a personas
afiliadas, algunas veces despedidas; situación que ha llevado a los
trabajadores organizados en el sindicato (SITRASEP) a realizar una huelga
durante el 2018[47]. Al iniciar enero de 2019, estallaron dos
huelgas más en la zona de Los Chiles y Upala, sitios que, entre muchos
conflictos, reclamaba a las empresas sus derechos laborales[48]. Este dato es trascendente porque no es un
fenómeno aislado en la zona norte, las personas obreras organizadas en este
sindicato, tienen varios años de mostrar un nivel sostenido de organización
sindical mediante una lucha que reposiciona, en época de «neoliberalismo
tardío», la praxis dialéctica entre el capital y el trabajo.
En cuanto a los salarios pagados por debajo del
mínimo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no maneja datos
actualizados; el último localizado es de 2010. Tampoco tiene una desagregación
por actividades para obtener un dato específico de las piñeras. Se recurrió
entonces al dato cualitativo de fuentes primarias. Una especialista de la
organización no gubernamental internacional OXFAM (por sus siglas en inglés),
en gira de campo por las piñeras de la zona norte, concluye que[49] «hay problemas en la cadena de suministros en
Costa Rica, por ejemplo, no hay salario digno, en algunos casos no se cumple
con el salario mínimo».
Por su parte, una tesis de la UCR, titulada «Más allá del trabajo asalariado:
Implicaciones sociales en el uso del tiempo no remunerado de
trabajadoras y trabajadores vinculados al monocultivo de piña en la
comunidad de Pital de San Carlos en los años 2012-2013», señala que:
(…)
los salarios son altamente insuficientes: en muchos casos están por debajo del
mínimo legal. Cada vez que el Consejo Nacional de Salarios hace ajustes, las
piñeras se hacen de la vista gorda, sumergiendo más en la pobreza a las y los
trabajadores» (Leitón, 2008:19), citado por Avendaño, Ramírez y Segura (2014,
p.148. 149). Además, existe «El trabajo a destajo [que] es llevado a cabo
principalmente en las empacadoras, donde se les paga por las cajas empacadas y
no por hora. De ahí que los salarios en esta área de la agroindustria sea uno
de los más fluctuantes»[50].
En contraste, las acciones del Estado tienden a
favorecer la acumulación de capital para el sector exportador más dinámico de
la piña; la fracción dominante de la burguesía, tanto nacional como extranjera,
que en la globalización aparece
reconfigurada en una «alianza» de clase, en la cual, la fracción del
capital transnacional tendría la hegemonía para decidir el tamaño de las
inversiones, la intensidad del trabajo y la cuota de plusvalor arrancada al
trabajador, pero en medio de la resistencia obrera que también tiene su propia
agenda de lucha.
Necesidad del poder político
Adolfo Sánchez Vásquez, estudioso del pensamiento
de Marx, cree que el clásico no podía ignorar la importancia de una «teoría del
poder» y propuso conceptos relacionados con esta categoría, entre ellos la
«necesidad del poder político», entendido como una instancia necesaria de una
sociedad divida por antagonismos irreconciliables. En ella, este poder político
representa el lugar de la «conciliación» entre las clases; siendo este carácter
de clase la originalidad de Marx. Es un concepto que refiere al poder político
o poder del Estado. Engels lo expresa así:
(...)
es un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo
determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una
irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos
irreconciliables, que es impotente para conjurar. Pero a fin de que estos
antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a
sí mismas y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario
un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar
el choque, a mantenerlo en los límites del «orden» (...)[51].
Según Sánchez[52], la idea sobre una sociedad divida por
antagonismos irreconciliables no es original de Marx, recorre obras del
pensamiento desde Maquiavelo, pasando por Hobbes hasta Hegel, que para él
confluyen en frases como «el hombre es el lobo del hombre» (Hobbes), o la tesis
de «la guerra de todos contra todos» (de Adam Smith y Hegel), las cuales
expresan ese antagonismo entre los humanos; pero la originalidad de Marx está
en observar en ello «el carácter de clase de las fuerzas en pugna» y que el
equilibrio y la solución de las contradicciones solo tienen, en apariencia, «un
carácter universal», o sea, por encima de intereses particulares de clase[53]. Entonces, el Estado representa una apariencia
«universal» que impide ver que el poder estatal favorece intereses particulares
de clase.
Mediando estas ideas, en el país se crearon
normas puntuales ligadas al Contrato de Exportación[54] de la fruta como el Certificado de Abono
Tributario[55] [subsidios
del Estado]; la Ley de Zonas Francas, que protege a las piñeras e incluye un
conjunto de exoneraciones fiscales que hacen más rentable la actividad para las
empresas, pero a su vez da menos tributos para el Estado. También, les protege
la Ley de Creación del programa de Reconversión Productiva del sector
agropecuario (Ley No.7742), además de otro mecanismo, el Régimen de Admisión
Temporal[56] y el Régimen Devolutivo de Derechos[57].
Estas medidas
incentivaron la producción piñera en la zona atlántica y norte, un monocultivo
que requiere mucho territorio, altos volúmenes de insecticidas, pesticidas,
abonos y agua. Así, se fue destruyendo la naturaleza, saturando los suelos de
contaminantes y se inician procesos de infiltración al subsuelo, la
contaminación de aguas superficiales y subterráneas que, a su vez, condujo a la
contaminación de varios acueductos rurales de la zona atlántica[58].
Esto ha sido
documentado en varias investigaciones, una muy sistemática es la de Felipe
Alpízar[59], de alcance
nacional; esta destaca que entre el 2000 y 2010 se dieron 134 conflictos en el
país (Alpízar lo denomina «contiendas»), cuyo rasgo distintivo en esa década es
una «nueva sensibilidad comunal y ciudadana» y las dos formas de conflictividad
son por «protección» y «acceso al agua potable»; este último indicador de
conflicto se presentó 47 veces, sumando todas las provincias del país, a
excepción de Heredia[60]. En la zona
atlántica, en cantones como Guácimo y Siquirres, predomina el conflicto por la
«protección».
Al respecto, una
lideresa comunal de Guácimo, entrevistada, comentó que, a partir del 2007 se
dieron bastantes luchas en ese cantón por la protección del agua, donde la:
fuente de contaminación son las piñeras (…) en la
bajura tenemos problemas (…) toda la parte de la bajura son pozos contaminados
(…) Y como son varios pueblos, está Santa María, está la Lucha, está el Limbo,
Pueblo Nuevo, Los Ángeles, Santa Rosa, está Carambola; entonces todos esos
pueblos son afectados. Podríamos hablar de más de cinco mil personas, fácil[61].
Otro trabajo, del
cual Alpízar[62] es compilador,
titulado: Agua y poder en Costa Rica 1980-2017, plantea que, de 441
«acciones colectivas», en 363 de ellas los principales actores por el agua
fueron los «vecinos» (82,3 %), «grupos ambientales» (8,6 %) y, en tercer lugar,
los «trabajadores» (2,9 %), entre otros actores[63].
Destacan los
«vecinos» como actor, que en el caso de Guácimo y Siquirres, ha sido muy beligerante
y diverso en formas de organización popular; cualitativamente significa que la
lucha por el agua está vinculada sensiblemente a la vida cotidiana de las
familias. Esto permitió una articulación mayor que dio inicio a un «movimiento
socio-ambiental contra la expansión piñera», donde aparece el Foro Emaús y
después el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera
(FRENASAPP), que sirvieron para visibilizar «la problemática socioambiental»
causada por la piña[64].
En la zona norte, el
conflicto tiene algunos rasgos peculiares entre piñeras, comunidades,
actividades productivas tradicionales y Estado; luego de que una investigación,
que incluyó un análisis espacial con imágenes satelitales en el 2017, se
«encontró 3824 hectáreas de cultivo de piña en Áreas Silvestres Protegidas y 16
385 en humedales»[65].
Este dato, refuerza
la opinión de un líder de la ASADA de Pavón de Los Chiles ante la situación del
humedal Caño Negro, reservorio de agua que abastece la comunidad por medio de
pozos, el cual, algunos estudios de la UCR y la Universidad Nacional, luego de
algunas pruebas de laboratorio, detectó
que «tres ríos salieron contaminados»; entonces:
(…) hay una situación que tenemos que entender
verdad, nosotros dependemos de la Laguna Caño Negro, ese es el eje central, es
una cabecera de ríos […] que le da sostén a un montón de ríos verdad, los
humedales y todo eso». Comenta que, por medio de la Unión de Asadas, han
obtenido apoyo para cuidar el agua «porque la preocupación de algunos habitantes
del cantón de Los Chiles es la contaminación que se ha venido dando de las
empresas[66].
En este conflicto de
«intereses» entre diversos actores, hay ganadores y perdedores; estos últimos
han activado varias formas de lucha, desde denuncias institucionales, misivas
de peticiones, involucrando y haciendo presión a la municipalidad del cantón
(Los Chiles), como fue la lucha por imponer una moratoria a las empresas para
no sembrar piña durante varios años; visitas y diálogos con autoridades de instituciones
estatales para poner en regla a las empresas que irrespetan las leyes
ambientales e inspecciones a ríos; incluso una caminata a la Casa Presidencial
de Costa Rica durante el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018). En la
zona atlántica, se llevó el caso de la contaminación de los acueductos de El
Cairo y Milano de Siquirres, hasta la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, con sede en Washington, luego de varios años de que el agua de consumo
humano fuera contaminada con agroquímicos.
Entre una variedad de
luchas de ASADAS, comunidades, vecinos, pequeños y medianos productores,
indígenas, organizaciones sociales, políticas, ambientales y culturales, en
varias zonas geográficas, imbricadas al accionar de un «sujeto colectivo» de
movimientos sociales, regionales y nacionales, tales como el ecofeminista,
ambientalista, indígena, sindical, estudiantil y académico de universidades
públicas, articulado en forma de red al territorio y que conlleva, de una
parte, a la «autoconstrucción» de subjetividades, y por la
otra, a «determinaciones objetivas en términos de relaciones sociales» e incluyen «relaciones de producción»[67]; que refieren a una
lucha con presencia de actores sociales con identidades y «origen social»
diverso, convocados, en este caso, por la asimetría en las relaciones de
poder desigual por acceso al agua frente a los actores empresariales e
institucionales.
Implica una lucha
«heterogénea» y en distintos niveles (comunitario, socio-ambiental, económico,
jurídico, político y hasta cultural), como lógicas contestarias con intereses
diversos y adscripciones clasistas por acceder a una justa redistribución de la
renta nacional;las cuales, siguiendo al último Poulantzas, son luchas que tienden «a la modificación de
las relaciones de fuerzas en el mismo terreno del Estado»[68].
La «naturaleza de clase del poder político»
Sánchez[69] plantea, asimismo, que el poder político o
estatal «no tiene un carácter universal como cree sobre todo Hegel sino
particular, de clase». Pero «¿De qué clase?» se pregunta el autor, «De la clase
dominante»; es decir, para Marx, el poder del Estado no es para administrar o
velar por el interés de toda la sociedad sino «por el de una parte o clase
social de ella». Por eso, «la naturaleza del poder reside en su vinculación con
la clase a la que sirve administrando sus intereses o “negocios” comunes. No
reside, por tanto, en el personal gobernante o los administradores que lo
ejercen directamente»[70].
Queda claro que el poder no reside en los que
gobiernan o quienes administran directamente las relaciones de poder entre las
instituciones del Estado. De ahí que también es un espejismo o, dicho en
términos clásicos, una postura «reaccionaria» el imaginar este Estado como un
ente externo, por encima de todos, que está preocupado y velando por el
«interés general» de todas las clases, incluidas las clases subalternas.
Además, en esta perspectiva analítica, Sánchez[71] plantea que la:
dominación
política está destinada a mantener y reproducir las condiciones generales en
que se lleva a cabo su explotación económica, es decir, las relaciones
capitalistas de producción (...) [por lo que] no puede darse una contradicción
de fondo entre el poder político y la estructura económico social
correspondiente […] la clase que, desde el poder, domina políticamente, no
puede volverse contra la dominación económica que ejerce por el lugar que ocupa
en las relaciones de producción[72].
La clase que domina políticamente el Estado es
coherente con la dominación que se da en las relaciones sociales de producción
en campos piñeros; no hacerlo, sería ir contra su lógica de clase dominante para
asegurar la reproducción del capitalismo en la periferia; aunque, como se ha
dicho, siguiendo ciertas prácticas no capitalistas que no impide su proceso de
acumulación y dominación política.
Relaciones de poder y
recurso hídrico: una aproximación empírica
La noción de poder aplicado a las indagaciones
empíricas del estudio se resume en tres vías específicas detectadas:
a. Su capacidad para influir la estructura
política del Poder Legislativo y en la racionalidad jurídica-administrativa de
instituciones del Estado costarricense vinculadas al sector agrícola;
particularmente las municipalidades, que otorgan los permisos de explotación en
extensos territorios rurales para cosechar la fruta.
Además, otras instituciones estatales a las que
acuden las empresas para obtener concesiones sobre acceso al recurso hídrico
como la Dirección de Aguas (del MINAE), el Instituto Costarricense de
Electricidad y el Ministerio de Agricultura y Ganadería para regular la
actividad agrícola. Del lado de los afectados, este poder institucional no se
asume pasivamente; al contrario, es resistido con diversas formas de
organización y activismo comunitario de vecinos, organizaciones sociales y
ambientales; o sea, desde posiciones subalternas de la estructura social. Aquí
se trasluce el significado del «poder como relación social» de lucha al incidir
en el Estado. Como se ilustra a continuación:
(…)
la investigación en Guácimo, Limón, revela cómo el pobre actuar de las
instituciones gubernamentales, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) al regular actividades agrícolas tales como el cultivo de la
piña, desencadena una lucha socioambiental que termina por exigir a la
municipalidad aplicar regulaciones locales[73].
En Guácimo, comunidades organizadas han dado
grandes luchas. Destaca la resistencia contra el Proyecto Hidroeléctrico Hidroverde, de capital estadounidense, según informantes de
la zona[74], que pretendía encauzar varios ríos. Esta
lucha es intensa en acciones y formas de organización entre el 2000 y el 2001;
en este periodo hubo muchas protestas de organizaciones ambientales, comunales
y fuerzas vivas, incluidos estudiantes de secundaria quienes, en medio de la
efervescencia social, decidieron tomarse las instalaciones de la municipalidad
durante dos días.
Esto ilustra las relaciones de poder
subalternas hacia las instituciones estatales que apoyaban el proyecto,
incluida la municipalidad de Guácimo que «había aprobado todos los permisos»;
como lo dijo una lideresa: «Fue tan serio que este cantón tuvo que trabajar más
de un año explicando barrio por barrio por qué había que sacar a la
hidroeléctrica y tuvimos que llegar a un plebiscito…»[75]. Este fue impulsado y ganado por las
comunidades.
b. Su capacidad de relaciones («poder social»)
de influencia y de «fuerza» para imponerse sobre otras fracciones de clase más
débiles, desplazándolas en cuanto a su importancia productiva[76], sea porque estas dedican su producción al
mercado local (y este mercado ya no es prioritario) o bien porque su capacidad
de relaciones sociales en las estructuras del poder institucional donde se
deciden estos negocios son escazas, dada su condición asimétrica de clase. En
las municipalidades, el «juego» de poder es determinante, pues allí se deciden
las concesiones sobre el uso que se le dará al suelo y, por ende, al agua.
También se aprecia en el poder de otras
instituciones, cuya discrepancia denuncia el «divorcio entre lo que las
comunidades creen» que es disponibilidad del agua y lo que creen los altos
«funcionarios» de acueductos y los mismos
desarrolladores;
entonces un desarrollador se va a acueductos (…) donde los mandos más altos y
les presentan [un documento] (…) y le ponen, hay disponibilidad hídrica, y
resulta que con eso van allá a todos lados y les dan los permisos (…) la
disponibilidad dice una cosa [pero] entre los mismos funcionarios de AyA tienen la confusión[77].
c. Es lo que un entrevistado denomina «el
desarrollo informal de muchos empresarios» en las zonas piñeras, donde lo
«informal» alude a empresas dedicadas a este monocultivo, pero que no cuentan
con los respectivos permisos de la Secretaría Técnica Nacional (SETENA)[78], los permisos municipales de ubicación, el
visto bueno del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), los permisos
de la Dirección de Aguas. Conste que «desde el punto de vista del monocultivo
(…) la problemática número uno es el desarrollo informal de muchos
empresarios». Con respecto a la municipalidad de Los Chiles, comenta que se
trabaja para poner en regla a dichos empresarios[79].
Un elemento coadyuvante con dicho desarrollo
informal es la ausencia de un Plan Regulador para el cantón de Los Chiles; sin
esta herramienta de planificación se dificulta la regulación del territorio al gobierno
local, que emite:
un
uso del suelo de ubicación, donde indica dónde está la propiedad y qué hay en
la propiedad (…) para ver si se puede o no desarrollar equis proyecto, obra o
construcción. En este caso el permiso de ubicación ha ido más allá, desde mi
punto de vista profesional para diferentes desarrollos, hay desarrollos que
requieren mayor rigidez y hay otros que no requieren tanta rigidez (…) [además]
aquí hay que tratar de convencerlos, alinearlos, informarlos verdad; es que se
hacen muchos mitos en la calle, y cuando se habla del Plan Regulador mucha
gente se quiere poner los guantes (…)[80].
Para las empresas que no están a derecho, el
plan regulador es inaceptable y lucharán para impedirlo desde el «poder social»
que ostentan. Pero ¿Cómo justificar la usurpación de 3824 hectáreas de cultivo
de piña en áreas silvestres protegidas, más las 16 385 hectáreas en humedales
que en el 2019 denunció el informe Estado de la Nación? En Guácimo, el Plan Regulador tiene de por
medio obstáculos políticos y no ha sido posible aprobarlo. Aquí persiste el
problema del agua contaminada por las piñeras, pero el panorama se ha
complejizado con otros actores empresariales que ponen la mirada en los
desarrollos de vivienda privados, más otras inversiones de la «economía
subterránea», ligada al narcotráfico, que preocupa a algunos de los
informantes.
Estas inversiones aumentan el desafío a las
comunidades para evitar la contaminación del agua en proyectos que piensan
ubicarse donde están las fuentes de agua, relacionado a un nuevo proceso de
pérdida de bosque en la parte alta de Guápiles y Guácimo, por una «tala
hormiga» mediante una estrategia de destrucción de bosque «de adentro hacia
afuera» con propósitos económicos inciertos.
Conclusiones
El análisis del conjunto de medidas económicas
y jurídico-políticas estructurales que tomó el Estado costarricense en décadas
pasadas, demuestra que estas favorecieron a la clase dominante,
específicamente, su fracción exportadora de productos «no tradicionales»; las
cuales, siguiendo a Therborn[81], da cuenta de la naturaleza clasista del
Estado costarricense.
Tales medidas posibilitaron el auge de la
producción piñera en el país: que al ser dominante en la zona atlántica y
norte, sumado a las malas prácticas productivas, degeneró en procesos
sostenidos de contaminación del agua comprobados por estudios de laboratorios
de las universidades públicas. Tal escenario, abrió un conflicto
socio-ambiental igualmente sostenido con momentos de auge y reflujo en su
accionar, pero que ha persistido hasta el presente como conflicto en alguno de
sus niveles y formas de lucha.
Aparece, así, un nuevo «sujeto colectivo»
diverso y «heterogéneo», que se mueve y lucha desde posiciones de poder
subalterno, en medio de las contingencias que el capital impone en dichas zonas
y se manifiesta de dos formas: una, a través de la típica lucha capital-trabajo
que muchos creen inexistente; la otra, desde una diversidad de sujetos
(incluido el comunal) con identidades propias, que los convoca, tanto la sensibilidad
por el cuido de la naturaleza incluida el agua, como su capacidad de
resistencia frente al poder dominante de empresas e instituciones del Estado,
creando una «tensión» que modifica, en cierta dirección, las relaciones de
fuerza y poder en el mismo Estado.
Formato de citación según APA
Bonilla-Bonilla, L. (2020). El conflicto social por el acceso al agua: poder y
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Formato de citación según Chicago-Deusto
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* Doctorado en Estudios Latinoamericanos con énfasis en
Pensamiento Latinoamericano, de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA),
Costa Rica. Bachiller y licenciado en Sociología, de la UNA. Profesor de la
Escuela de Administración, de la UNA, Costa Rica. Profesor e investigador de la
Cátedra de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades,
Universidad Estatal a Distancia, de Costa Rica. Correo: luvibon9@gmail.com
[1] Stephen John Taylor y Bogdan,
Robert, Introducción a los métodos
cualitativos de investigación (Buenos Aires: PAIDOS, 1987).
[2] Stephen John Taylor y Bogdan,
Robert, Introducción a los… , 108.
[3] Stephen John Taylor y Bogdan,
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[4] Franz Josef Hinkelammert,
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[5] Franz Josef Hinkelammert,
El grito del…
[6] Franz Josef Hinkelammert,
El grito del…, 79.
[7] Jacobo de la Corte Carmona, Schumpeter y la
destrucción creativa de instituciones por los innovadores (Madrid: Universidad
Pontificia Comillas, 2015), 8.
[8] Al respecto, una
publicación en el Semanario Universidad, sobre una
investigación realizada sobre el tema comenta: Entre 1991 y 2014, la piña
aumentó su productividad en un 91%, pasando de producir 29 toneladas de fruta
por hectárea a 56 toneladas (Rodríguez,
2015). Este aumento no necesariamente tiene que ver con
una mejora tecnológica…aunque sí puede estar relacionado con el mejoramiento de
insumos…fertilizantes, herbicidas…tiene también que ver con un alza en la
intensidad del trabajo manual –que continúa siendo prioritario—,un aumento de
horas en las jornadas laborales –aunque no en el promedio de trabajadores (Marylaura Acuña y Mauricio Álvarez, Situación laboral y
ambiental de las piñeras en la zona norte, Programa Kioscos Ambientales,
UCR, 5 de febrero del 2019).
[9] Rosa Luxemburgo, La acumulación de capital (S. d.: Ediciones Sedov
Germinal, 1913).
[10] Rosa
Luxemburgo, La acumulación… 179.
[11] Marylaura Acuña Alvarado y Álvarez Mauricio,
s. f. «Situación laboral y ambiental de la piñeras [sic.] en la Zona Norte»,
Kioscos ambientales, acceso: 19 de octubre, 2020, https://kioscosambientales.ucr.ac.cr/opinion/46-opinion/1673-situaci%C3%B3n-laboral-y-ambiental-de-la-pi%C3%B1eras-en-la-zona-norte.html
[12] Armando Bartra, El hombre de hierro. Los límites sociales y naturales
del capital. Ciudad de México: UNAM, 2008, 121.
[13] André Gunder Frank, Lumpenburguesía: lumpendesarrollo.
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[14] André Gunder Frank, Lumpenburguesía…
[15] Franz Josef Hinkelammert,
El grito del…, 271-311.
[16] Franz Josef Hinkelammert,
El grito del…, 151-153.
[17] Luis Paulino Vargas Solís, «El proyecto
histórico neoliberal en Costa Rica (1948-2015): devenir histórico y crisis». Revista Rupturas 6, n.°
1 (2016).
[18] Luis Paulino Vargas Solís, «El proyecto…,
149-150.
[19] Se refiere a los Incentivos
para las exportaciones. Los beneficios que en adelante se establecen se podrán
conceder por un período máximo de doce años, a partir del período fiscal del
impuesto sobre la renta Nº 84, a las exportaciones no
tradicionales a terceros mercados. Se entenderá por «exportaciones no tradicionales» y «terceros mercados» los
que determine el reglamento que al efecto emita el Poder Ejecutivo por medio
del Ministerio de Comercio Exterior… Artículo 65. Ley del Impuesto sobre la
Renta, No. 7092.
[20] Blanco, 2015, 9.
[21] César Zúñiga Ramírez, «Reforma del Estado en
Costa Rica y transformaciones institucionales durante la administración Arias
Sánchez (1986-1990)», Revista de Ciencias Sociales 81 (1998), 22.
[22] Ley N° 6955, de 24
de febrero de 1984, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público (La
Gaceta N° 45 del 2 de marzo de 1984).
[23] Jorge Rovira Mas, Costa Rica en los años 80 (San José, Editorial Porvenir, 1988).
[24] Jorge Rovira Mas, Costa Rica…, 84-85.
[25] Luis Paulino Vargas Solís, «El proyecto…
[26] Aravena, 2005.
[27] Karina Valverde Salas, Porras Montero, Mariana
y Jiménez Corrales Andrés, «La expansión por omisión: Territorios piñeros en
los cantones Los Chiles, Upala y Guatuso, Costa Rica (2004-2015)» (Vigésimosegundo Informe Estado de la Nación en Desarrollo
Humano Sostenible, 2018), 8.
[28] Gilberto Tobón Sanín, «La obra de Nicos Paulantzas y la teoría marxista del derecho y la política»,
Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo
3, n.° 1 (2011): 36-58.
Para comprender
el marxismo de Poulantzas hay que considerar las tres
etapas de su pensamiento; la primera, es de influencia «fenomenológica Husserliana» y la «teoría existencialista-marxista de
Sartre» (Crítica de la razón dialéctica) pero en búsqueda del análisis
marxista del fenómeno «jurídico-político» del capitalismo. La segunda, es la
etapa del «marxismo-estructuralista» con influencia de Althusser, donde el
concepto de «estructura» es la clave de esta «escuela metodológica» de los años
70, la obra que mejor expresa esta postura es Clases sociales y poder
político en el Estado capitalista. La tercera, está signada por el
agotamiento del llamado «marxismo ortodoxo» y la crisis del «socialismo real»,
ante lo cual Poulantzas rompe con el «marxismo
ortodoxo» y dogmático e impulsó la teoría de un «marxismo heterodoxo» donde el
Estado es entendido como «una condensación de una relación de fuerzas» atravesado
por la lucha de clases, pero incluye a un amplio movimiento social: feminismo,
ecologismo, etc.». La obra que resume esta nueva postura teórica es Estado,
poder y socialismo.
[29] Gilberto Tobón Sanín, «La obra de Nicos…, 57.
[30] Nicos Poulantzas, Estado, poder y socialismo (Ciudad de
México: Siglo XXI Editores, 1987).
[31] Nicos Poulantzas, Estado…, 177.
[32] Luis Paulino Vargas Solís, «El proyecto…
[33] Nicos Poulantzas, Estado…
[34] Goran Therborn, ¿Cómo domina la clase dominante? Aparatos de Estado y poder estatal en
el feudalismo, el capitalismo y el socialismo (Ciudad de México: Editorial
Siglo XXI, 1987).
[35] Goran Therborn, ¿Cómo domina…, 171.
[36] Luis Paulino Vargas Solís, «El proyecto…
[37] Goran Therborn, ¿Cómo domina…, 190.
[38] Francisco Esquivel, «Costa Rica, de la crisis
económica al ajuste estructural conservador», en Crisis Económica y ajuste estructural (San José: EUNED, 2007), 143.
[39] César Zúñiga Ramírez, «Reforma…
[40] Luis Paulino Vargas Solís, «El proyecto…
[41] Nicos Poulantzas, Estado…
[42] Goran Therborn, ¿Cómo domina…
[43] Goran Therborn, ¿Cómo domina…
[44] Goran Therborn, ¿Cómo domina…, 171.
[45] Goran Therborn, ¿Cómo domina…, 172.
[46] Marylaura Acuña
Alvarado y Álvarez, Mauricio, s. f. «Situación laboral…
[47] Marylaura Acuña Alvarado y Alvarez Mauricio, s.f., «Situación laboral…, 1.
[48] Socialismo Hoy, «Piñeras: Tres huelgas en menos de una semana en Zona
Norte», 18 de enero de 2019, http://socialismohoy.com/pineras-3-huelgas-menos-semana-zona-norte/
[49] Vinicio Chacón , «Trabajadores de la piña viven clima de explotación
laboral», Semanario Universidad, 23 de marzo de 2016, acceso: 19 de octubre,
2020, https://semanariouniversidad.com/pais/trabajadores-la-pina-viven-clima-explotacion-laboral/
[50] Karla Rebeca Avendaño Hernández, Ramírez Mora,
Karla Patricia y Segura Hernández Ana Gabriela, «Más allá del trabajo
asalariado: Implicaciones sociales en el uso del tiempo no remunerado de
trabajadores y trabajadores vinculados al monocultivo de piña en la comunidad de Pital
de San Carlos en los años 2012-2013», (Seminario de graduación para optar por
el grado de licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, 2014),
149, http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tfglic-sr/tfg-l-sr-2014-03.pdf
[51] Adolfo Sánchez Vázquez, «La cuestión del poder en Marx», Marxismo
Crítico, 2011, 7, acceso: 19 de octubre, 2020, https://marxismocritico.files.wordpress.com/2011/10/la_cuestion_del_poder_en_marx.pdf
[52] Adolfo Sánchez Vázquez, «La cuestión…
[53] Adolfo Sánchez Vázquez, «La cuestión…, 7-8.
[54] Ley 7092, del 21 de abril de 1988, Ley del
Impuesto sobre la Renta (La Gaceta N° 96 del 19 de
mayo de 1988), Artículo 66. Se crean los contratos de exportación y de
producción para la exportación, como los instrumentos para conceder ventajas y
beneficios a las empresas exportadoras de productos no tradicionales no
amparadas a tratados de libre comercio, y a las empresas productoras
contempladas en el párrafo final del artículo anterior, tales como: a) tarifas
portuarias especiales, b) simplificación de procedimientos y trámites, c)
créditos bancarios con tasas de interés y plazos de pagos preferenciales.
[55] Ley 7092, del 21 de abril de 1988, Ley del
Impuesto…
Artículo 66-c.
Los Certificados de Abono Tributario (CAT) serán
títulos al portador, libremente negociables y no devengarán intereses. Estos
Certificados serán emitidos por el Banco Central de Costa Rica, en moneda
nacional y servirán para el pago de los impuestos directos o indirectos cuya
recaudación corresponda al Banco Central como cajero del Estado. La solicitud
de emisión deberá ser presentada al Centro para la Promoción de las
Exportaciones y las Inversiones (***), acompañada de los documentos que al
efecto determine el Reglamento de esta Ley, dentro de un plazo máximo de
veinticuatro meses contados a partir del reintegro de las divisas. Una vez
analizada la documentación presentada, el Centro (***) recomendará, al Banco
Central de Costa Rica, las condiciones de emisión de los Certificados. Para
efecto del pago de impuestos, estos Certificados podrán utilizarse, después de
dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de su emisión…
[56] Ley 7092, del 21 de abril de 1988, Ley del
Impuesto (…) El régimen de admisión temporal
(Artículo 69). «Se establece un régimen de admisión temporal, mediante el cual
se permitirá recibir, dentro del territorio aduanero, con suspensión de toda
clase de tributos, las mercancías destinadas al exterior, después de haber sido
sometidas a procesos de reparación, reconstrucción, montaje, ensamblaje,
incorporación a conjuntos o aparatos de mayor complejidad tecnológica y
funcional, o a uso en equipos de transporte y otros fines».
[57] Alexa Obando Sánchez, «El Estado detrás de la
piña: El desarrollo de los monocultivos de exportación en la Región Huetar
Norte de Costa Rica» (Noveno congreso latinoamericano de ciencia política, 26
de julio de 2017), 11. El Régimen devolutivo de derechos (Artículo 190) «es el
régimen aduanero que permite la devolución de las sumas efectivamente pagadas o
depositadas a favor del Fisco por concepto de tributos, como consecuencia de la
importación definitiva de insumos, envases o embalajes incorporados a productos
de exportación…siempre [que esta] se realice dentro del plazo de doce meses
contado a partir de la importación de esas mercancías» (91). Como vemos, una
regalía más que brinda el Estado (de clase) a los exportadores de piña. Véase:
Ley General de Aduanas y su Reglamento (2017). Imprenta Nacional, Editorial
Digital. Disponible en: www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/textos%20jurídicos/ley_aduanas_y_reglamento_pdf
[58] Esteban Acosta Pereira, «La producción piñera
en Costa Rica: un análisis integral de sus implicaciones en el cantón de
Guácimo, Limón» (Proyecto de graduación para obtener título de Ingeniero
Agrónomo, con el grado académico de licenciatura en Ciencias Agrícolas,
Universidad EARTH, 2008), 27.
[59] Felipe Alpízar Rodríguez, Poder y participación política en la gestión del agua en Costa Rica
(San José: Editorial Arlekín, 2014).
[60] Felipe Alpízar Rodríguez, Poder y participación…, 220.
[61] Blanca Mejía Molina, comunicación personal,
febrero del 2018.
[62] Felipe Alpízar Rodríguez, editor, Agua y poder en Costa Rica 1980-2017
(San José: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Vicerrectoría de
Investigación, Universidad de Costa Rica, 2019).
[63] Felipe Alpízar Rodríguez, Agua y poder…, 33.
[64] Gloriana Martínez Sánchez, «La piña
nos contaminó el agua: Mujer trabajo y vida cotidiana en comunidades afectadas
por la expansión piñera en Costa Rica», Revista Latinoamericana de Geografía 10, n.°
2 (2019): 7.
[65] Resumen Estado de La Nación (2019), 50.
[66] Gerardo Barva, comunicación personal, miembro
de la ASADA Pavón de Los Chiles, enero del 2018.
[67] Acosta, Yamandú, «Las
nuevas referencias del pensamiento crítico en América Latina. Ética y
ampliación de la sociedad civil»,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la
República, Montevideo, Uruguay. 2003, 75.
[68] Nicos Poulantzas, Estado…
[69] Adolfo Sánchez Vázquez, «La cuestión…
[70] Adolfo Sánchez Vázquez, «La cuestión…, 8.
[71] Adolfo Sánchez Vázquez, «La cuestión…
[72] Adolfo Sánchez Vázquez, «La cuestión…, 8.
[73] Gabriela Cuadrado Quesada, «Gobernanza de
aguas subterráneas, conflictos socio-ambientales y alternativas: Experiencias
de Costa Rica», Anuario de Estudios
Centroamericanos 43 (2017), 395.
[74] Erlinda Quesada, comunicación personal,
febrero del 2018.
[75] Erlinda Quesada, comunicación personal,
febrero del 2018.
[76] Karina Valverde Salas, Porras Montero, Mariana
y Jiménez Corrales Andrés, «La expansión … 5. «Lo anterior es potenciado por la
firma y entrada en vigencia de Tratados de Libre Comercio (TLC) que incentivan
un mercado libre de exportación, que ha conducido a un proceso de reconversión
agrícola en la Zona Norte-norte, donde se pasó de una producción de granos
básicos y ganadería, a una producción en forma de monocultivos, de commodities o
«productos postre» para la exportación (principalmente piña y naranja).
[77] Eladio Retana, comunicación personal,
Municipalidad de Guácimo, febrero del 2018.
[78] Marylaura Acuña
Alvarado y Álvarez Mauricio, s. f. «Situación laboral…
«Entre 2004 y
2015…El
análisis de los expedientes de la Setena y del trabajo de campo en cantones de
esta región (Upala, Los Chiles y Guatuso), concluyó que: i) algunas de las
empresas que siembran y procesan piña no cuentan con licencias de viabilidad
ambiental, ii) la Setena carece de mecanismos para
dar seguimiento en el mediano y largo plazo a los proyectos que sí cuentan con
esa autorización…».
[79] Harold Vargas, comunicación personal,
coordinador de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Los Chiles, febrero
del 2018.
[80] Marylaura Acuña Alvarado
y Álvarez, Mauricio, s. f. «Situación laboral…
[81] Goran Therborn, ¿Cómo domina…