(untitled) (UNED Research Journal, 2019)
La democracia se mide por el grado de participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisión, no sólo aquellos que son procedimentales, sino en los que se requiere la acción propia de las personas. A pesar de la importancia de los procesos participativos, así como la dedicación de tiempo y recursos económicos que brindan los Estados a la formulación de política pública relacionada a la atención del cambio climático, en muchas poblaciones latinoamericanas, estas perciben que los procesos no son aptos, suficientes o eficientes. Si bien es cierto que, desde el Gobierno, deben promoverse estos espacios y ejecutarse acciones que fortalezcan las habilidades ciudadanas, así como las capacidades institucionales y el cuerpo normativo para lograr procesos participativos de peso, como ciudadanía debemos cuestionarnos si realmente estamos demandando estos espacios de la mejor manera y en los casos donde existen, si estamos haciendo un uso correcto, provechoso y estratégico. La información, la emisión de criterios asertivos y la intervención activa, son niveles de participación que idealmente siempre deberían estar presentes, fortaleciendo tanto las estructuras, como el accionar para la gobernanza, en búsqueda del bien común. Las formas más evolucionadas de solución de conflictos deben tener claro que la democracia no es igual a la unanimidad, y que estos procesos más bien buscan puntos en común dentro del pluralismo. Un debilitamiento en los procesos participativos puede provocar un debilitamiento de la democracia, un mal manejo de los bienes y servicios públicos, y por ende la “privatización del Estado”. Esto implica que, como ciudadanía debemos aprender a informarnos, a tener claros nuestros intereses, a dialogar y negociar en búsqueda de acuerdos, y a considerar, por tanto, a las diversidades de opiniones en el proceso.